DUROS CUESTIONAMIENTOS CONTRA LOS JEFES POLICIALES DESIGNADOS

El Foro Memoria y Sociedad -organización en defensa de los derechos humanos, reconocida por su denuncia de casos de gatillo fácil en territorio santafesino- criticó duramente las designaciones en la conducción policial: a Leyla Perazzo como jefa de policía por su pasado en la Policía de Menores; a su segundo, el comisario Jorge Pallavidini, “por haber proclamado la Tolerancia Cero como jefe de la UR I de Santa Fe en la anterior gobernación de Jorge Obeid”. Y finalmente al jefe de la Policía rosarina José Manuel Maldonado, por haber sido quien apoyara con su firma una denuncia contra “Pocho” Lepratti, por “resistencia a la autoridad”. “Las tres designaciones de Obeid en el área de seguridad confirman la elección de personas vinculadas a la represión del proceso militar y también a la violencia policial que se ha mantenido en los períodos constitucionales. Y por las actitudes que cada uno de ellos produjo en distintos momentos de nuestro pasado, permite suponer que la seguridad de las personas de esta provincia está hoy en manos emparentadas directamente con las que Carlos Reutemann eligió para sostener su régimen y mandato a sangre y fuego”, señaló Rubén Naranjo.

Para Naranjo, el antecedente inmediato fue “la designación de Enrique Alvarez, funcionario del proceso militar desde el cargo que ocupó en la SIDE, quien potenció la acción represiva a los cuerpos policiales. Durante la gestión de Reutemann‑Alvarez se produjeron 77 casos de gatillo fácil, incluyendo a las siete producidas en Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez en diciembre de 2001, y que no merecieron ninguna atención por parte del poder político provincial”, señaló el militante de DDHH.

En este sentido Naranjo aportó un elemento de valoración sobre la acción de la actual jefa policial, y antes responsable de la Dirección de Asuntos Internos, ya que “se desconoce que los organismos internos de la policía hayan adoptado medida alguna contra los efectivos que accionaron los gatillos. Todos sus jefes operativos mantuvieron sus funciones y fueron exculpados por la justicia”.

Ahora bien, “el nuevo tiempo político ha producido expectativas válidas teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo Nacional ha diseñado políticas distintas a la de los gobiernos precedentes, a las cuales el nuevo mandatario provincial dice adherir una y otra vez en declaraciones públicas”. Pero aclara, “sólo se trata de declaraciones porque las expectativas se desmoronaron en forma inmediata ya que las designaciones realizadas por Obeid en el área de seguridad confirman la elección de personas vinculadas a la represión del proceso militar y también a la violencia policial que se ha mantenido en los períodos constitucionales”.

Para Naranjo “las palabras de Leyla Perazzo, designada como Jefe de Policía, confirman las acusaciones que desde distintos organismos de derechos humanos se hicieron en su contra, y más aún la muestran como funcional al genocidio” En este sentido recordó que Perazzo había señalado que ‘la Policía de Menores era preventiva, recibía a todos los chicos desamparados y abandonados’, estableciendo una analogía absoluta entre los chicos desamparados y abandonados que la Policía de Menores debía atender y los pequeños niños y bebés que llegaban a dependencias policiales porque sus padres habían sido secuestrados o asesinados por la Policía que integraba Perazzo. Esta es una declaración descalificadora ya que esta mujer policía no puede desconocer por su condición de abogada y por lo tanto supuestamente sabedora de las normas vigentes de protección que el Estado argentino ha sancionado en diferentes oportunidades, la situación de los niños cuyas vidas estaban signadas por el riesgo social, y la de los niños víctimas del accionar de las fuerzas policiales y militares”, sentenció el militante rosarino.

Y explicó que “un chico desamparado, un chico abandonado siempre fue ‑y es‑ una trágica realidad porque refiere a situaciones familiares muy dramáticas, no siempre de simple resolución y que por eso merece del Estado toda la preocupación posible. Los hijos de padres fusilados no responden a aquella realidad. No conocieron el abandono ni el desamparo sino la muerte violenta de sus padres y con ello la temprana comprensión de la barbarie. No nos referimos a diferencias formales. Estamos reflexionando desde lo más profundo de nuestra condición humana, acerca de víctimas inocentes, como fueron los niños de padres ajusticiados”, indicó Naranjo.

Con respecto al segundo de Perazzo en la fuerza, Jorge Pallavidini, recordó que era jefe de la UR I cuando el 20 de julio de 1999 en Santa Fe, el policía Jorge Pablo Silva, desde un móvil asesinó, mediante un balazo en la nuca, al adolescente Diego Acosta, en el barrio de Barranquitas Oeste. “Ese día y refiriéndose a este hecho Pallavidini anunció la muerte de un delincuente de 15 años en un enfrentamiento y comunicó que desde ese momento tenía vigencia la Tolerancia Cero. El texto oficial -recordó Naranjo- fue publicado por El Litoral dos dias después reseñando que “de la operativa implementada de saturación barrial, en toda la jurisdicción de la ciudad que se viene desarrollando desde hace tiempo y la puesta en funcionamiento de la comisaría móvil, que presta auxilio a otras dependencias de la Unidad Regional I, en las últimas veinticuatro horas, se ha llegado a lo deseado, es decir ‘Tolerancia Cero’ en mayúscula, resaltado y entrecomillado en el original”. Según Naranjo “el entonces Ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, desmintió la afirmación del jefe de Policía asegurando que “no existe nada que pueda encuadrarse de esa manera”.

Silva fue condenado a 8 años de cárcel por homicidio simple mientras Pallavidini fue sido designado segundo Jefe de la Policía por Obeid. Obviamente el gobernador conoce muy bien la actuación de este policía por cuanto el hecho que narramos transcurrió en su primer gobierno”, señalo Naranjo.

El último de los cuestionados es el jefe policial rosarino José Manuel Maldonado, quien en diciembre de 2001 era el Jefe de la Sección Judicial de la Policía y en tal condición presentó una denuncia contra Claudio Lepratti por ‘resistencia a la autoridad y daños calificados’ en sede judicial, cuando Claudio Lepratti ya había sido asesinado por la policía.