EDILES PEDIRÁN QUE SE CORRIJA EL NÚMERO DE BANCAS A ELEGIR

Los concejales Leonardo Simoniello y Jorge Henn (UCR-Encuentro) presentaron un proyecto de declaración para solicitar la urgente modificación del decreto 606 del gobierno provincial, que convocó a elecciones de seis concejales para Santa Fe durante los próximos comicios.

La iniciativa, que ahora espera cosechar las firmas de sus pares y podría ser tratada mañana en el recinto, se justifica en que el gobierno cometió “un error” al tomar como base de cálculo para la cantidad de ediles el censo de 1991, cuando Santa Fe tenía aproximadamente 349 mil habitantes.

“El Tribunal Electoral de la Provincia convocó a elecciones para renovar seis concejales, cuando en realidad por la cantidad de habitantes que Santa Fe tiene actualmente (369.600) correspondería renovar siete para así llegar al número de trece que nuestra ciudad deberá tener”, según la aplicación de la ley que redujo las bancas en los municipios de primera categoría.

Ahora, en los fundamentos del proyecto, los concejales agregan un nuevo antecedente sobre la utilización de los censos poblacionales: la conversión de la localidad de Recreo en ciudad.

“Según el censo del año 1991, Recreo tenía aproximadamente 9.800 habitantes. En el 2001 llegó a tener 12.800. Es decir que el legislador (que en su momento presentó el proyecto) se basó en este último censo para proponer a Recreo como ciudad”, dicen.

La semana pasada, cuando los ediles radicales alertaron luego de la sesión sobre la omisión de un concejal en el decreto, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa dijo que era “una cuestión de interpretación” y que si le demostraban “que estamos equivocados, nos rectificamos”.

Sólo números

Sin embargo, para los concejales es “sólo una cuestión matemática. Además, si el Tribunal Electoral tiene dudas sobre la cantidad de habitantes que tiene nuestra ciudad, cuenta con un instrumento idóneo que es el último censo poblacional. Otra interpretación es absolutamente inadmisible”, sostienen.

“Este Concejo Municipal se expresó en varias oportunidades respecto de la Ley Borgonovo. El rechazo fue unánime y nos hubiera gustado una derogación o por lo menos un congelamiento o suspensión. Lamentablemente, hasta ahora no fuimos escuchados”, agregan.

“Mientras la sociedad demandaba más y mejor representación, algunos actores políticos llevaron adelante reformas para defender sus intereses sectoriales en desmedro de una mejor calidad representativa”.

“Cuando uno debe tomar decisiones, se debe aferrar a los elementos más cercanos a la realidad. En este caso es el censo 2001 el más cercano, por lo que tomar otros datos sería desvirtuar la realidad”.

“Ahora esperamos que el gobierno rectifique en forma inmediata su error e inicie un camino de pleno respeto a la Constitución Nacional, a las avasalladas autonomías locales y a la representatividad de todos los habitantes de la ciudad”, subrayan.

Respaldo del Comité Provincial

Por su parte, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Distrito Santa Fe, expresó su apoyo al reclamo efectuado por concejales radicales de la ciudad de Santa Fe, respecto del número de bancas que se deben renovar en la capital provincial y en Rosario, producto de una errónea interpretación por parte del gobierno de la Provincia de Santa Fe de la denominada Ley Borgonovo, que entró en vigencia en el año 2003 y que dispone la reducción de la cantidad de representantes en ambas ciudades.

Las autoridades partidarias a nivel provincial coinciden con el análisis de los ediles santafesinos, que durante la última sesión del cuerpo señalaron que el Poder Ejecutivo tomó datos del censo del año 1991 y no del 2001 para la convocatoria a elecciones del corriente año, lo que importa una diferencia en el número de habitantes que incide directamente en la cantidad de representantes que correspondería elegir.

“Al respaldar la posición de los concejales santafesinos, la mesa directiva del Comité Provincial de la UCR, manifiesta que el gobierno provincial debe rectificar esta interpretación y efectuar la convocatoria de acuerdo a los datos actualizados del último censo realizado en el país en el año 2001, que determinó que la ciudad de Santa Fe cuenta con 369.600 habitantes y por lo tanto debería tener 13 y no 12 bancas en el Concejo Municipal”, expresa la nota.

Finalmente, la conducción de la UCR provincial demanda al gobierno santafesino “el estricto cumplimiento de la ley, no sólo en este asunto particular, sino en todo lo referente a materia electoral”, pues reitera que “aún no están del todo claras muchas cosas respecto del sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Santa Fe.

El ARI cuestiona la propuesta de modernización

El presidente del partido Afirmación para una República de Iguales (ARI), el Dr. Rogelio Allignani, se pronunció a favor de una modernización de la administración municipal mediante “una profunda reforma administrativa junto y con los agentes municipales, con capacitación e inversiones en el área de la informática”.

“Creo que quienes se llaman a sí mismos opositores, no han interpretado lo que fue el llamado de atención de las instituciones que evitaron la privatización del cobro de impuestos municipales”.

“Utilizando el mismo discurso que el intendente, han manipulado para presentar una propuesta que en este caso, dado el origen de los concejales que han hecho la (¿nueva?) iniciativa, es solamente partidario: la UCR beneficiando a la Universidad Nacional del Litoral”, dice Allignani en alusión a los concejales Darío Boscarol y Julio Schneider.

A través de una nota, asegura que “si hay algo que nos llama profundamente la atención, en la actual gestión del intendente, es la enorme cantidad de pasantías que se han convenido con instituciones universitarias, lo que nos lleva a pensar si no es una forma más de bajar índices de desocupación, pero propiciando la pauperización del trabajo”.

“Los pasantes no tienen coberturas sociales y el pago se les realiza en negro. Una vez más el Estado se convierte en un evasor y explotador de sus ciudadanos”, agrega.

Allignani entiende que, con los proyectos que impulsan los ediles radicales, “contratando los servicios de la UNL, no hacen más que demostrar la convivencia del bloque (¿opositor?) desde que asumiera Balbarrey”.

“Los convenios con pasantías se han convertido en una moneda de canje política que perjudican a los pasantes, a quienes se les paga poco y en negro; y al agente municipal, a quien aún no se le define roles, ni capacitación, ni la posibilidad de sentirse parte de una administración responsable”, concluye.