El anuncio de habilitación de celdas para detenidos genera alerta en Arroyo Seco

Un grupo de vecinos autoconvocados por más seguridad en la ciudad ubicada al sur de Rosario pedirán una audiencia y elevarán un petitorio al ministro Raúl Lamberto.El anuncio de la habilitación de un pabellón de detención para 12 presos que se hizo recientemente en la seccional 27ª, de la policía de Arroyo Seco, renovó el alerta de un grupo de vecinos autoconvocados que reclaman más seguridad en esta ciudad azotada últimamente por una ola delictiva.

Los vecinos pedirán una audiencia y elevarán un petitorio al ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, para que, entre otras solicitudes, los presos asignados a la dependencia “no sean de alta complejidad” y que lleguen después de que la localidad incorpore 25 efectivos comunitarios el mes que viene. Hay un compromiso de las autoridades de no ocupar hasta entonces los dos calabozos, derrumbados y vueltos a edificar en el marco de un programa de recuperación de comisarías.

El anuncio de que la inauguración de las celdas —que inicialmente iba a ser este lunes 6— fue difundida la semana pasada por el propio titular de la seccional, el comisario inspector Claudio Romano, quien a través de los medios locales invocó a la Jefatura de Rosario al confirmar la próxima habilitación del pabellón al que, según anticipó el funcionario, llegarían detenidos que actualmente están alojados en comisarías rosarinas. Además, trascendió los trasladados serían acusados o condenados por delitos sexuales.

Sin embargo ayer “no hubo ninguna novedad”, tal como confirmaron a La Capital desde la dependencia. El motivo sería la solicitud que el intendente Darío Gres formuló el viernes pasado a Lamberto, al plantearle que, en virtud de la escasez de efectivos en Arroyo Seco —actualmente tiene 50, divididos en tres turnos—, lo más conveniente sería esperar hasta el mes que viene, cuando la seccional incorpore 25 policías comunitarios ya designados, pero que se graduarán recién en agosto próximo. El pedido fue tomado por el ministro y también por altas autoridades policiales, que se comprometieron a no enviar detenidos hasta tanto se refuerce el personal de seguridad en la ciudad.

Representantes de “Por una Arroyo Seco segura”, se entrevistaron ayer con Gres, y acordaron que el grupo recolectará firmas que acompañarán un petitorio dirigido a Lamberto, a quien además le pedirán una audiencia para exponer todos sus reclamos e inquietudes. Entre éstos, reforzarán la solicitud de dilatar la habilitación de los calabozos hasta tanto lleguen los nuevos efectivos, y pedirán que los detenidos que se alojen allí, que en principio se hablaba que iban a ser oriundos de Arroyo Seco, no sean peligrosos.

Sin casos en unos 10 días. Esta organización local está conformada por vecinos autoconvocados a través de las redes sociales y en junio realizaron tres marchas para reclamar por más seguridad a raíz de los asaltos y escruches que por más de dos meses azotaron a la localidad, los cuales cesaron repentinamente hace unos 10 días.

“Yo sé que la gente tiene miedo, porque es real que hubo robos, asaltos y escruches, que llamativamente cesaron de golpe hace 10 días. Estamos a la espera de que cumplan con el compromiso asumido de no trasladar detenidos a estos pabellones, que fueron demolidos y reconstruidos en el marco de un plan de remodelación y ampliación de comisarías de toda la provincia y de medidas judiciales tendientes a garantizar mejores condiciones de alojamiento de los detenidos”, señaló Gres.

“Las celdas viejas, que siempre estuvieron ocupadas, tenían una capacidad para 12 presos, al igual que las nuevas, que fueron edificadas con materiales y diseño de última generación para garantizar la seguridad, con las camas empotradas, mesas de hormigón, baño dentro de los pabellones, paredes altas y con entrada de luz. Por ley, no se podrá exceder ese número de prisioneros, por lo que la situación será mejor que la de antes, cuando supo haber hasta 30 presos por delitos sexuales hacinados en ese lugar”, concluyó el intendente.

 

 

Fuente: La Capital