ECONOMÍA BUSCA ARGUMENTOS DE CARA A LA RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS CON LAS PRIVATIZADAS

El gobierno busca sumar argumentos a su favor en la renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos, mediante un informe reservado que elabora la Auditoría General de la Nación (AGN) a pedido del Ministerio de Economía, en el que se detallan los incumplimientos de las privatizadas durante la década del 90.

“El informe que pidió el ministro (de Economía, Roberto) Lavagna todavía no está listo, pero puede estar terminado esta semana”, dijeron voceros de la AGN, que precisaron que “primero irá a Economía y después se publicará en la página de Internet de la Auditoría”.

Las fuentes agregaron que el estudio lo realizan asesores técnicos del titular de la AGN, Leandro Despouy, designado en el cargo por el radicalismo, que como oposición elige a las máximas autoridades del organismo creado a partir de la reforma constitucional de 1994.

La visión del Ejecutivo es plantear la renegociación de los contratos a partir de tres parámetros básicos que incluyen el cumplimiento de las inversiones establecidas en los contratos, la calidad en la prestación y la capacidad de pago de los usuarios de los servicios públicos.

La propuesta del gobierno para esa revisión estará en la línea que adelantó la semana pasada el ministro de Planificación, Julio De Vido: la idea oficial es segmentar el cuadro tarifario, de manera tal que las industrias exportadoras o sustitutivas de importaciones beneficiadas por la devaluación del peso afronten una carga superior a la de los usuarios particulares.

Esto, sin embargo, choca con los marcos regulatorios aprobados inmediatamente después de las privatizaciones, que no autorizan este tipo de segmentación.

Por eso, De Vido impulsa la constitución de un nuevo marco general, que trascienda el rol de los actuales entes reguladores, y que permita avanzar dentro de la renegociación integral, en el próximo año y medio si lo autoriza el Congreso.

En ese marco, los encargados de pilotear esas negociaciones pondrán sobre la mesa las ganancias extraordinarias percibidas por las empresas durante la década del 90, y las cláusulas ilegales de los contratos de privatización, como las que permitieron el ajuste por la inflación en Estados Unidos, mientras en el país los precios mayoristas y minoristas registraban procesos deflacionarios.

Entre enero de 1995 y diciembre de 2001, tanto los precios mayoristas como los minoristas registraron una deflación acumulada cercana al 3% en la Argentina, al tiempo que en idéntico período, el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos registró un incremento acumulado de aproximadamente un 18%, y los precios mayoristas crecieron cerca de un 7%.

Los beneficios de la indexación
Por esa actualización sobre los índices extranjeros, cuestionada por violar la ley de convertibilidad que prohibía toda indexación, las empresas registraron ganancias adicionales de 9 mil millones de pesos en el período que va de 1991 a 2000, según estimaciones privadas.

Así, los márgenes de rentabilidad que recibieron los principales grupos concesionarios fueron en la década pasada hasta 14 veces superiores a los de los conglomerados no vinculados a las privatizaciones, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que asesora a De Vido en la redacción de los nuevos marcos de regulación.

Según los expertos, los niveles de inversión acumulada permiten el normal abastecimiento de la demanda de servicios públicos, sin cortes de suministro ni caída de áreas prestacionales. Además, cuando arrecian los reclamos por un incremento tarifario las empresas comenzaron a exhibir ganancias en sus balances del primer semestre del año.

El argumento central de las empresas es que esas ganancias se produjeron como resultado de la revaluación de la moneda local, que hizo registrar sus deudas en dólares como menores pasivos medidos en pesos. Sin embargo, los resultados operativos -ingresos menos costos- también arrojaron ganancias, que estuvieron en el orden de los 3 millones de pesos para las principales distribuidoras eléctricas y superaron los 100 millones en el caso de Metrogas. En cualquier caso, la cuestión de las deudas en dólares será tratada por separado.

Según el informe que elevó el año pasado a Lavagna el jefe de la Comisión Renegociadora de Contratos, Alberto Biagosch, las emisiones de deuda “fueron decisiones empresarias tomadas en el marco de la legislación entonces vigente y motivadas por las diferencias de tasas de interés o -en algunos casos- porque su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras o les eran ventajosos otros mercados de capitales”.