El Concejo suma pedidos de vecinos que exigen más patrullajes

Los ediles que integran la comisión de Seguridad llevarán esos reclamos al comando conjunto que articula las tareas de prevención.

El mismo día en que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, detalló la cantidad exacta de efectivos federales que hay en la ciudad, el reclamo de mayor patrullaje en los barrios se escuchó con fuerza en el Concejo Municipal. Fue en el seno de la comisión de Seguridad, donde vecinos de distintas zonas, de sur a norte, ingresaron un sinnúmero de pedidos relacionados con la exigencia de presencia de efectivos en las calles más alejadas.

Los concejales consensuaron que toda esa información la elevarán al comando unificado acordado entre los gobiernos provincial y nacional, dispuesto para avanzar en la problemática del delito.

Si bien algunos ediles integrantes de la comisión de Seguridad manifestaron que se comenzaron a ver más operativos de control conjuntos en algunas arterias de la ciudad, los reclamos de los vecinos continúan en el Concejo en niveles similares a los previos al desembarco de fuerzas federales en la ciudad.

Los datos fueron corroborados por el titular de la comisión, Diego Giuliano, quien además de reconocer que los pedidos de patrullaje siguen arribando a diario al Palacio Vasallo, destacó que también se suman los planteos de limpieza y escamonda asociada, dos actividades íntimamente relacionadas con el objetivo de lograr entornos más seguros.

Ayer, por ejemplo, este último reclamo fue presentado por vecinos de la zona de San Luis y avenida Francia.

Tarda en llegar. La reunión de la comisión de Seguridad sirvió además para reactivar un viejo proyecto que lleva tres años y medio durmiendo el sueño de los justos. Se trata de la puesta en marcha de la comisión de videovigilancia, un ámbito integrado por concejales y funcionarios del Ejecutivo en el cual se debe definir los lugares en los que se colocarán las cámaras de seguridad.

Ese ámbito nunca se puso en práctica, pero ayer Giuliano les comunicó a sus pares que el secretario de Gobierno, Gustavo Leone, se comprometió a convocarlos.

La norma fue impulsada por la concejala kirchnerista Norma López y establece que se deben entrecruzar los reclamos de los vecinos con el mapa del delito, para luego resolver finalmente la colocación de las cámaras. “Hasta ahora se instalaron fuera de lo que prevé esta ordenanza”, subrayó.

En tal sentido, recordó que la ordenanza Nº 9.025 —de videovigilancia— fue aprobada en diciembre de 2012.

“La norma ya lleva tres años y medio sin ser puesta en funcionamiento”, apuntó, y resaltó que “entre otras cosas, establece que las cámaras deben instalarse conforme un mapa del delito georeferenciado. Como no se lleva adelante, el gobierno instala cámaras a capricho de los funcionarios, y no en base a datos científicos y empíricos de criminología”, consideró la concejala del Frente para la Victoria.

En ese marco, Leone se comprometió anteayer con Giuliano —en la apertura de sobres de la licitación para la compra de 96 nuevas cámaras— a convocar a la comisión de videovigilancia para definir la ubicación de los equipos.

Según la ordenanza, el sector público no puede utilizar las cámaras de videovigilancia en el interior de propiedades privadas ni de recintos privados, salvo autorización judicial expresa o disposición de ley.

En tanto, los sistemas instalados por el sector privado pueden captar y tratar imágenes de espacios públicos en la medida que no excedan los lindantes a las propiedades respecto de la cual sea poseedor.