EL CASO SOUTHERN WINDS VOLVIÓ A “FOJA CERO”

La investigación por el envío de drogas a España volvió prácticamente a “foja cero”, luego de que el nuevo juez de la causa decidiera repetir la mayoría de las declaraciones testimoniales e indagatorias de quienes figuran como supuestos responsables del narcotráfico.

El Juez en lo Penal Económico Bernardo Vidal asumió al frente de la investigación a principios de abril último cuando la Cámara apartó al magistrado natural del expediente, Carlos Liporace, por las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción.

Desde su desembarco en el expediente la causa parece haber ingresado en un compás de espera consistente en el tiempo que le demandó al nuevo juez empaparse de las cientos de fojas que acumulaba la causa abierta en septiembre del año pasado.

Sin embargo luego de leer todos los cuerpos de la causa, Vidal Durand adoptó una polémica decisión consistente en el nuevo interrogatorio de la mayoría de los imputados e incluso los testigos que habían declarado ante Liporace.

Es que el juez alegó que quería ser él mismo quien condujera las audiencias y quien tuviera la oportunidad de formular preguntas a las partes, pero esa medida no fue bienvenida por los abogados defensores que calificaron la decisión como una “absurda pérdida de tiempo”.

En ese marco fue que Vidal Durand volvió a citar para principios de julio próximo a los directivos de la compañía aérea Southern Winds que gozan de una falta de mérito dictada por el juez Liporace.

El magistrado convocó al presidente de la compañía Juan Maggio, el vice Enrique Montero, el gerente general Cristian Maggio y el ex titular de la Policía Aeronáutica Horacio Miguel Giagischia, entre otros imputados.

Hasta el momento los únicos procesamientos confirmados por la Cámara en lo Penal Económico son el del ex encargado de pasajeros frecuentes de SW Walter Beltrame, al ex supervisor de tráfico aéreo Claudio Baudino y los ex empleados de SW Fernando Arriete y Ariel Tamburrini.

En forma paralela ese tribunal tiene pendiente de resolución un planteo para definir la suerte de la fiscal del caso Gabriela Ruiz Morales cuya continuidad al frente de la causa había sido cuestionada por algunos de los imputados.

La fiscal había pedido la incostitucionalidad de la norma que establece que las recusaciones contra los fiscales deben ser resueltas por el juez de la causa al entender que se trata de dos poderes independientes donde un funcionario no tiene preeminencia sobre el otro.