EL 46% DE LOS CHICOS POBRES O CON CONFLICTOS DEBE SER INTERNADO

Un niño en estado de abandono, con problemas familiares o conflictos con la ley penal, en casi la mitad de los casos termina en un instituto de menores. Esta es la solución que dio el Estado al 46,6% de los chicos en esa situación que pasaron el año último por el Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.

El dato es revelador: cuando entre en vigor la nueva ley de protección integral de la niñez, cuya reglamentación debe finalizar en diciembre próximo, ningún chico podrá ser privado de su libertad para protegerlo en caso de pobreza, salvo excepciones.

“Hay que estar alerta. No se puede pensar que, vencido el plazo para la reglamentación, estos chicos queden en la calle. Hay que construir ámbitos distintos de los institutos, donde el Estado se ocupe de ellos, donde puedan estudiar, salir y entrar libremente o encontrarse con sus amigos”, dijo a LA NACIÓN la diputada nacional (PJ-Buenos Aires) Silvia Martínez, presidenta de la Comisión de Niñez y Familia. Agregó que hay casos donde conviven en el mismo instituto chicos con problemas penales y otros que están allí para su protección.

La nueva ley de protección integral de la infancia establece la obligatoriedad de la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe que se los interne por motivos de pobreza y no justifica que se los separe de su familia por esa causa.

Aquel estudio fue realizado por las licenciadas Silvia Guemureman y Julieta Azcárate, investigadoras del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El Consejo tiene 21 programas para niños y adolescentes. Unos 7077 pasaron por ellos. Cuatro de esos programas contemplan la internación de los menores e incluyeron a 3298 chicos -el 46,6% de los ingresos o egresos totales- tanto con problemas penales como asistenciales.

“Lo que más nos preocupa son los chicos internados por motivos asistenciales, porque sabemos que terminan privados de su libertad por razones que tienen que ver con la pobreza, situación que cambiaría con adecuadas políticas públicas. Aunque hay casos de violencia familiar o de abusos que justifican plenamente restringir la patria potestad y la internación”, explicó Guemureman a LA NACIÓN.

El trabajo sólo considera los seis institutos del Consejo, pero cada provincia tiene los suyos. En Buenos Aires hay unos 10.000 menores en institutos; el 80 por ciento, por razones asistenciales, según dijo Guemureman.

En 2004, fueron 1076 los menores con problemas penales que pasaron por los institutos de seguridad del Consejo; el 30,84% reingresó. Son, en su mayoría, varones de entre 13 y 15 años o mujeres de entre 16 y 17, aunque las adolescentes sólo constituyen el 13,81 por ciento del total de ingresos. El 54,95% fue internado por la comisión de delitos contra la propiedad: tentativa de robo, robo simple y robo con arma. Llamó la atención que hubiera 147 chicos anotados como a disposición de la Justicia sin especificar el delito cometido. Mezclados con aquéllos, hay casos de chicos que fueron víctimas de violación u otros delitos sexuales y otros por su situación de desamparo.

Los menores permanecen en estos institutos entre 15 y 60 días en la mayoría de los casos. El 53,77% de los chicos que salieron fueron entregados a sus familias. Pero el 37,4 por ciento terminó en circulación entre institutos, sin libertad.

POBRES E INTERNADOS

El año pasado 1077 chicos fueron internados por ser pobres o por estar desamparados o huérfanos. La mayoría, varones de entre 8 y 12 años y mujeres de entre 11 y 16.

Aquí, una vez más, aparecen mezclados chicos desamparados con otros encausados. En estos casos, la mayoría de los que dejaron los institutos lo hicieron para ir a otros o a organizaciones, mediante becas. Hay muchos chicos que estuvieron así entre 6 meses y un año o más.

Guemureman y Azcárate consideran que la “institucionalización conlleva la privación de la libertad y, por ende, una restricción en el ejercicio de derechos básicos”.

Tras defender la promoción de medidas alternativas al encierro, las autoras creen que hay un desfase entre el discurso y la realidad porque las políticas para la infancia “aún están cargadas y orientadas por la lógica tutelar institucionalizadora”.

Mary Bellof, profesora de la UBA y experta en la materia, es más descreída: “No había ninguna ley que dijera que había que encerrar a los chicos; es la gente la que tiene que querer cambiar las cosas. No sé a cuánto está dispuesta nuestra sociedad. La ley es importante, pero lo importante es que la gente la interprete y la haga operativa”.

La diputada justicialista Martínez indicó: “La ley fomenta la creación de ámbitos para estos niños solos o con familias que los maltrataron y el Estado debe ocuparse de ellos. No deseo otra cosa que destruir con una maza los institutos, pero hay que reemplazarlos por otra cosa “.