EE.UU. PODRÍA APLICAR SANCIONES COMERCIALES CONTRA LA ARGENTINA
El gobierno de George Bush estudia “limitar, suspender o retirar” las ventajas comerciales que otorga a la Argentina en el marco del llamado Sistema General de Preferencias (SGP). Esto afectaría un 15% del comercio que el país tiene con EE.UU., que ascienden a un monto total de 616 millones de dólares. Afectaría la exportación de ciertos productos de cuero, aluminio y textiles, entre otros.
Tal como lo adelantó Clarín hace una semana, en la primera gran revisión que el gobierno de Bush está haciendo de este sistema hay otros 12 países que podrían verse afectados de la misma manera. En Latinoamérica figuran, además, Brasil y Venezuela. Buenos Aires ya sufrió represalias comerciales por este sistema. En pleno gobierno menemista, en 1997, EE.UU. eliminó 117 posiciones arancelarias en castigo por la Ley de Patentes.
Un vocero de la Oficina del representante comercial de Estados Unidos, Stephen Norton, dijo a Clarín que “no se trata de una medida punitiva” por lo que pasa en la actual ronda de negociaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC) o por las posiciones frente al ALCA. Pero no es un secreto que el sistema generalizado de preferencias ha sido siempre utilizado no sólo para ayudar a los países en desarrollo sino también para hacer avanzar los intereses comerciales de EE.UU.
Una fuente diplomática latinoamericana dijo a este diario que recientemente el gobierno de Bush utilizó el sistema para presionar a los países más pequeños de América Central y el Caribe para que firmen acuerdos comerciales bilaterales con EE.UU.
De hecho el presidente del poderoso Comité de Finanzas del Senado, Chuck Grassley, afirmó recientemente que no renovarán las preferencias para Brasil y la India debido a que han entorpecido las negociaciones en la OMC. Si bien Grassley no mencionó a la Argentina, no hay por qué descartar esa posibilidad ya que el Gobierno argentino defendió en la ronda de la OMC y en las discusiones sobre el ALCA la misma posición de Brasil.
Grassley está molesto con los países que quieren poner fin a los subsidios agrícolas pero que se niegan a abrir sus mercados a las exportaciones de bienes industriales. “¿Por qué debemos tratar en forma especial a países que no quieren abrir sus mercados en las negociaciones de la OMC?”, se preguntó.
Hace ya varios meses que el embajador José Octavio Bordón está trabajando activamente en este tema para limitar el daño que podría provocar la revisión. De hecho, no todos los productos argentinos que se encuentran actualmente bajo el régimen del Sistema General de Preferencias ingresan al mercado de EE.UU. pagando arancel cero. Algunos pagan menos del arancel en vigor. Incluso hay quienes sostienen que pese a todos los rumores que corrieron sobre su partida, Bordón se quedó en el timón de la Embajada entre otras cosas para negociar este tema. Finalizada la revisión, el gobierno de Bush podría decidir que ningún producto argentino se beneficiará más del sistema. Además habrá que ver si alguno puede seguir entrando con un arancel menor al que está en vigor.
El comunicado emitido ayer por la oficina de la Representación Comercial dirigida por Susan Schwab dice: “El objetivo de la revisión es que más países subdesarrollados se beneficien del programa y que el comercio sea un instrumento para su desarrollo económico”. Como parte de la revisión, el gobierno se concentrará principalmente en aquellos países cuyas exportaciones a EE.UU. bajo este programa excedieron los US$ 100 millones en 2005, o que fueron clasificados por el Banco Mundial como economías de ingresos medios-altos.
“Revisaremos la eficacia del programa, si los países reúnen las condiciones para recibir el beneficio y su nivel de desarrollo, para asegurarnos de que (el SGP) funciona tal como lo aprobó el Congreso”, explicó Norton.
Así, están bajo la lupa junto a Brasil, Venezuela y Argentina otros países como India, Indonesia, Filipinas, Rumania, Rusia, Sudáfrica o Turquía. Actualmente el programa permite la importación libre de aranceles de más de 3.400 productos de 133 países por unos US$ 26.700 millones.
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