EL ACUERDO CON EL FMI EN ETAPA DE DEFINICIÓN

Las negociaciones de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) entraron ayer en la etapa de las definiciones políticas, tras el informe que el staff presentó al directorio ejecutivo del organismo multilateral de crédito.

El Fondo dijo que espera que la Argentina cumpla con el compromiso improrrogable de pago de 2900 millones de dólares que vence el 9 del mes próximo y el Gobierno confía en que ese día -o una semana después- se firmará el acuerdo por tres años. El FMI consideró una buena señal de la Argentina la aprobación en el Senado del proyecto de ley que faculta al Gobierno a renegociar los contratos con las empresas de servicios públicos, y que podría derivar en un aumento de tarifas.

“La necesidad de contar con un marco previsible y comprensible para el ajuste de las tarifas públicas es uno de los elementos necesarios para crear las condiciones y restaurar la confianza de los inversores, locales e internacionales, y para proveer las bases para el crecimiento”, dijo ayer el vocero del Fondo Monetario, Thomas Dawson, en conferencia de prensa.

El funcionario destacó, además, que las negociaciones con el gobierno de Néstor Kirchner están avanzando “según el calendario previsto” originalmente y dijo que a partir de ahora puede ocurrir que vaya una nueva misión técnica a la Argentina o que funcionarios del Ministerio de Economía viajen a esta ciudad para continuar con las discusiones. “Las dos cosas son posibles”, afirmó.

Al respecto, una calificada fuente oficial consideró que, para llegar con el acuerdo firmado en la fecha prevista, es necesario que se “rellene” la mayor cantidad de “los espacios en blanco” que quedan pendientes en el borrador que el directorio discutiría entre el 1° y el 2 de septiembre. El más importante es el nivel de superávit primario, ya que se habría aceptado que se ubique en un 3% en 2004, pero aún resta sellar el número de los siguientes dos años. El Gobierno quiere que no se modifique, mientras que el staff del FMI pretende un aumento progresivo hasta el 4 por ciento. El incremento en el nivel de ahorro que el Fondo pretende que la Argentina se comprometa a alcanzar no pasa por la reducción del gasto público, que reconoce que ha sido importante, sino por un incremento en los ingresos fiscales.

El organismo cuestiona la baja performance de recaudación en relación con el PBI y pretende que haya una mayor presión fiscal para aumentar la capacidad de ahorro de la Argentina, dijeron a LA NACION fuentes familiarizadas con las negociaciones.

“La misión está negociando con las autoridades y esto requiere intercambio de puntos de vista. En última instancia se alcanzaría un acuerdo. Es parte del proceso y no creo que sea apropiado hablar sobre esto”, dijo Dawson cuando se le preguntó específicamente sobre las diferencias en torno del nivel de superávit fiscal.

Presión

Los negociadores del caso argentino, John Dosdworth y John Thornton, y el director del departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Anoop Singh, presentaron ayer un informe “positivo” de aproximadamente una hora al directorio ejecutivo del organismo sobre la marcha de las discusiones con la Argentina. Fue una reunión informal, en la que los directores preguntaron sobre los avances en las negociaciones, los ejes no resueltos y la percepción que los técnicos tienen sobre la marcha de las discusiones. Un alto funcionario que asistió a la presentación dijo a LA NACION que las discusiones se encaminan hacia un acuerdo.
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El compromiso de pago de US$ 2900 millones que la Argentina tiene que cumplir el 9 de septiembre le pone presión y una fecha tentativa de cierre al acuerdo. “Nuestro objetivo es alcanzar un programa, un acuerdo, y ese es el camino en el que estamos. Es prematuro y no productivo especular qué pasará si no se paga. En el pasado hemos lidiado con problemas y postergaciones, pero seguiremos trabajando constructivamente con las autoridades. Y no hay ninguna razón para pensar en que no vayamos a seguir avanzando”, señaló ayer Dawson. “Los pagos se esperan de hecho el 9 de septiembre. Son obligaciones, no expectativas de pago”, insistió Dawson.