EE.UU. CREA UNA NUEVA RED DE INTELIGENCIA

El Congreso norteamericano aprobó ayer la mayor transformación en 50 años de los servicios de inteligencia y espionaje –creados para la Guerra Fría–, y puso en funcionamiento una nueva estructura para hacer frente al terrorismo internacional, señalado como el nuevo enemigo de Estados Unidos.

La reforma, la más importante desde la creación de la CIA tras la Segunda Guerra Mundial, apunta a hacer más eficientes los órganos de inteligencia, profundamente cuestionados tras las gravísimas fallas previas a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

La nueva ley, que fue redactada a partir de los consejos de la comisión que investigó los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, crea la figura del director nacional de Inteligencia, un zar de inteligencia que ejercerá el control sobre el presupuesto para toda el área y supervisará las operaciones de las 15 agencias de espionaje.

“El mundo ha cambiado”, argumentó el senador demócrata Joseph Lieberman, uno de los mayores impulsores de la histórica reforma. “Por primera vez en medio siglo estamos modernizando nuestra estructura de inteligencia para encarar los nuevos desafíos que enfrentamos en el mundo”, indicó el ex candidato a vicepresidente en el año 2000. El nuevo esquema de inteligencia crea el Centro de Nacional contra el Terrorismo, que tendrá en ese campo el objetivo de planificar y coordinar las tareas de contrainteligencia, espionaje y recolección de información. Además, dispone un refuerzo de la vigilancia en las fronteras, refuerza la cadena de mando militar y deja en manos del Pentágono el control de las operaciones militares sobre el terreno, incluido el uso de equipos de alta tecnología como satélites de espionaje.

Los cambios en la red de inteligencia nacida para enfrentar el desafío del comunismo hasta la caída del muro de Berlín, en 1989, se precipitaron luego del fracaso para detectar y evitar los ataques lanzados por Al-Qaeda, tres años atrás, en territorio norteamericano. Según se comprobó después, las señales de alerta que podrían haber evitado los ataques se perdieron en los laberintos de la burocracia.

El Senado aprobó ayer la ley por amplia mayoría, un día después de su aprobación en la Cámara de Representantes y tras una fuerte presión ejercida por el presidente George W. Bush para que fuese sancionada antes de la finalización del actual período de sesiones del Congreso.

Bush anunció que firmará la ley de inmediato para poner en marcha la transformación de los servicios de inteligencia que cuentan con un presupuesto anual de 40.000 millones de dólares (casi el doble del presupuesto de gastos del Estado nacional argentino).

La administración republicana no ha dejado trascender quien será designado Director Nacional de Inteligencia y cuál será el futuro del actual titular de la CIA, Porter Goss, que reemplazó a George Tenet, responsabilizado por las fallas en la previsión de los ataques terroristas, en los que murieron cerca de 3000 personas.

El director de inteligencia será el asesor de mayor rango del presidente, de quien dependerá en forma directa, y su designación deberá contar con la aprobación del Senado. Pero aunque el nuevo “zar” de inteligencia estará por encima del director de la CIA, hay algunas operaciones sobre las que no tendrá control directo.

La presidenta de la comisión de asuntos gubernamentales del Senado, Susan Collins (republicana), sostuvo ayer que esta ley significará un verdadero cambio para la seguridad de Estados Unidos. “Mejorará la calidad de la inteligencia que se les entregue a nuestros militares y ayudará a mantener a los norteamericanos a salvo en casa”, señaló.

La reforma estuvo a punto de naufragar por los fuertes choques con el Pentágono sobre el papel que tendría el Departamento de Defensa a la hora de compartir información de inteligencia para ayudar a los comandantes de campo y por las medidas contra la inmigración, que impulsaban legisladores republicanos.

La comisión que investigó los atentados terroristas había señalado en su informe final, conocido en julio pasado, que la falta de coordinación entre las 15 agencias de inteligencia impidieron frenar el ataque lanzado por Al-Qaeda.

La reforma finalmente dejó de lado duras medidas contra los indocumentados, que impulsaban legisladores republicanos. Bush logró convencer a la mayoría de los legisladores de su partido para acompañar la ley a cambio de promover un incremento de la Patrulla Fronteriza, que en cinco años incorporará 10.000 efectivos (2000 por año) y 4000 agentes de inmigración.

También se creará un mayor número de centros de detención en la frontera con México para evitar que los presuntos inmigrantes indocumentados sean liberados mientras esperan turno para declarar ante un juez. A cambio, se prohíbe la aceptación de la “matrícula consular” como documento válido de identificación para hacer trámites oficiales o para solicitar una licencia de conducir. En este sentido, requiere a los estados que sigan reglas comunes para entregar licencias de conducir, que aquí funcionan como el documento de identidad. La ley establece la creación de un cuerpo de supervisión de la privacidad y las libertades civiles, que tendrá como objetivo velar por los derechos individuales, que tras la sanción de la ley patriótica después de los atentados del 11 de septiembre fueron vulnerados en nombre de la guerra contra el terrorismo.

La republicana Susan Collins, titular de la comisión de asuntos gubernamentales del Senado dijo durante el debate que se está reconstruyendo una estructura “que fue diseñada para un enemigo diferente y durante una época diferente; una estructura que fue designada para la Guerra Fría que no tiene la agilidad necesaria para resolver las amenazas del siglo XXI”.