EL CÓNSUL URUGUAYO EN GUALEGUAYCHÚ NEGÓ HABER COLABORADO CON LA DICTADURA

El cónsul de Uruguay en Gualeguaychú, Arisbel Arnoldo Arocha, denunciado en Argentina de haber colaborado con la dictadura de su país desde un cargo diplomático en Buenos Aires, rechazó las acusaciones en su contra y, aunque reconoció que trabajo en la Embajada entre 1975 y 1977, aseguró que durante esos años hizo “todo lo posible” para ayudar a sus compatriotas radicados en el país y perseguidos por el entonces gobierno de facto de Montevideo.

En sus primeras declaraciones después de se conociera la presentación formulada por organismos de Derechos Humanos a partir de la declaración de un sobreviviente del centro clandestino de detención Automotores Orletti, el diplomático aseguró que no tuvo “nada que ver” con los hechos denunciados.

Quienes lo señalan, afirman que, mientras Argentina y Uruguay coordinaban sus aparatos represivos en el plan Cóndor, Arocha le negó el pasaporte al senador Zelmar Michelini para impedirle su salida de la Argentina y que manejaba listas de presuntos subversivos requeridos por la dictadura uruguaya.

El cónsul, designado por el presidente Tabaré Vázquez y ratificado tras las denuncias por el canciller Reinaldo Gargano, dialogó ayer con una radio uruguaya tras recibir una autorización de Cancillería. En sus declaraciones, reproducidas hoy por el periódico La República, sostuvo que los hechos que le atribuyen ocurrieron con anterioridad a su desempeño en la Embajada.

Añadió que, contra la colaboración con la dictadura de la que está acusado, mientras estuvo en Buenos Aires hizo todo lo que estaba a su alcance “en la medida de lo posible y en circunstancias muy difíciles” para ayudar a los uruguayos que residían en Argentina y eran perseguidos por la dictadura oriental.

También deslindó cualquier responsabilidad propia al sostener que “un porcentaje altísimo de las cosas que estaban pasando no eran fáciles de conocer” y que nunca sospechó que “pasaban esas cosas extrañas”.

La causa en la que se lo vincula con la dictadura uruguaya está en manos del juez federal Daniel Rafecas. Conocida la denuncia, ayer Gargano y el actual embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo, llamaron al vicecanciller argentino, Roberto García Maritán, para interiorizarse sobre la acusación. El canciller dijo que no se moverá del cargo al cónsul y que las acusaciones son “sólo un rumor”.