EL BOLICHE ESTABA EN INFRACCIÓN Y DEBIÓ HABER ESTADO CERRADO

El día de la tragedia una faja de clausura debía haber cruzado las puertas del boliche República Cromañón.

La ordenanza Nº 50.250, que modifica al Código de Habilitaciones y Verificaciones, dice que para habilitar un local de ese tipo “se requerirá una certificación de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal (…) La certificación deberá ser renovada anualmente y ante refacciones o cambios en el local, que puedan afectar las condiciones de seguridad” aprobadas.

Esa ordenanza, de 1995, es clara cuando establece que ante la falta de cumplimiento de estas condiciones se determinará la inmediata clausura del local en infracción. El área encargada de estas clausuras es la Dirección de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad. Juan Carlos López, secretario del área, y Fabiana Fiszbin, subsecretaria, renunciaron por el incendio.

Judicialmente, la certificación vencida agrava la situación de Omar Chabán, detenido por el homicidio culposo de más de 180 personas durante el incendio del jueves pasado.

Aníbal Ibarra, jefe de Gobierno porteño, apuntó todos los cañones contra el empresario detenido: “Toda actividad comercial exige la responsabilidad social de quien la ejerce, si no estaríamos ejerciendo un estado policíaco que no confía en sus ciudadanos. El empresario debe asumir la responsabilidad de renovar el permiso. El Estado ejerce el control, pero no puede hacerlo de manera cotidiana”.

Un dato aportado por el propio Ibarra muestra que cuando el sistema funciona, la prevención es posible: el año pasado Bomberos notificó al Gobierno la lista de comercios con el permiso contra incendio vencido y once fueron clausurados por esta falta.

A República Cromañón se le había vencido el certificado de bomberos el 24 de noviembre del año pasado. Cuando los responsables de Cromañón vieron que se les vencía la inspección anual, le pidieron a Bomberos, por nota, que pasara a renovar la inspección. Está fechada el 5 de noviembre de 2004. “Si nos lo pidieron es porque en ese momento tenían el lugar en regla”, explicó una fuente de los bomberos de la Policía Federal.

Un solo inspector fue al lugar el martes 23 de noviembre. Pero no lo dejaron entrar. Una persona apodada “Tito” le explicó que no estaba autorizado para abrir el local. Y el inspector, remarca la fuente de Bomberos, “no tiene poder de policía, lo tiene el Gobierno de la Ciudad”.

El inspector le pidió al hombre que les avisara a los dueños que había pasado para realizar el control anual obligatorio que ellos habían solicitado, y que esperaba un llamado para acordar una nueva cita. El llamado no llegó. Los bomberos no volvieron al lugar ni avisaron —al menos que se sepa hasta el momento— al Gobierno porteño para que proceda a la clausura. Y Cromañón siguió funcionando en infracción.

Si los inspectores hubiesen ido, por una primera clausura el local tendría que haber sido cerrado entre 15 y 30 días, además de pagar una multa, según la Ordenanza Nº 50.848 de 1996.

Ayer en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mostraban un expediente recién encontrado como prueba de que habían controlado ese local en 2004.

El control fue únicamente de documentación y no del lugar físico. La Unidad Polivalente de Inspecciones exigió al local de Bartolomé Mitre al 3000 “la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente”. Le daba un plazo de 15 días para cumplirlo. El 24 de mayo de 2004, en la puerta de Cromañón, Mario Díaz recibió la intimación.

El 10 de junio, con la firma de Raúl Lorenzo por la empresa Lagarto S.A., Cromañón contestó el requerimiento y presentó dos documentos importantes:

La “Plancheta de Habilitación”. Fechada el 1º de agosto de 1997, fija la capacidad máxima del local en 1.031 personas y deja constancia de las condiciones de seguridad: “El local posee una salida alternativa, la que se activa exclusivamente en caso de producirse un siniestro, permitiendo la evacuación del público concurrente por un corredor que sirve en casos normales para la entrada y salida de vehículos (…) Por sus características el sistema de seguridad alternativo reduce los riesgos en forma cualitativa del público concurrente”. Esa puerta es la que estaba cerrada con candados y un vallado, según los sobrevivientes.

El “Certificado de Inspección Final de los Bomberos”. Fechado el 24 de noviembre de 2003, su vencimiento operaba automáticamente el mismo día de 2004. Desde el 10 de junio, entonces, la Unidad Polivalente de Inspecciones sabía el día en que caducaba la Certificación de Bomberos y estaba en condiciones de clausurar Cromañón.