EL CASO DEL JUZGADO FEDERAL DE RECONQUISTA LLEGA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

El Diputado Nacional por el Partido Socialista, Eduardo Di Pollina, pidió al Poder Ejecutivo Nacional y al Procurador General de la Nación, Esteban Righi,- a través de un Proyecto de Declaración presentado en la Cámara de Diputados de la Nación- que promueva una inmediata investigación en el Juzgado Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe.

Tanto su titular, el juez federal Eduardo Fariz -con varias denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación- como los abogados Ricardo Degumois y Hugo Rebechi, en su carácter de jueces subrogantes y el fiscal federal de Reconquista, Cristián Cavanagh, intervinieron en una causa abierta por “transporte de estupefacientes”, y facilitaron la excarcelación del principal imputado por un delito que preveía una pena de entre 4 y 15 años de prisión.

“Sospechosamente al caso se agrega el “suicidio” del principal acusador del procesado, el agente Claudio Capdevilla, de la guardia rural Los Pumas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, al día siguiente de la liberación del detenido, lo que fue interpretado como un claro mensaje mafioso y denotará la existencia de una compleja organización criminal”, aseguró Di Pollina.

El Diputado Nacional solicitó que, de encontrarse elementos concluyentes en contra de los nombrados, se deberá iniciar una nueva acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación sin perjuicio de “la separación del fiscal federal, más las denuncias penales a todos los responsables”.

PROYECTO DE DECLARACION

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Su preocupación por lo actuado en jurisdicción del Juzgado Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe, tanto por su titular, el juez federal Eduardo Fariz, acusado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, como por los abogados Ricardo Degumois y Hugo Rebechi, en su carácter de jueces subrogantes y del fiscal federal de Reconquista, Cristóbal Cavanagh, quienes en una causa abierta por “transporte de estupefacientes”, coadyuvaron a la excarcelación de un imputado por un delito que prevé una pena de entre 4 y 15 años de prisión y que, sospechosamente, terminó con el “suicidio” del principal acusador del procesado, el agente de la guardia rural Los Pumas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, al día siguiente de la liberación de aquél, lo que fue interpretado como un claro mensaje mafioso y denotaría la existencia de una compleja organización criminal.

En su consecuencia, vería con agrado se disponga por el Poder Ejecutivo y el Procurador General de la Nación, la inmediata promoción de una amplia investigación, sobre lo actuado en esa causa y en otras relacionadas con el tráfico de estupefacientes tramitadas ante ese juzgado federal, tanto por quienes ejercen el juzgado, incluso los jueces subrogantes como por el fiscal federal y se evalúe la posibilidad de iniciar a partir de ella una nueva acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, con relación a su titular, sin perjuicio que de comprobarse un irregular comportamiento del fiscal federal se separe a éste último de su cargo y se denuncie penalmente a los responsables.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

En el portal “El Consultor Web Agencia de Noticias de Santa Fe”, del día martes 16 de agosto de 2.005 se reproduce un artículo periodístico publicado en esa misma fecha por el diario Rosario 12, de la Ciudad de Rosario, bajo el título “El juez que dio parte de enfermo”.

En él se relata con precisa y detallada información, la preocupante actuación que cupo al titular del juzgado federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe, a sus jueces subrogantes y del que no aparece ajeno el fiscal federal de Reconquista.
A los efectos de una cabal comprensión de la situación, que nos lleva a impulsar el presente proyecto, transcribimos el referido reporte periodístico en foma textual y completa.

Dice el mismo que “En el Juzgado Federal de Reconquista siguen sucediendo hechos extraños y preocupantes. Recientemente fue excarcelado un narco regional, a quien se le encontraron más de 150 kilogramos de marihuana, en un operativo desarrollado en el Departamento San Cristóbal, pese a las pruebas contundentes y al testimonio clave de un agente de la guardia Rural Los Pumas, que en tres oportunidades declaró lo mismo. Al día siguiente de la libertad del imputado, el policía que sostuvo su acusación (soportando careos y algunos aprietes sutiles), Claudio Román Ramón Capdevilla, apareció muerto, dentro de una dependencia de la fuerza, en un camino comunal, en proximidades de la ruta 23. De inmediato se dijo que fue “suicidio” por cuestiones pasionales. Capdevilla era diestro, pero el tiro le entró por el lado izquierdo de la cabeza. La resolución, ordenando la excarcelación, pese a la gravedad del hecho, no fue firmada por el juez federal Eduardo Fariz actualmente con varias denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación , porque al saber que tenía que resolver tal cuestión, optó por pasar “parte de enfermo” con un certificado firmado por un allegado , a fin de no quedar relacionado con el caso. No obstante, lo reemplazó el juez subrogante Hugo Rebechi, considerado un hombre de su estrecha confianza.
Era no más de las 17 del viernes 18 de marzo cuando efectivos de la Unidad Regional 13 del departamento San Cristóbal , de la Dirección provincial de Drogas Peligrosas y de la Guardia Rural Los Pumas interceptaron una pick up Peugeot 504, en el cruce de las rutas 1 y 23, en el límite de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. El conductor advirtió la presencia policial, detuvo la marcha, giró en “U” y tomó un camino lateral de tierra para alejarse del lugar. Los uniformados salieron raudamente y lograron detenerlo a unos 8 kilómetros.

El primer policía que encaró a quien manejaba la camioneta, el agente de Los Pumas, Claudio Román Ramón Capdevilla de 30 años de edad y oriundo de la ciudad de Vera se encontró con una inusual respuesta: “Estoy hasta las manos; llevo más de 150 kilos de marihuana atrás”. Al inspeccionar la camioneta, en la caja del vehículo, descubrieron varias bolsas de gran porte que contenían numerosos panes compactados y rectangulares de de marihuana, precintados con cinta de embalar, de diferente tamaño y peso, que habría salido desde Paraguay. Eran 154 kilogramos, con un valor estimativo de 900 mil pesos, según los cálculos.

