EL ABORTO DE LA ADOLESCENTE VIOLADA LLEGÓ POR VÍA NATURAL

La chica de 13 años con discapacidad mental que habría sido violada por su padrastro a fines de diciembre pasado y estaba embarazada de 17 semanas produjo un aborto espontáneo. Así lo manifestó el doctor Jorge Elder, subsecretario de Salud municipal. “Nosotros ya habíamos adelantado acerca del riesgo biológico que implicaba un embarazo en una niña de 13 años con parálisis mental. Una de las complicaciones que podría pasar al final sucedió”, explicó Elder. Y abundó: “El lunes a la tarde se produjo la rotura de bolsa y por suerte la mamá la llevó rápidamente a uno de nuestros servicios para internarla. La chica presentaba un cuadro de contracciones uterinas y dolor abdominal lo que ocasionó que expulsara el martes a la tarde en forma espontánea el feto de muy pocas semanas de gestación”.

Cabe recordar que la madre de la nena había pedido el jueves de la semana pasada a la Municipalidad que autorice un aborto para la menor, que padece un retraso mental. Después que el municipio llevó el expediente a la justicia civil empezó un peregrinaje que puso más trabas que resoluciones en el camino. Por un lado, se obligaba a comprobar si había existido o no violación, y por otro, a obtener el consentimiento del padre biológico de la chica –por tratarse de una patria potestad compartida– que no vive en Rosario y actualmente se desconoce su paradero.

Según el inciso 2º del artículo 86 del Código Penal “el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. En esta excepción prevista por la ley argentina –ya que la interrupción del embarazo en el país está penada con una sanción mínima de un año de prisión y máxima de 15 (si la mujer fallece como consecuencia de la intervención)– se encuadraba perfectamente el caso de la nena abusada.

“Hasta que se produjo el aborto espontáneo, judicialmente el tema seguía sin resolverse. La causa ya había pasado por manos de tres jueces, ninguno se había declarado competente y finalmente ayer el juzgado notificó que había que esperar a una jueza que está en feria y que se reintegra en febrero. Al producirse la interrupción espontánea del embarazo se resuelve de alguna manera la situación en particular de esta nena”, señaló Elder.

El caso se dio a conocer el mes pasado a partir de una denuncia radicada en la comisaría 19ª cuando un hombre, de 51 años, fue acusado de abusar de su hijastra de 13 que padece una discapacidad mental y como consecuencia de esa violación cursaba un embarazo.

El padrastro de la menor fue detenido el 23 de diciembre por personal de la comisaría 19ª y desde ese momento se encuentra a disposición de la jueza de instrucción Mónica Lamperti y de la que dependía la autorización para que la chica aborte.

La mamá de la joven tiene 35 años, tres hijos de su primer matrimonio –dos nenas de 13 y 12 años y un chico de 10– y un bebé de siete meses, que es hijo del agresor, con quien convivió durante cinco años, y que también habría abusado de la nena de 12. Según el subdirector de Salud municipal, después de que se produjo el aborto espontáneo “el estado de salud de la chica es bueno y por lo tanto se encuentra fuera de peligro. Y ya fue dada de alta”.

“POSICIÓN TEMEROSA”

La práctica del aborto esta permitida por el Código Penal para los casos en que el embarazo proviene de una violación, cuando la madre posee un retraso mental o bien corre peligro su vida a través de ese embarazo. Aunque el caso de la menor abusada revestía algunos de esos aspectos, que en definitiva no son punibles, a pedido de la madre, la Municipalidad inició de todas formas los trámites judiciales para obtener la autorización de interrumpir la gestación. Para Susana Chiarotti, directora del Instituto de género, derecho y desarrollo y miembro del Comité de Expertas en Violencia contra la Mujer de la OEA, “el municipio adoptó una posición temerosa y dubitativa al presentarse ante la justicia ya que era una de las excepciones que figuran en el Código Penal”. El trámite de la comuna fue iniciado cuando el embarazo de la chica ya había alcanzado algunos meses de gestación y las complicaciones en obtener la autorización demoraban la interrupción. “No se puede jugar con la salud física, psíquica y social de una criatura. La decisión adecuada debería haber sido que los médicos cumplan con lo que establece la ley para el caso de una menor discapacitada, que fue violada y está embarazada”, argumentó.

Aunque no tuvo contacto con el caso más que a través de los medios, la abogada Mabel Gabarra, miembro de Indeso, opinó en la misma línea. “Se debería haber pensado en la niña que ha sido violada y que como resultado está embarazada. Por lo tanto se tendría que haber evitado poner en riesgo su vida”, expresó. Para Gabarra “el Estado debería pensar menos en los ataques que otras personas puedan hacer por no estar de acuerdo con la decisión de interrumpir el embarazo y agilizar la situación”.