ECHARON EL JEFE DE LA POLICÍA FEDERAL

Eran las cinco de la mañana en Lyon, Francia, cuando el comisario general Roberto Giacomino atendió el teléfono. Por la hora, no podían ser buenas noticias, precisamente.

Y no lo eran. La voz en el auricular llegaba desde el otro lado del Atlántico, de Buenos Aires, donde apenas comenzaba el día de ayer: era el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, que le ordenaba regresar de inmediato a la Argentina, pues la misión oficial que cumplía en la sede central de Interpol quedaba sin efecto, pues dejaba de ser, desde ese preciso instante, el jefe de la Policía Federal, por orden del mismísimo presidente, Néstor Kirchner.

La explicación fue muy precisa: se había descubierto que, dos días después de la asunción del nuevo gobierno, Giacomino había firmado un escandaloso contrato de dos millones de pesos, para proveer de elementos informáticos al Complejo Médico-Policial Churruca-Visca, con empresas que pertenecían a familiares suyos. Calificadas fuentes de Gobierno confiaron a LA NACION que el hasta ese momento jefe no negó los cargos: dijo que asumía la responsabilidad y que regresaría.

Se cortó un sueño

Al cortar, Giacomino se convirtió en el primer jefe de la Policía Federal relevado por un caso de corrupción, que podría conducirlo a la exoneración de la fuerza, previo sumario administrativo, que correrá por cuerda a la causa judicial que impulsa el propio gobierno. Al cortar, también, se acabó para él no sólo la carrera, sino el sueño con el que llegó a Lyon: el de transformarse en integrante del comité ejecutivo de la Interpol.

También perdió su puesto el superintendente de Bienestar de la Federal, Raúl Pigretti, de quien depende el Churruca-Visca. La información sobre la eventual defraudación a la administración pública ya fue girada a la Oficina Anticorrupción, que entre hoy y el lunes haría la denuncia penal del caso.

La investigación que provocó la caída de Giacomino, ocurrida a un mes y medio de que el jefe de la policía más numerosa de la Argentina, el comisario general bonaerense Alberto Sobrado, fuese relevado de su cargo cuando se comprobó que había girado 333.000 dólares a una cuenta bancaria en las Bahamas, demandó sólo dos días.

Tal premura fue acompañada por la rápida decisión de Kirchner: anteayer, por la tarde, recibió un informe de manos de Beliz. Y al anochecer ordenó que Giacomino fuera echado de inmediato.

Después del mediodía, y antes de subir al helicóptero presidencial que lo llevaría a la quinta de Olivos, Kirchner llamó a Beliz y le dijo que dispusiera una conferencia de prensa en la Casa Rosada, antes del anochecer, para hacer pública la decisión.

Así lo hizo: flanqueado por el vocero presidencial, Miguel Núñez, y por el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, el ministro anunció que Giacomino había sido dado de baja y dijo, para poner en contexto la explosiva noticia: “Esta decisión, que debe ser ejemplificadora, forma parte del compromiso total que este gobierno ha tomado, en cuanto al respeto a la transparencia en la gestión y de lucha contra la impunidad y la corrupción. No sólo debe ser un ejemplo ante la sociedad, sino ante miles de efectivos honestos que, a diario, entregan su esfuerzo, y su propia sangre, a veces, para cumplir con su labor de manera heroica”.

Luego, pasó a los detalles del caso. Explicó que el 27 de mayo pasado, dos días después de la asunción de Kirchner, Giacomino adjudicó, por la vía de la contratación directa “por razones de urgencia”, la provisión de bienes y servicios informáticos para el Churruca-Visca, por un valor de casi dos millones de pesos, a dos empresas relacionadas con familiares y allegados suyos.

La contratación se realizó con elevados sobreprecios (el valor de mercado de las computadoras es de 400.000 pesos, como mínimo, menor al que se pagó, según Beliz; y el del software , casi la mitad). Para poder eludir la licitación pública la operación se dividió en dos empresas, a cada una de las cuales se le pagó un poco menos de un millón de pesos, el límite que tiene el jefe de policía para hacer una contratación directa.

Giacomino firmó la compra, pese a que el 23 de mayo Asuntos Jurídicos del ministerio emitió un dictamen en el que se desaconsejaba la operación requerida.

Según la investigación del ministerio, la adjudicación se hizo “a dedo”. Los programas de computación fueron comprados a la empresa L&M Sistemas y Servicios, cuyo propietario es Vicente Capizzi, concuñado de Giacomino. Para validar la contratación se hizo figurar como en una competencia fraguada a la empresa Tropex SA, cuyo dueño también es Capizzi y al frente de la cual estuvo, hasta noviembre de 2000, Isidoro Giacomino, hijo del jefe echado ayer por orden presidencial.

Para colmo, los equipos ni siquiera fueron comprados: están alquilados por doce meses. Es decir que se pagó un millón de pesos por el alquiler de computadoras que, de ser adquiridas definitivamente, hubiesen demandado al Estado un desembolso de unos 600.000 pesos.