EL 90% DESCONOCE QUE UNA LEY PROHÍBE EL TRABAJO INFANTIL
El 90 por ciento de la población no conoce la normativa que prohíbe el trabajo infantil, según un estudio que realizó la Universidad Nacional de Tres de Febrero a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sobre una base de 4000 encuestas realizadas en marzo último en zonas rurales y áreas urbanas.
“Las personas de nivel socioeconómico bajo, cuyos hijos son los más afectados, son las que en menor proporción consideran el trabajo infantil como un problema”, asegura el informe, que fue dirigido por la socióloga Leonor Pérez Bruno.
El 57% de los consultados atribuyó el empleo de menores a la mala situación de las economías familiares y el 37% justificó que los niños salgan a trabajar en situaciones de necesidad extrema. A la hora de identificar tales situaciones, el 79% señaló la pobreza, el desempleo o la ausencia de los padres.
“No todas las diferentes modalidades en que se manifiesta el trabajo infantil son claramente identificadas por los entrevistados -señala el informe-. Existe una fuerte tendencia a asociarlo con la mendicidad, o con algún tipo de intercambio de mercancías.” Sin embargo, sólo el 9% consideró que la prostitución, la venta de drogas y el robo, hoy en día, constituyen el modo en el que miles de menores se ganan la vida.
Esto, a pesar de que casi la mitad de los encuestados dijo tener conocimiento de la existencia de “las peores formas de trabajo infantil en su propio pueblo o ciudad”. Según el trabajo, el 46,4% sabe que en el sitio donde vive hay prostitución infantil o actuaciones de pornografía de niños y niñas. Un 46,6% aseguró conocer que en su pueblo o ciudad se utiliza a menores para actividades ilícitas como el tráfico de drogas.
Es generalizada la sensación de que en el último año aumentó la cantidad de menores que trabajan. El 60% de los encuestados aseguró que creció durante 2004.
El Estado hace poco
Pero la mayor parte de la población considera que la tarea que lleva adelante el Gobierno para erradicar el trabajo infantil es deficiente. El 81,4 por ciento de los consultados consideró que el gobierno hace poco o nada para combatir ese problema. Sólo el 8,3 por ciento consideró que hace mucho o bastante. Y el 7,2 por ciento no contestó.
Y hay más, sólo el 15% dijo conocer algún tipo de política gubernamental destinada a prevenir o erradicar la contratación o explotación de menores. No obstante, las instituciones que están mejor conceptuadas en ese trabajo son la escuela y después la Iglesia.
Cuando se consultó sobre si había dado dinero en el último tiempo a algún menor que trabajara, la gran mayoría contestó que no. Excepto con los niños que piden en la calle o en los transportes públicos: el 40 por ciento les dio dinero.
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