EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA CUESTIONÓ LA PLANTA CARGILL DE GOBERNADOR GÁLVEZ

El proyecto sobre la nueva planta de Cargill en Villa Gobernador Gálvez fue cuestionado por Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, que calificó a la propuesta como un “urbanicidio” y alertó sobre “irreversibles consecuencias” en la modificación urbanística operada para posibilitar la radicación de la terminal portuaria. Además, destacó que “desde lo social resulta atentatorio a los intereses colectivos”. Las consideraciones fueron planteadas como réplica –ayer se conoció otra por parte de vecinos– al informe técnico preliminar de impacto ambiental realizado por la Secretaria de Medio Ambiente a partir del estudio presentado por la empresa. En tanto, un grupo de habitantes que no se siente representado por los que cuestionan el proyecto sostuvo que quiere vender sus propiedades e irse y “no ser un obstáculo para el desarrollo del país”.

Los arquitectos pusieron un acento importante en el encuadre como área metropolitana de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y consideraron que ante la propuesta de Cargill, por su escala, “resulta imprescindible realizar valoraciones y prospectivas urbano ambientales” que, según expresaron, se han omitido.

El informe firmado por los arquitectos Graciela Garate y Oscar Luis Ferpozzi, presidente y vice del Colegio de Arquitectos, incluye severos cuestionamientos al proyecto.

“Es un mayúsculo desacierto la opinión de la Secretaría en el ítem “accesos viales”, cuando lo califica como de “impacto ambiental positivo” con la circulación de 2.500 camiones por día con carga de toxicidad con alto poder residual y presumiblemente peligrosa para la salud humana”, expresaron los profesionales. Además, destacaron el punto que refiere a que “la estructura existente resulta insuficiente para actuar de soporte al proyecto en cuestión, salvo que desde el sector público se comprometan relevantes inversiones”.

“Desconocemos si existe la documentación correspondiente y esperamos que ella sea exigible para poder emitir opinión al efecto”, aclararon los profesionales, aunque con respecto a los detalles recalcaron que hay “ausencia de información y de rigurosidad técnica y concluyente en el estudio”. Agregaron que “algunas, por lo específico, no dejan de ser sorprendentes”.

Por otra parte, advirtieron que “los factores ambientales de impacto fuera del predio son analizados por la Secretaría de manera no rigurosa” y ampliaron sobre los impactos social, sanitario, urbano y tóxicológico que, aunque no poseen delimitaciones fronterizas, “resultan considerablemente preocupantes por establecerse en un área urbana que es parte integrante de la región más urbanizada de nuestro territorio nacional”.

La aceptación de la Secretaria en ítems como ruidos y vibraciones, contaminación del aire, efluentes líquidos, afectación del paisaje y uso de la tierra, entre otros, son cuestionados en la presentación de los arquitectos, que solicitaron, por la relevancia del tema, no sólo la concreción de la audiencia pública prevista por ley, sino que se invite a participar a la población para “un aporte de saberes y el enriquecimiento colectivo”.

“Queremos vender, cobrar e irnos”, dijo una vecina del Ibai

“Queremos vender, cobrar e irnos”. De esta manera definió su pensamiento Carolina Roselli, una de la vecinas de la zona del barrio Ibai Ondo, en contraste con otros habitantes que vienen cuestionando desde el año pasado la instalación de la terminal aceitera. La mujer consideró que es “razonable” el proyecto y que “no se puede frenar el progreso del país”.

“Por algún lado tiene que salir la producción de soja del país y esta zona del río es el puerto natural”, dijo la vecina, que vive en el barrio, en Becker 1237 bis, desde hace tres años, “aunque el terreno lo tenía desde hace unos quince”, según relató.

“Reconozco que este lugar es hermoso y que esta forma de vida natural no la vamos a tener nunca más. Pero 1.200 puestos de trabajo no son moco de pavo”, expresó.

Además, destacó que no se siente representada por Graciela Lázzari, una de las vecinas que encabeza los reclamos al proyecto de la cerealera multinacional.

“Uno no se puede encaprichar. Yo tengo un microemprendimiento con huerta orgánica y plantas frutales pero no me puedo interponer a la posibilidad de que se abran nuevas fuentes de trabajo y se favorezca al país”, dijo Roselli, ex directora de un jardín que se desempeña como “refuerzo de planta” en la biblioteca provincial Eudoro Díaz, de Alem al 3000. Según su versión existe un grupo de alrededor de veinte familias que “quieren vender e irse”.

“Hemos hablado con un representante de Cargill y le hemos hecho nuestras ofertas. Nos ha dicho que nos contestará luego de que se apruebe el proyecto. Tenemos muy buena relación con ellos, tanto como con la intendenta Graciela Bonomelli y con Pedro González”, el ex jefe municipal y actual diputado nacional. “Es por el bien del país”, agregó.