EL CONGRESO ACONSEJA ECHAR A BRANDA
La permanencia del ex senador Ricardo Branda en el directorio del Banco Central quedó ayer pendiendo de un hilo luego de que una comisión parlamentaria especial decidió aconsejar al presidente Néstor Kirchner removerlo del cargo.
El dictamen no es vinculante y se definió por el apretado margen de tres votos contra dos.
Ahora, la palabra final la tendrá el jefe del Estado, que elevó hace 10 días un pedido al Parlamento para que la comisión ad hoc contemplada en el artículo 9 de la carta orgánica del Banco Central emitiera su opinión.
La estabilidad de Branda quedó en duda tras haber sido procesado por el juez federal Daniel Rafecas en la causa en la que investiga los supuestos sobornos pagados a senadores por el gobierno de Fernando de la Rúa para aprobar una reforma laboral en abril de 2000.
De los cinco miembros que integran la comisión tres aconsejaron la remoción de Branda por considerar que el fallo de Rafecas repercutió en una “pérdida de confianza” para ocupar tan alto sitial.
Apoyaron esta postura los titulares de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras parlamentarias, el senador Jorge Capitanich (PJ-Chaco) y el diputado Carlos Snopek (PJ-Jujuy).
El tercer voto fue el del vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Daniel Scioli. También fundó su postura en la pérdida de confianza, pero hace más hincapié en el hecho de que la suspensión del ex senador “no encuentra apoyatura legal en las disposiciones aplicables al caso”.
La de la suspensión hasta que se resuelva la situación procesal de Branda fue, precisamente, la posición que resultó derrotada al término de los 45 minutos que duró el debate de la comisión especial.
Esa fue la postura esgrimida por los dos miembros restantes del cuerpo: el senador Rubén Marín (PJ-La Pampa), titular de la Comisión de Economía, y el diputado Rodolfo Frigeri (PJ-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Finanzas. Ambos legisladores fundamentaron su dictamen en minoría en el precepto judicial de que “el que puede lo más puede lo menos”.
Traducido a este caso, Frigeri y Marín coincidieron en señalar que si la comisión puede aconsejar la remoción también puede sugerir la suspensión, aun cuando no esté contemplada explícitamente en la carta orgánica del banco.
Además, indicaron que la situación de Branda no configura mal desempeño de sus funciones al considerar que esa valoración debe circunscribirse a su actuación en la entidad.
Más allá de que resultase ganadora la postura de aconsejar la remoción de Branda, los cinco votos confluyen en un punto: no abrir juicio sobre la culpabilidad del ex senador por Formosa en el delito que se le imputa en la Justicia: haber recibido dinero para aprobar una ley nacional.
Así, el borrador de dictamen elaborado por Capitanich hace hincapié en la pérdida de confianza que afecta a Branda tras su procesamiento.
“Alto impacto”
El escrito señala que “el alto impacto mediático que tiene el caso [de los sobornos] puede afectar el desempeño” del funcionario, actual vicepresidente del Central, como ya lo hizo con el funcionamiento de la propia Cámara alta en su momento.
Por su parte, Snopek valora particularmente que la ley de la función pública impide el ejercicio de tareas en el Estado cuando existen procesos penales relacionados con delitos contra la administración.
Destaca, además, la importancia que el Banco Central tiene en la institucionalidad del país en su condición de órgano de contralor de los bancos y, por consiguiente, “del dinero de todos los argentinos”.
Según pudo saber LA NACION, ninguno de los dictámenes abre juicio sobre el fallo de Rafecas. Pero Capitanich y Snopek citan detalles del auto de procesamiento y las pruebas recabadas por el magistrado.
La decisión que podría poner fin a la carrera de Branda en el Central se decidió en 11 días. El pedido de Kirchner ingresó el 5 de agosto. Tras una primera reunión, la comisión escuchó el descargo del funcionario, el jueves último. Los plazos distan mucho de los que se cumplieron en 2001 cuando la comisión -con otros integrantes- debatió durante tres meses la remoción de Pedro Pou de la conducción de la entidad.
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