EE.UU.: RECHAZO A LA DECISIÓN DE CERRAR 180 BASES MILITARES

Legisladores y gobernadores estatales estadounidenses han pedido que el Gobierno del presidente George W. Bush considere cuidadosamente la decisión de cerrar unas 180 bases militares, propuesta que ha desatado una intensa ola de críticas.

Según la senadora demócrata Dianne Feinstein, la decisión final es especialmente importante porque el país “todavía está en guerra y enfrenta crecientes amenazas de expansión militar y proliferación nuclear en Asia así como los del mundo posterior” a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Feinstein añadió que la mayor preocupación surge de las repercusiones económicas que tendrá la medida en muchos estados y comunidades.

Por su parte, la delegación legislativa del Estado de Idaho, con republicanos y demócratas, manifestó su esperanza de que el Pentágono explique bien la decisión “por cuanto éstas no son aparentes en un tiempo de guerra”.

El proyecto, que incluye el cierre de 33 bases en 22 estados del país, podría ocasionar la pérdida de unos 30.000 puestos de trabajo civiles y militares en las bases afectadas. En total, la medida propone la eliminación de 218.570 posiciones militares y civiles de algunas bases militares y agregar 189.565 puestos a otras instalaciones.

Al explicar la decisión, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, señaló ayer que “arreglos, diseñados para la Guerra Fría, deben ceder espacio a las nuevas exigencias de la guerra contra el extremismo y los desafíos del siglo XXI”. El jefe del Pentágono añadió que los cierres así como el acondicionamiento de algunas bases supondrán un ahorro de 5.500 millones de dólares en el año posterior al pago de los costos, de 48.800 millones en 20 años.

Rumsfeld trató de apaciguar los temores de que se perderán miles de fuentes de trabajo, donde operan las bases, al señalar que en los cierres anteriores muchas fueron reconvertidas en aeropuertos comerciales o en centros económicos. Además prometió que el Departamento de Defensa proporcionará capacitación a los trabajadores afectados así como asistencia económica para neutralizar los efectos de los cierres.

No obstante, esos argumentos no encontraron eco en las autoridades de los estados que sufrirán el golpe o en los legisladores, demócratas y republicanos, que los representan en el Congreso.

El senador Joseph Lieberman, ex candidato demócrata a la vicepresidencia de EE.UU., dijo que la decisión de cerrar bases es “irracional e irresponsable”. Lieberman representa al Estado de Connecticut, que se verá afectado por la clausura de la base de New London, una de las más importantes del país.

Por su parte, el gobernador de Georgia, Sonny Perdue, anunció que montará “una vigorosa defensa” de las bases que existen en su Estado, seis de las cuales serán cerradas, de acuerdo con el anuncio de Rumsfeld.

El proyecto del jefe del Pentágono será enviado a una comisión federal independiente y experta en la materia, que deberá analizar caso por caso las consecuencias del cierre, consolidación, ampliación, recorte o reajuste de las bases.

Esa comisión, de nueve miembros, podrá hacer modificaciones y plasmar su opinión en una propuesta que remitirá al presidente Bush, el próximo 8 de septiembre. Una vez aprobado por el presidente, el plan de Rumsfeld deberá ser aprobado o rechazado por el Congreso sin modificaciones.