EJERCER LA PROSTITUCIÓN ES TODAVÍA UN ACTO PUNIBLE

Con la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario el proyecto presentado por el senador Eduardo Di Pollina (PS) que apuntaba a derogar los artículos del Código de Faltas provincial que penalizan la prostitución. Sin embargo, hay otros dos proyectos en Comisión que proponen lo mismo, pero el oficialismo justicialista no tendría “voluntad política de tratarlos”. El proyecto original presentado el 19 de septiembre de 2003, planteaba la derogación de los artículos 83, que pena la “ofensa al pudor. El que con actos gestos o palabras obscenas ofendiere la decencia o pudor público o decoro personal” y del 87, que castiga con arresto de hasta 30 días a quien “ofreciere públicamente a mantener relaciones sexuales por dinero o promesa remuneratoria o provocare escándalo con tal motivo; o que en lugares públicos o locales de libre acceso hiciere manifiestamente proposiciones deshonestas u ofreciere relaciones sexuales con otras personas”.

A esa iniciativa, el 11 de marzo pasado la diputada Miriam Benitez (PPS), agregó un proyecto ampliatorio. El mismo suma la derogación del artículo 93, que pena con arresto de hasta 20 días a quien “se vistiere o se hiciere pasar por persona del sexo contrario y ocasionare molestias”. Por último, el 14 de abril se sumó un proyecto del ARI que agrega a los proyectos presentados la derogación del inciso K del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Policía Provincial, que dice “velar por las buenas costumbres en cuanto puedan ser afectadas por actos de escándalo público. Actuar en la medida de su competencia para impedir actividades que impliquen incitación o ejercicio de la prostitución en los lugares públicos”.

Dada la intención de acumular todos los proyectos en la comisión de Asuntos Constitucionales “donde va a parar todo lo que se quiere cajonear”, según indicó un miembro de la Cámara, la diputada Alicia Gutiérrez (ARI) se opuso al traslado del segundo proyecto presentado, que actualmente se encuentra en la comisión de Derechos y Garantías. La intención de la oposición sería “trasladar también a esa comisión el proyecto restante, dado que se trata de un cuerpo más predispuesto al tratamiento de esos temas”, agregó el vocero.

En relación al proyecto original de Di Pollina, el diputado Raúl Lamberto (PS) explicó que “no tuvo tratamiento durante el año porque en el oficialismo nunca hubo una posición coincidente. Muchos querían modificar estos artículos, no derogarlos”. En sentido opuesto, aclaró que “hasta el momento hubo manifestaciones claras y contundentes de la oposición para derogar los tres artículos, no para modificarlos”. Y luego denunció: “pero las oposiciones no tienen mayoría, así que no se hace nada si no lo dispone el justicialismo”.

De todos modos, la oposición coinciden en que modificar los artículos no alcanza para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. “En esto no hay medias tintas -dijo Lamberto-, o se considera legal o se considera ilegal. Si se penaliza es porque no se considera legal. No puede haber algo semipenalizado. Lo concreto es que con algunos legisladores del oficialismo de la comisión de Asuntos Constitucionales ‑-comisión que va a dar el despacho definitivo para que tengan sanción-‑ nos han planteado que no hay una posición única, y que después de que el ministro de Gobierno (Roberto) Rosúa declaró que había que derogarlo, se dijo que si ese era el planteo del Ejecutivo, se iba a despachar al período extraordinario (cosa que finalmente no sucedió)”, enfatizó Lamberto.

En la misma línea, otra fuente denunció que el “doble discurso” justicialista rige el destino de estos proyectos. Si bien por un lado se plantea la intención del Ejeutivo de derogar los artículos que penan la prostitución, en la Cámara se cajonean los proyectos hasta que pierden el estado parlamentario, como ocurrió con la iniciativa del PS. Si se plantea una analogía con lo ocurrido con la ley de Lemas, es claro que “fue derogada porque ya no había margen para demorar el proceso”, afirmó un miembro de la cámara, y agregó que el tratamiento de los proyectos de despenalización se había acelerado luego del asesinato de la dirigente gremial Sandra Cabrera en enero pasado. Sin embargo, después de un tiempo todo quedó en la nada.