EL ABIGEATO YA NO SERÁ UN DELITO EXCARCELABLE

El campo recibió ayer un beneficio del efecto Blumberg. La Cámara de Diputados de la Nación, con el impulso del plan de seguridad del gobierno nacional, sancionó finalmente un proyecto que endurece penas por abigeato, después de largos años de infructuosos intentos, en particular de actuales y ex legisladores santafesinos.

La norma sancionada ayer es una iniciativa del Ejecutivo que fuera aprobada en noviembre último en el Senado. Dispone penas de 2 a 6 años para quienes roben hasta 4 cabezas (se contempla el hurto famélico) pero en cambio le apunta a los delincuentes que usan camiones jaulas con penas de 4 a 10 años cuando roben 5 o más cabezas de ganado mayor o menor.

La ley prevé que el funcionario público implicado en el delito puede ser sancionado además con una inhabilitación por el doble de la pena que pudiera caberle. Incluso tendrá 3 años de prisión si participa en la comercialización o transporte del ganado, aún cuando no haya participado directamente en el robo.

María del Carmen Alarcón, presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, impulsó sin suerte el proyecto en el 2000, y en el 2002 acompañó una iniciativa integral de Guillermo Alchourón que incluía penas sobre bienes y personas en el ámbito rural. Pero la media sanción de Diputados no fue tratada por el Senado, que en cambio retomó sólo el abigeato en noviembre último.

Para la legisladora santafesina, se trata -de toda maneras- de una “reparación histórica” sobre un ilícito que ya relataba José Hernández en su Martín Fierro y que en la actualidad hizo perder, en el último año y medio, 20 millones de pesos a productores bonaerenses y otros 9,6 millones a ganaderos santafesinos que vieron desaparecer más de 6 mil cabezas por el flagelo rural.

“Estamos haciendo justicia con un sector que ha sufrido graves perjuicios”, dijo la diputada Alarcón. En tanto que el bonaerense Guillermo Alchouron confió que a esta “señal esperada” por el campo, se puedan añadir en breve las nuevas leyes por delitos contra bienes y personas en zona rural.

Críticas y adhesiones

Héctor Romero (PJ-Chaco) sumó su voto en favor de la iniciativa aún cuando cuestionó la limitación del proyecto. Dijo que “acá no se trata simplemente del robo o del hurto de ganado, sino de otro problema mucho más grave que ha costado la vida a muchas personas. Por eso pido que descanse en paz Romildo Genés, un humilde productor de Florencia, del norte de Santa Fe, que encontró a los abigeos y fue cruelmente muerto por ellos”.

Por su parte, Oscar Lamberto apuntó que “los delitos tienen una expansión geográfica, se comportan de una manera distinta según la geografía de la Nación, y pareciera que los únicos delitos importantes y atendibles son los que ocurren en los centros urbanos. Para el interior no hay ley, la propiedad y la atención de la Justicia tienen otro valor. Por eso me parece que sancionar esta norma significa considerar en algo al interior”.

Venta de celulares

Por otra parte, la Cámara Baja devolvió al Senado el proyecto de ley que limitaba la venta de teléfonos celulares sólo a empresas licenciatarias del servicio, y que Diputados extendió a las agencias comerciales por ellas autorizadas. Ellas también serán encargadas de registrar a los propietarios de las líneas y de informar a las fuerzas de seguridad por pérdidas o extravíos con los que se confeccionarán listas preventivas.

La norma prevé penas de un mes a seis años en el caso de “clonación” de líneas de celulares, y de seis meses a tres años para los que compren líneas no registradas legalmente. La pena treparía a 6 años de prisión efectiva, si además usan ese medio para cometer delitos.

El presidente de la comisión de Comunicación e Informática, Osvaldo Nemirovsci (PJ-Río Negro) señaló que la clonación “es el dato principal que tenemos que combatir para evitar que el celular sea utilizado en delitos”, al tiempo que apuntó que las modificaciones respecto de la media sanción del Senado sólo fueron a los efectos de facilitar la interpretación de la norma, sin modificar su espíritu.

Por su parte, Horacio Pernasetti, titular de la bancada radical, se quejó por la rapidez con que está actuando el Parlamento, en detrimento de la calidad, lo que en definitiva ocasiona más demoras como el regreso del proyecto a la Cámara de Senadores para una nueva revisión.

Nuevo pedido

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó ayer un proyecto de Carlos Reutemann que pide al Poder Ejecutivo que amplíe la ayuda a damnificados por la catástrofe hídrica. El legislador recuerda que las leyes 25.735 y 25.812 dejaron en manos del Ejecutivo nacional la posibilidad de ampliar la ayuda ya remitida, de unos $ 150 millones. Reutemann subraya que la Cepal calculó que las pérdidas -más allá de costos humanos- treparon a $ 2.880 millones.