EDUARDO TOGNOLLI Y UNA HISTORIA DE APRIETES, IMPUNIDAD Y MEMORIA

“Basta, no puedo seguir así, vivo amenazado, no tengo garantías. Estoy harto”, le dijo el joven Eduardo Tognolli a sus afectos, después de sufrir un segundo atentado en su local y de varios aprietes. El motivo: la reactivación de la causa judicial federal denominda “Quinta de Funes”, un lúgubre lugar de detención y torturas durante el Proceso Militar.
Tognioli es, junto a otros familiares de detenidos desaparecidos, uno de los querellantes y el polvo del expediente judicial, ensucia a varios represores del sur santafesino.

La diputada nacional Alicia Gutierrez, madre del joven, se mostró muy preocupada por la situación que atraviesa Eduardo. “Sabemos que nos están investigando”, reconoce la odontóloga rosarina, recientemente electa diputada provincial por el ARI. De igual modo, varias personas cercanas al denunciante se encargaron en remarcar que “Eduardo ya no está en Rosario, está en otra provincia” y, claro está, se reservan el destino.

Después del primer atentado, Tognolli se comunicó con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. El funcionario nacional le expresó a la familia su solidaridad y prometió ayudar. Tuvo, al menos, dos comunicaciones con el Ministro de Gobierno, Carlos Carranza y sus asesores.

Sin embargo, las amenazas siguieron. Varios policías rosarinos, y de diferentes seccionales, se acercaron hasta el local comercial y “cordialmente” lo interrogaron al joven, interesados en su funcionamiento comercial.

“Carranza no nos dio las garantías que necesitabamos, por eso Eduardo se fue”, comentó otra de las personas cercanas a la causa judicial.

Fue después de los sucesivos aprietes, cuando el joven recibió el consejo de un entendedor en la materia: el ex Ministro de Gobierno y diputado electo Roberto Rossúa. “Hasta el 10 (de diciembre de este año, cuando asuman las nuevas autoridades provinciales) nadie te puede garantizar nada. Te aconsejo que salgas de la ciudad”, le dijo el veterano dirigente del peronismo, uno de los hombres de más confianza de Jorge Obeid. La versión fue confirmada por cuatro fuentes a Notife.

Rossúa ya no estará al frente del Ministerio que controla jueces y policías, pero la continuidad de un estilo está garantizada: Alejandro Rossi será el Subsecretario de Seguridad, un abogado que acompañó a Rossua en su gestión anterior como Subsecretario de Justicia.

Por cierto, la política de Derechos Humanos en el anterior Gobierno de Obeid no fue más allá de una depuración superficial de los policías vinculados a la represión ilegal. “El ciego” Lo Fiego en Rosario y “El pollo” Colombini, en Santa Fe, fueron alejados de la fuerza (entre otros). Pero la mano de obra, en este caso ocupada, siguió trabajando. Basta recordar los atentados, nunca esclarecidos, contra la estudiante y militante social Susana Abalo.

LA CONEXIÓN

Las causas madres que investigan la represión ilegal en Santa Fe y Rosario están vinculadas estrechamente. Por cierto, las dos urbes más grandes de la provincia estaban bajo el dominio operacional del II Cuerpo del Ejército, durante el Proceso Militar.

Una de la querellantes en la causa “Quinta de Funes” es la docente rosarina María Cecilia Nazábal, quién aún hoy busca la verdad y el destino que tuvo su marido Fernando Dussex, un militante de base de la organización Montoneros, detenido el 8 de agosto de 1.977 en las adyacencias del Club Banco Provincial de Rosario. Dussex vivió un calvario que lo llevó a la desaparición. Primero fue torturado en la Quinta de Funes, luego trasladado a una Escuela Técnica de Rosario y, posteriormente confinado en una Quinta llamada “La Intermedia”, que queda a metros de la Autopista Santa Fe – Rosario y que era propiedad de la familia del ex Teniente Daniel Amelong.

En 1985, un ex detenido de la “Quinta de Funes” (ubicada en la ruta 9 y San José), Jaime Feliciano Dri, declaró en el marco del Jucio a las Juntas Militares, que “había estado preso junto a Dussex”.

LA RELACIÓN DE OBEID CON PERSONAS VINCULADAS A LA REPRESIÓN

Nicolás “Teté” Correa es un ex agente de inteligencia del Ejército. Fue asesor clase “A” de la Subsecretaria de Seguridad, cuando estuvo ocupada por el Teniente José Berhardt (formado en el Batallón de Inteligencia 601) en la gestión anterior de Obeid. Desde el segundo piso de la Jefatura de Policía rosarina controlaban todo lo concerniente a la política de seguridad. Correa solía frecuentar el Ministerio de Gobierno y tener extensas charlas con el entonces jefe de la cartera: El Dr. Roberto Rossua.

Lo más impresionante de esta historia es que “El Teté” Correa es familiar de María Cecilia Nazábal, una de las querellantes de la causa rosarina. La esposa de Correa, que se llamaba Ester Agostinelli Venturini era la prima hermana de la suegra de Nazábal, de nombre Hilde Venturini.

Según consta en las testimoniales realizadas ante la Justicia Federal santafesina, Correa, conocía el estado de Dussex, pero nunca se interesó en salvar su vida.

EL VIERNES EN SANTA FE

Este viernes se llevará a cabo en el Foro Cultural Universitario una conferencia de prensa de los querellantes de las “causas madres” de Santa Fe y Rosario.

Según se informó, los asistentes que expondrán sobre la situación de los expedientes serán el Dr. Jorge Daniel Pedraza (el abogado de María Carolina Guallane, la joven oriunda de Venado Tuerto que recuperó su identidad después de 22 años) querellante de la causa que investiga el Fiscal ad hoc, Alejandro Luengo. Además estarán presentes Nora Cortiñas, Cecilia Nazábal y la abogada rosarina Matilde Bruera.
La conferencia comenzará alrededor de las 10, 30 horas de este viernes.