EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA NO QUIERE QUE LO CONTROLEN

La última entrevista de postulantes a jueces para la sala II de la Cámara Penal de la ciudad de Santa Fe, además de una terna, dejó abierta una polémica. Es que un abogado rosarino que quería presenciar esta etapa de la selección no logró ingresar a la reunión del Consejo de la Magistratura. El letrado, Carlos García Montaño, evalúa radicar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra los integrantes del organismo. Su presidente, a la sazón el subsecretario de Justicia Walter Gálvez, lo recibirá mañana para debatir los alcances de la publicidad de esta instancia fundamental en la designación de magistrados.

El viernes 25 de junio el Consejo se reunió en la Casa de Gobierno para entrevistar a los candidatos a ocupar un puesto de camarista penal en Santa Fe. Allí estuvo García Montaño, un abogado que en diciembre de 2003 envió su primera nota al entonces subsecretario Gustavo Vera, planteando su interés en presenciar el acto. Sin respuesta, reiteró la comunicación en marzo pasado, diciendo que en su carácter de “vecino de la provincia” quería “observar cómo actúa el Consejo, es decir cómo evalúa”. Aclaró que no era su intención analizar la idoneidad de los candidatos sino “ejercer el control de los actos de gobierno”.
No recibió contestación ni aviso sobre el día de celebración del concurso, pero extraoficialmente se enteró de la fecha y viajó a la capital. “El proceso ya había empezado; pedí hablar con Gálvez y éste me dijo a través de su secretario que no podía entrar porque aún el Consejo no había decidido si correspondía o no”, relató el profesional, quien entiende que no necesita ser autorizado ya que asistir es su derecho. Y que ese derecho fue violado, por lo que iniciaría acciones, como por ejemplo una denuncia penal.

“Nada me prohíbe estar allí, y todo lo que no está prohibido está permitido”, explicó García Montaño, aludiendo al artículo 19º de la Constitución nacional. “Además hay un principio constitucional que es la publicidad y el control de los actos de gobierno”, se quejó. También desempolvó el artículo 90º del Código Procesal Civil de la provincia, según el cual las audiencias de los juicios en los que se disputan intereses privados son públicas. “¡Con cuánta mayor razón deberían ser públicas las audiencias de entrevistas de candidatos a ocupar el cargo de juez, ya que aquí el interés ciudadano se encuentra mucho más comprometido que en el de un juicio entre particulares!”, completó el abogado rosarino.

En tanto, el subsecretario Gálvez recordó que el Consejo de la Magistratura es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, que funciona a pleno desde el año pasado. Está integrado por el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco; por un representante del gobernador, Gustavo Vera, y por un miembro del Colegio de Magistrados y otro del Colegio de Abogados de la circunscripción que corresponda, además del subsecretario de Justicia, es decir el propio Gálvez, que hace las veces de presidente.

“No pueden ingresar terceros porque se entiende que están contenidos en las partes antes mencionadas”, opinó el funcionario. Incluso consideró que el caso de García Montaño es sencillo de resolver, ya que podría vehiculizar su inquietud a través del Colegio profesional. Consultado sobre qué sucedería si un periodista o un ciudadano pretendieran acceder al acto, Gálvez respondió que deberían ser autorizados.

“Esto no es un examen de la facultad. Hay que analizar si el entrevistado quiere que haya otras personas además de los miembros del Consejo”, amplió. Según dijo, durante el transcurso de la conversación con los aspirantes se hacen “preguntas personales”, como por ejemplo su lugar de residencia o por qué quiere ocupar el cargo de juez.

Gálvez defendió el Consejo de la Magistratura, una institución nueva que eleva al gobernador una terna para que después el mandatario decida a quién designa, independientemente del orden de mérito. “Antes era a dedo y ahora no queda fuera ningún actor vinculado a la Justicia”, consideró. Por último opinó que la situación de García Montaño el 25 de junio en Santa Fe no constituye delito y por tanto no hay elementos para una denuncia penal. El subsecretario accedió a un pedido de audiencia del abogado para tratar el tema, reunión que se concretará mañana.

“Es importante discutir estas cosas porque el Consejo, en caso de que se reforme la Carta Magna de la provincia, tendría rango constitucional”, expresó. En la misma línea se expidió García Montaño: “El sistema debe mejorarse y eso se logrará si hay participación”. La polémica está abierta y no parece menor en una provincia donde todos los días se alza un reclamo de justicia.

El ingreso de empleados sí se puede auditar

La ocurrencia del abogado Carlos García Montaño tiene un antecedente exitoso. En setiembre de 2000 pidió autorización a la Corte Suprema para presenciar las distintas etapas del concurso de ingreso de empleados del Poder Judicial. En noviembre del mismo año, el máximo tribunal se expidió: “Los exámenes orales para el ingreso del personal administrativo de estos tribunales son públicos”.

Como consecuencia, tanto García Montaño como el Colegio de Abogados de Rosario participaron del acto, experiencia que repitieron el año pasado (los concursos se hacen cada tres años). Gracias a estas intervenciones se elevaron propuestas de modificación del proceso de selección que fueron aplicadas. “Se usó un nuevo reglamento, más objetivo y transparente”, contó el profesional.

Sin embargo, las cosas no le fueron tan fáciles en el Consejo de la Magistratura. Su aspiración era presenciar la última parte del examen, que comienza con una etapa de antecedentes y sigue con otra de oposición (redacción de una sentencia). La última etapa es oral, es decir la entrevista. Luego los integrantes evalúan, dejando de todos los examinados sólo a tres. Ellos formarán parte de la terna que se eleva al Poder Ejecutivo.