EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA VOLVIÓ A APLAZAR SU DECISIÓN SOBRE EL FUTURO DEL JUEZ RODRÍGUEZ

En la mañana de hoy, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura suspendió nuevamente el tratamiento de los dos dictámenes, tanto el acusatorio (firmado por Diana Conti) y el desestiamtorio (firmado por Federico Storani), debido a que uno de los consejeros, Beinusz Szmukler solicitó nuevas medidas probatorias como: oficiar a bancos sobre cuentas bancarias del Juez Rodríguez y las declaraciones juradas del período 2005.

Además, pidió que se lleve a cabo la citación de actores y abogados que participaron de los procesos donde se liberaron depósitos en dólares durante el default

Así las cosas, Rodríguez sigue al frente del Juzgado que, entre otras miles, lleva adelante la causa por la represión ilegal en Santa Fe durante la última dictadura. Por lo menos por los próximos 15 días, hasta que vuelva a tratarse el tema en el Consejo de la Magistratura.

Uno de los consejeros, Beinusz Szmukler, relató oportunamente los pormenores de la nueva postergación: “Hace dos semanas debía tratarse el dictamen que presentó la consejera (y diputada) Diana Conti; en ese momento el consejero (Federico) Storani pidió estudiarlo; a la semana siguiente dijo que quería hacer un dictamen en disidencia, pero pidió una nueva postergación porque no había tenido tiempo, y hoy sorpresivamente la diputada Conti propuso otra postergación”, explicó.

Luego, el consejero deslizó sus sospechas sobre los motivos de las demoras: “Se está produciendo una situación muy extraña en este caso. Nosotros no estamos acusando de ningún delito al juez (Reinaldo Rodríguez), sino de mal desempeño en sus funciones. No me corresponde a mí decir por qué se posterga, sino a quienes pidieron la postergación”. Además, aseguró que en el caso del magistrado Federal están implicados abogados de Lomas de Zamora, que habrían participado de las especulaciones con los bonos en default.

El consejero señaló que hasta 2001 –cuando llegó a Santa Fe para hacerse cargo del Juzgado– Rodríguez había desarrollado todas sus tareas profesionales en esa ciudad del sur del Gran Buenos Aires. Y aseguró que “necesariamente debe conocer” a los implicados.

Por su parte, hace unos días, el Presidente del organismo, el Diputado Federico Manuel Storani, solicitó una semana de plazo en varias oportunidades para presentar un dictamen desestimatorio en minoría, contrario a lo que había pedido la mayoría que solicitó se destituya al Magistrado.

En ese sentido el Presidente de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y Diputado Nacional por la UCR Federico Storani señaló que “hay dos posiciones claramente enfrentadas, la acusatoria, impulsada por un consejero y una posición hecha sobre la base de desestimar la acusación, que es la que yo sustento personalmente”, expresó el diputado.

Al fundamentar su postura de desestimar la acusación y por lo tanto posicionarse en contra de la remoción del magistrado santafesino, Storani dijo que “por lo que hemos estado analizando no me parece que las acusaciones tengan la entidad como para plantear la remoción, porque lo que se analiza es el mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional y desde mi punto de vista no están dados los extremos para una medida tan seria y tan grave”.

Cabe destacar que el juez Rodríguez puede se suspendido por el cuerpo si se vota en mayoría el dictamen acusatorio, pero resta otra instancia: el jury de enjuiciamiento que lo define el pleno del Consejo de la Magistratura, que tiene las facultades de suspender al juez o, en su defecto, desestimar las denuncias.

El Juez está siendo investigado por el grado de responsabilidad que le cabe en la tramitación de títulos de la deuda durante el default y el mal desempeño que le adjudica una denuncia emitida por funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación durante la gestión de Roberto Lavagna, oportunidad en la que se presentaron ocho casos de tenedores de títulos que accionaron contra el Estado Nacional.

Idéntica situación se registró el martes 22 de agosto, cuando el mismo Consejero pidió siete días más para –en la misma situación- emitir un dictamen en minoría.

En tanto, el pasado 11 de julio el Magistrado debía declarar ante la Comisión, pero optó por mantener el silencio aunque sus abogados defensores sí presentaron un escrito donde constaba su descargo.

En aquella oportunidad, fuentes judiciales difundieron extractos de la declaratoria de Rodríguez, donde podía leerse: “Mantuve un criterio uniforme, por cuanto en su momento declaré la inconstitucionalidad del bloque normativo de la emergencia, que importó una violación, primordialmente, al derecho de propiedad de quienes resultaban acreedores respecto a obligaciones oportunamente contraídas por el Estado Nacional”.

LA ACUSACIÓN

Los Consejeros que integran la Comisión de Acusación decidieron convocar al Juez federal de Santa Fe, ante la presunción de la ocurrencia de:

– desconocimiento del derecho, en orden a la legislación vigente en materia de emergencia y pesificación respecto a títulos emitidos por el Estado.

– negligencia grave en el análisis y ponderación de los hechos denunciados.

– negligencia grave en el mantenimiento de cautelares, a pesar de que se le había informado desde el Estado que los títulos -objeto de la acción- habían sido adquiridos en forma posterior a la cesación de pagos.

– la adopción de criterios arbitrarios en causas sobre la constitucionalidad de la cesación de pagos.

– negligencia grave por la falta de resolución de los planteos realizados oportunamente por el Estado.

PIDEN QUE EL JUEZ SE APARTE DEL EXPEDIENTE

El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde – constituído como uno de los seis querellantes del proceso judicial que investiga la represión ilegal en Santa Fe- presentó el pasado 11 de septiembre un escrito en el propio Juzgado donde solicita el elejamiento de Rodriguez de la investigación (expediente 311).

Duhalde fue el último en constituirse como querellante en el proceso. Ya los son el abogado Jorge Pedraza, José Schulmann, Patricia Isasa, Alba Sanchez y Daniel García.

La semana pasada, el Juzgado corrió vista a las partes para notificarle la decisión de elevar la causa a juicio oral. Se supone que tanto los querellantes y el propio Fiscal Eduardo Grioglio rechacen la posibilidad de cerrar la instrucción en el estado actual.