Además del cargamento, los efectivos secuestraron la camioneta y detuvieron a su conductor, identificado como Aldo Francisco Ferrero, un comerciante domiciliado en la ciudad cordobesa de Morteros, quien fue trasladado a la comisaría 5ª de la localidad de Suardi, pero el caso quedó en manos del juez federal de Reconquista, Eduardo Fariz, quien tiene jurisdicción en tal zona.

El magistrado se encuentra en el cargo por obra y gracia del ex senador nacional menemista Jorge Massat (PJ Santa Fe), denunciado por enriquecimiento ilícito, en una causa con movimientos millonarios y lavado de dinero que aún tiene el fiscal capitalino Paul Starc desde el año 2000. Cuando la causa por “transporte de estupefacientes” llegó a Reconquista, el juez Fariz no se encontraba en la ciudad (estaba en Capital Federal, al parecer, ocupándose de su defensa por las graves denuncias que tiene en su contra en el Consejo de la Magistratura de la Nación) y fue reemplazado por un subrogante.
El expediente quedó en manos del cuestionado abogado reconquistense Ricardo Degumois, cuyo rol, como defensor de narcotraficantes o contrabandistas en graves casos que pasaron por ese juzgado en los últimos cinco años, es conocido. Incluso, siempre se ha ufanado de lograr la libertad de la mayoría de ellos, pese a pruebas contundentes, lo que ha motivado más de una crítica por cierta connivencia con Fariz y algunas denuncias públicas por la impunidad de su manejo. Degumois, como subrogante, llegó a tomarle la primera declaración al imputado Ferrero.

Inexplicablemente, a los pocos días, retornó Fariz, asumió la causa y Degumois, en el mismo caso, se transformó en el abogado defensor del imputado Ferrero. El lunes 1 de agosto, el juez Fariz optó por pedir licencia por enfermedad, con un certificado extendido por su hermano médico. Esa misma mañana, el abogado Degumois pidió la excarcelación de Ferrero. De esa manera, Fariz se garantizó el hecho de no tener que resolver un caso que le quemaba las manos. Dos días después, el abogado logró el dictamen favorable del fiscal federal de Reconquista, Cristobal Cavanagh. Al día siguiente, la Cámara Federal de Resistencia de quien depende el Juzgado Federal de Reconquista nombró como juez subrogante al abogado Hugo Rebechi, considerado “un hombre de estrecha confianza” de Fariz. El letrado reconquistense no dudó en ordenar la excarcelación del imputado Ferrero, argumentando que no contaba con antecedentes, que tenía hijos menores y que en la causa no existían indicios de que pudiera burlarse del accionar de la justicia. Rebechi nunca tuvo en cuenta que Ferrero había intentado fugarse o que a poco de llegar a Reconquista fue trasladado a las celdas de la ciudad de Vera porque se lo consideraba “peligroso” y debía estar bajo “máxima seguridad”, ya que se calculaba que podía escapar.

El viernes 5, a las 19.30, Ferrero quedó en libertad junto a otros detenidos, también de casos de narcotráfico. Estaba procesado por un delito que prevé una pena de entre 4 y 15 años, pero quedó libre. En el mismo juzgado hay un preso, llamado Matías Pérez, que está detenido hace 7 meses por “comercio de estupefacientes”, tras encontrársele cuatro bochitas de marihuana. Por esas extrañezas de la vida que suelen suceder regularmente en el Juzgado Federal de Reconquista, donde son demasiadas las irregularidades que aparecen en varios casos los familiares de Ferrero, que habían llegado desde Morteros (Córdoba) ya lo estaban esperando desde las primeras horas de la tarde. “Quedó claro que alguien les avisó varias horas antes, sabiendo de antemano que la resolución iba a salir sí o sí”, se indicó.

Al día siguiente, a las 7 de la mañana, apareció muerto el principal acusador de Ferrero, el policía Capdevilla. Estaba solo en la camioneta de la Guardia Rural Los Pumas, en un paraje cercano al poblado de Villa Trinidad (Departamento San Cristóbal), con un balazo en la cabeza. El auto Corsa Chevrolet se encontraba volcado, con el policía adentro. El arma estaba sobre la mano izquierda de Capdevilla, pese a que siempre se supo que era diestro; en su mano derecha tenía un aparato celular. “Fue un claro suicidio; tenía en la mano izquierda restos de pólvora y aparentemente se debió a trastornos sentimentales con una mujer de la zona, quien lo había abandonado”, indicó un vocero policial y se optó por dejar todo como estaba. Nadie se preguntó, por un instante, si no eran demasiadas las coincidencias y si el episodio no constituía un claro mensaje mafioso.

A la par de manifestar la preocupación de la H. Cámara de Diputados de la Nación por lo actuado en jurisdicción del Juzgado Federal de Reconquista, Provincia de Santa Fe, tanto por su titular como por los jueces subrogantes y el propio fiscal federal, entendemos que es menester se inicie por parte del Poder Ejecutivo y del Procurador General de la Nación la inmediata y más amplia investigación de lo denunciado públicamente por respetables órganos de prensa de la Provincia de Santa Fe, so pena de perjudicar la necesaria credibilidad con que deben actuar los jueces de la Nación.
Claro está que, de encontrarse elementos concluyentes en contra de los nombrados, se deberán iniciar una nueva acusación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, con relación a su titular, sin perjuicio de la separación del fiscal federal, más las denuncias penales a todos los responsables.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el pronto tratamiento y aprobación del presente.