EL CONGRESO CONGELARÍA LA POLÉMICA LEY SOBRE LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS

Hasta nuevo aviso, el proyecto de ley de marco regulatorio quedaría en suspenso. Ese fue el mensaje que en las últimas 48 horas habría recibido el oficialismo parlamentario desde el riñón de la Casa Rosada.

Una alta fuente del PJ en la Cámara de Diputados confió ayer que “ese proyecto está en stand by hasta que se cierre el acuerdo con el FMI”.

Otro diputado oficialista con fluidos contactos en la Cancillería confió que incluso antes del viaje del canciller Rafael Bielsa a España (ver aparte) “la sugerencia del Ejecutivo fue que lo dejáramos quieto”.

Fuentes parlamentarias y del Ministerio de Economía consideraron que el Gobierno en cambio sí avanzaría con la renegociación de los contratos, al menos en 5 de los 48 casos que quedan pendientes.

La idea del Gobierno sería no avanzar con el marco regulatorio hasta concluir la negociación con los bonistas y el acuerdo con los organismos internacionales para ponerle un límite a las presiones de algunos países a los que pertenecen las casas matrices de las prestadoras locales y que pisan fuerte en las decisiones del Grupo de los 7 y del directorio del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno utilizaría el marco regulatorio como una moneda de cambio. Reimpulsaría su discusión sólo después de tener firmados los acuerdos con los bonistas y los organismos de crédito.

Pero para no tirar demasiado de la cuerda apuraría antes la renegociación de los contratos. Por eso, ayer un senador del PJ que suele manejar las negociaciones de temas económicos con la Rosada confió que la secretaría de Legal y Técnica habría anticipado que el lunes próximo ingresaría a la Cámara alta la tercera prórroga a la Emergencia Económica.

Esta vez se limitaría a que el Congreso delegue al Gobierno la renegociación de contratos y que vote la vigencia de la emergencia laboral. Es que en el Gobierno, y sobre todo en Economía, consideran que en esos dos ámbitos se juegan dos variables clave para la futura inflación del 2005: precios y salarios.

En cuanto al marco regulatorio, el texto que el Gobierno redactó y envió Diputados fue cuestionado por las empresas locales, que consideran que avanza sobre las facultades exclusivas de las compañías para decidir inversiones, tarifas y excepciones en los pagos de pobres e indigentes.

El FMI está reclamando una norma clara para el funcionamiento de las privatizadas. Pero, tampoco le gusta este proyecto.

En la Cámara de Diputados intervienen siete comisiones para discutir el dictamen de este proyecto. Ayer, Humberto Toledo (PJ Buenos Aires) titular de Obras Públicas (la comisión cabecera de las siete) confió que “recién el martes próximo ingresa formalmente”. También dijo que ese mismo día se reunirá con Mario Losada , presidente del bloque de la UCR en el Senado.

Losada logró imponer la aprobación el miércoles de un proyecto propio (que data de junio del 2003) que impide a las empresas de servicios cortar el suministro a los morosos.

Esa votación habría surgido de un acuerdo entre las cúpulas del PJ y la UCR para discutir otro tema que el Gobierno pide: la tarifa social y sobre el que hay una treintena de proyectos en ambas cámaras. Ayer José Díaz Bancalari, titular del bloque del PJ en Diputados sostuvo “no hay ninguna negociación para que eso (la ley Losada) sea ley”.

El acuerdo habría sido que el PJ acompañe la votación de un viejo proyecto de la UCR para sumar ese bloque a la discusión por la tarifa social.