ECHAN A 303 POLICÍAS INVOLUCRADOS EN DELITOS Y MIL MÁS ESTÁN EN LA MIRA

El ministro de Seguridad, León Arslanián hundió el bisturí en la Policía bonaerense y resolvió expulsar a 303 oficiales y suboficiales involucrados en torturas, homicidios, abusos sexuales, asaltos, coimas, narcotráfico, lesiones, amenazas, usurpación, estafas e irregularidades administrativas graves.

La nueva purga en la mayor fuerza del país (45.000 hombres) alcanzó a 116 policías que hasta ayer estaban en actividad, y a otros 187 que permanecían en disponibilidad preventiva. Todos tenían pedidos de sanción por parte de Asuntos Internos y algunos incluso estaban condenados por el Tribunal de Etica, aunque con la pena en suspenso.

Arslanián anunció que estos relevos constituyen la primera etapa de una “depuración necesaria” y que se estudian otros 1.000 casos de policías que tienen sumarios por episodios graves algunos de ellos “vergonzosos”, según la definición del ministro.

“Hemos advertido situaciones escandalosas, como policías condenados hace más de 8 años por narcocriminalidad, que permanecen en disponibilidad preventiva”, aclaró el ministro. Los agentes en esta situación cobran el 50% del sueldo y no tienen un destino asignado.

La resolución firmada por Arslanián declara prescindibles a 206 suboficiales y a 97 oficiales. Esto quiere decir que a partir de la notificación, estos funcionarios pierden el estado policial, lo que no impide la continuidad de las investigaciones internas para determinar responsabilidades.

“Además, en todos los casos habrá —si es que no existe hasta ahora— una denuncia judicial”, explicó ayer el ministro en una rueda de prensa realizada en la Gobernación de La Plata.

En contraste con otros relevos de los últimos años, esta vez la mayoría de los involucrados son agentes de baja graduación. El 68% de los que fueron echados son suboficiales y fueron cuestionados por abuso de poder, irregularidades o delitos cometidos en la calle o en operativos policiales. Y los oficiales tienen imputaciones de malversación de fondos y de ocultamiento de los delitos de sus subordinados.

En el listado sólo figura un oficial superior que estaba a cargo de una seccional: es el comisario Raúl Omar Aguirre, jefe de la seccional 1ª de Tres de Febrero, involucrado en una amenaza al sargento Nahuel Suárez, quien había denunciado a sus superiores por recibir coimas a cambio de liberar narcotraficantes.

Arslanián mencionó algunos hechos que motivaron la drástica decisión: “Cinco policías responsables de detener a una pareja y torturarlos hasta matar a la mujer. Un grupo de agentes permitió la evasión de delincuentes y ejecutó a uno. Hay casos de gatillo fácil, de coimas para permitir el funcionamiento de prostíbulos y policías que falsificaban documentos de autos robados”.

En su segunda gestión como ministro de Seguridad, Arslanián esperó poco más de un mes para resolver la primera limpieza en la fuerza. Antes, logró la aprobación parlamentaria de la Ley de Emergencia que cubrió de legalidad a las expulsiones.

Los policías declarados prescindibles tienen dos alternativas: si las investigaciones administrativas ratifican su responsabilidad, serán exonerados, sin derecho a indemnización ni jubilación. Si el sumario los exime, podrán reclamar el resarcimiento. En cualquier caso, ya nunca podrán vestir el uniforme policial.

Esta semana, el ministro anunció un plan trienal que prevé la existencia de tres policías (la tradicional, la Buenos Aires II para el conurbano, y la municipal), la incorporación de 16.000 agentes y reformas en el sistema de evaluación y formación.

Además, a partir de 2007, en 95 distritos con menos de 70.000 habitantes, los comisarios serán elegidos por los foros de seguridad, es decir los vecinos.

El proceso de cambio y reestructuración de la Policía incluye los sistemas de control interno. “El actual sistema es ineficaz y contradictorio”, explicó a Clarín el subsecretario de Seguridad, Marín Arias Duval. “Tuvimos casos de policías con sanciones que siguen en funciones y sumarios que se extienden por más de cuatro años sin resolución”, dijo.

Entre las reformas anunciadas está la posibilidad de disponer auditorías dirigidas por ex jefes de Gendarmería y Prefectura.