EL ABOGADO DE FRATICELLI ASEGURÓ QUE SU CLIENTE PUEDE QUEDAR LIBRE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emplazó al Gobierno argentino para que informe cuál es la situación del ex juez penal de Rufino Carlos Fraticelli, ante una denuncia por violación de sus garantías constitucionales.

La intervención de la CIDH en dos denuncias por presuntas violaciones de garantías del ex magistrado en la causa penal y en el jury que derivó en su destitución esperanzó a la defensa de Fraticelli, que cree posible que su cliente sea liberado y sometido a un nuevo juicio por la muerte de su hija adolescente, ocurrida hace casi tres años en la ciudad santafesina de Rufino, lo que incluso le podría permitir recuperar la titularidad del Juzgado. La Cancillería deberá responder el planteo de la CIDH durante el mes de junio.

“Una de las alternativas -subrayó uno de los defendores de Fraticelli, Carlos Edwards- es que se restablezca la garantía constitucional; lo que significaría la realización de un nuevo juicio y obviamente la libertad de nuestro cliente”. Según explicó el letrado, la CIDH decidió intervenir en el caso ante dos denuncias realizadas por la defensa por violaciones de los derechos constitucionales de Fraticelli tanto en la causa iniciada por el crimen su hija Natalia, de 16 años, como en el jury de destitución del ex magistrado.

Una de las presentaciones se radicó en junio del 2002, cuando la defensa acudió ante la CIDH para pedir que intervenga ante el prejuzgamiento en el que incurrieron dos jueces que tuvieron en sus manos la causa por homicidio que involucra al ex juez (el fallecido juez de Instrucción, Carlos Risso y la camarista Marta Urrone de Juri). El letrado explicó que esos dos jueces “adelantaron opiniones sobre la situación de Fraticelli”, lo que significa la violación de uno de los principios constitucionales del Pacto de San José de Costa Rica. Por esta cuestión aún debe expedirse la Corte Suprema de Santa Fe. Pese a ello, se abrió paralelamente la instancia internacional.

Casi un año después de haberse formulado el primer planteo, en abril del 2003, el propio Fraticelli realizó una petición ante la CIDH para que intervenga ante las violaciones que sufrió durante el proceso que derivó en su destitución como magistrado. En esa instancia se cuestionó la conformación del tribunal que destituyó a Fraticelli.

Según el defensor, esos pedidos fueron tomados en cuenta por la CIDH en abril último, cuando se “emplazó al gobierno argentino para que en el término de dos meses informe sobre la situación de Fraticelli”, plazo que expira en el mes de junio. “La CIDH puede buscar una solución amistosa entre las partes, puede declarar la nulidad de lo actuado o bien puede abrir una causa en la Corte Interamericana”, indicó el defensor de Fraticelli a Rosario/12.

Esa respuesta del organismo internacional esperanzó al ex juez y a sus letrados, quienes no descartan la posibilidad de que Fraticelli sea liberado y sometido a un nuevo juicio por la muerte de su hija que considera fue un suicidio y no de un homicidio.

Fraticelli se encuentra detenido en una prisión de Venado Tuerto por el asesinato de su hija adolescente, por el que también fue condenada su esposa, Graciela Dieser. El año pasado, la defensa del ex magistrado penal solicitó que su cliente sea liberado por haber pasado más de dos años y medio detenido sin sentencia firme, aunque la Justicia rechazó el pedido y dispuso que continúe en prisión.

Natalia fue encontrada muerta en su cama la mañana del 20 de mayo del 2000 por su madre y su padre que, en una primera declaración, dijeron creer que había sido asesinada por ladrones. Los peritos establecieron que la adolescente, que sufría de episodios de convulsiones, había muerto por asfixia, además de haber estado fuertemente medicada cuando fue hallada muerta en acostada en su cama, con una bolsa plástica en la cabeza y sus manos rodeadas por un pañuelo.