El Congreso debate convertir el sistema financiero en un servicio público

Si bien la mayoría de las entidades bancarias consideran que una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) alcanzaría para corregir las deficiencias del sistema financiero argentino, el Congreso nacional inició el martes pasado el tratamiento de las propuestas que buscan modificar el esquema actual.

La comisión de Finanzas, dirigida por Alfonso Prat Gay, arrancó el análisis de la nueva ley con la exposición de representantes de las entidades de defensa de los usuarios Adecua y Procurar. Con esas exhibiciones, Prat Gay inauguró una ronda de visitas, que en las próximas semanas continuará con representantes de pequeñas, medianas y grandes empresas, bancos, reguladores y supervisores. En ese marco, algunos sectores señalaron que la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, participaría del debate, aunque allegados a Prat Gay aclararon que aún no se cursó ninguna invitación a la economista.

Tres proyectos.Al momento del inicio del debate, los proyectos de Carlos Heller y Gerardo Milman eran los únicos que habían ingresado a la Cámara baja, aunque el viernes último se agregó la propuesta del jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, que cuenta con el respaldo del Peronismo Federal. Las iniciativas de Heller y Milman coinciden -con matices- en mejorar la situación de los usuarios, aunque el primero busca erigir el sistema como un "servicio público" y el segundo lo plantea como "de interés público". Pinedo, por su parte, pone el acento en el ahorro público y el blanqueo de la economía.

Lo cierto, es que el diputado de Nuevo Encuentro, Carlos Heller, impulsa la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, con fuerte aliento a la intervención del Estado. Plantea la creación de una Defensoría del Usuario y encomienda al Banco Central la implementación de un "Código de Conducta" de las entidades. Tiene como objetivo fomentar la actividad en el interior, con premios para los bancos que abran sucursales. Pone énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y propone destinar a ese grupo el 40% de las financiaciones que van al sector privado.

También introduce un mecanismo de regulación de tasas, para que ninguna entidad pueda cobrar a las pequeñas compañías una comisión superior al 5% de la media que se paga en el sistema. Según el texto de Heller, el Poder Ejecutivo tendrá la facultad de autorizar el funcionamiento de nuevas entidades de capital extranjero. Además, el diputado propone modificar algunos artículos de la Carta Orgánica del Central y también busca crear un Sistema Estatal de Seguro de Garantía de los Depósitos.

Un visión más liberal.La norma que impulsa el PRO y el PJ disidente se opone a la concepción de "servicio público". Tiene 203 artículos en los que fija "herramientas que generen más alternativas de ahorro y un blanqueo generalizado de la economía". Según señaló Pinedo al presentar la norma, "el objetivo del proyecto es generar un cambio estructural de largo plazo para tener una economía productiva, con mucho ahorro, mucha seriedad y mucho crédito".

Básicamente, propone fomentar el ahorro a través de la actualización del capital, de acuerdo al valor de precios de diferentes productos, "obligando a que los préstamos estén calzados en la misma forma". Para el blanqueo, en tanto, fija un sistema generalizado de débitos directos y cuentas gratuitas con beneficios fiscales, para pagar impuestos, tasas y servicios públicos.

También crea la figura del Defensor del Usuario y un tribunal administrativo para resolver los reclamos. Para subsanar las diferencias del interior permite que diferentes comercios sean corresponsales de bancos y alienta la apertura de sucursales. En cuanto a créditos, el proyecto crea centrales de balances de empresas, premiando a los cumplidores, además de proponer la constitución de un Comité asesor de política monetaria y crediticia para coordinar las políticas entre el Central y el Ministerio de Economía. "No creemos en la propuesta de Heller, que busca que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal y que cree que se puede otorgar créditos por ley. Así la Argentina seguirá con préstamos al sector privado de 12% del producto en lugar de 70% como hay en Chile", subrayó Pinedo. Su texto también lleva las firmas del diputado y mano derecha de Francisco de Narváez, Gustavo Ferrari, el santafesino Walter Agosto, el bonaerense Eduardo Amadeo y el salteño, titular del bloque Peronista, Marcelo López Arias, y el macrista Jorge Triaca.

"Con el respaldo del Peronismo Federal, hemos presentado un proyecto que se suma a la discusión parlamentaria. Nuestra propuesta busca proteger al ahorrista, garantizar que los accedan al crédito lo hagan en condiciones razonables para financiar sus actividades, única vía de generar empleo genuino y por sobre todas las cosas evitar que no sean los contribuyentes y los sectores más vulnerables los paguen los costos de las recurrentes crisis económicas", subrayó Triaca. En declaraciones a Buenos Aires Económico, el legislador detalló que el proyecto empezó a ser estudiado por su sector "tras la crisis del Banco Central", que tuvo lugar durante los primeros meses del año, luego de la salida de su ex titular, Martín Redrado. "Pretendemos otorgar transparencia, accesibilidad, credibilidad, seguridad y confianza y que ello sea el resultado del aumento del ahorro que conlleve a una oferta crediticia de largo plazo.

Esto lo entendemos como un círculo virtuoso que debemos construir con solidez", enfatizó el diputado de PRO y agregó: "Nuestro fin es que los argentinos no nos encontremos a la vuelta de la esquina con una crisis, por ello, el proyecto que se convierta en ley deberá ser el que dote a nuestro país de mayores herramientas para cimentar la confianza y la previsibilidad".

Milman, por su parte, desarrolló la "Ley de Relaciones Financieras y Garantías al Usuario de Créditos y Depósitos". A través de ella, fomenta el ahorro público y también promueve la extensión de las entidades bancarias al interior del país. Entre sus particularidades, regula un sistema de ahorro para menores de edad, a fin de resucitar un antiguo esquema y mejorar la relación de la gente con los bancos en el largo plazo. Dice que las dificultades que se susciten entre las entidades financieras y sus usuarios deben ser dirimidas entre las partes, sin intervención del Central. No obstante, establece que los bancos designen a un responsables de atender los reclamos de los usuarios.

En el debate parlamentario, la propuesta de Heller cuenta con el guiño del Gobierno nacional. Si bien la Casa Rosada y el oficialismo legislativo todavía no se expresaron abiertamente sobre el tema, el diputado de Nuevo Encuentro les presentó meses atrás el proyecto a la presidenta Cristina Fernández y al titular del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, quienes dieron el visto bueno a la iniciativa. Milman cosecharía el apoyo del bloque socialista -con quien mantiene una alianza- y el PRO ya tiene el acompañamiento del Peronismo Federal. El resto de las bancadas, la Coalición Cívica de Elisa Carrió, el Proyecto Sur de Fernando "Pino" Solanas, y la UCR de Oscar Aguad, no definieron aún sus posiciones al respecto. Incluso, Prat Gay, consultado por Buenos Aires Económico, prefirió no opinar.