EL CORREO YA VOLVIÓ A MANOS DEL ESTADO

El nombre de la nueva empresa será Correo Oficial. Arrancará bajando algunas tarifas, pero con los mismos empleados: sólo se irán los directores que responden al Grupo Macri. Son las primeras decisiones que definió el Gobierno tras rescindir ayer la concesión postal por los incumplimientos del concesionario privado.

Ayer, por la vía del decreto, el Gobierno retomó la operación del Correo y fijó un plazo de 180 días para llamar a una licitación para seleccionar a otro operador privado.

Anoche- -en un acto celebrado en La Plata— el presidente Néstor Kirchner destacó que “logramos recuperar para el Estado el Correo que estuvo en manos de aquellos que no cumplieron ninguna de sus obligaciones”.

La nueva operación estatal quedó a cargo de una Unidad Administrativa presidida por el diputado nacional kirchnerista Eduardo Di Cola, e integrada por otros dos funcionarios aún no designados. Y tomó forma a través de una rápida ofensiva de los funcionarios, que hicieron cumplir los decretos presidenciales 1074 y 1075 apenas horas después que se conocieran.

Por medio del decreto 1074, el Gobierno rechazó todos los reclamos y peticiones que habían efectuado los directivos de Correo Argentino SA. Tras dar por agotada la “vía administrativa” a los planteos del concesionario, el decreto destacó que “no existe incumplimiento alguno del Estado” y que el accionar del operador se caracterizó por una estrategia de “reclamo sistemático orientado a generar presuntas acreencias para eximirse de la obligación de pagar el canon”.

La ofensiva legal del Gobierno se completó con el decreto 1075, que estableció la “rescisión del contrato por culpa del concesionario” y dispuso la “operación transitoria estatal del servicio”.

De acuerdo con los argumentos del decreto 1075, la caída de la concesión se produjo por:

Falta de pago de los cánones comprometidos. El total de la deuda desde el 1999 trepa a 502 millones de pesos.

Aumentos tarifarios no autorizados en los servicios básicos e internacionales.

Reiteración de conductas infractoras que agravaron el incumplimiento de las normas y estándares del servicio.

Actos orientados al desmantelamiento del patrimonio inmobiliario de la concesión.

Acompañados por escribanos que notificaron al concesionario la existencia de los decretos que aún no habían sido publicados en el Boletín Oficial, los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones tomaron posesión de los edificios del Correo en las primeras horas de ayer.

Los nuevos administradores estatales aseguraron que —salvo el directorio privado de CASA— todos los empleados (y aún los gerentes) del Correo conservaran sus puestos de trabajo. En sus primeras horas en la función, los hombres de la Unidad Administrativa decidieron que el Correo “cobrará las tarifas reguladas por el ente regulador”. Esto es, darán marcha atrás con los aumentos de hasta 400% en las cartas internacionales que aplicara el concesionario privado en 2002. También podrían revisar los aumentos en las casillas postales que fueran cuestionados por Defensa del Consumidor.

El Correo se privatizó en 1997 mediante una “concesión” onerosa. El ganador había sido el consorcio CASA —liderado por el grupo Macri— que ofertó un canon anual de $ 103,2 millones. Pero a partir de 1999 dejaron de pagarlo. Y en setiembre de 2001 se presentó en concurso de acreedores, con un pasivo de $900 millones, de los cuales casi 300 millones correspondían a los cánones no desembolsados. Desde ese momento, se generó otra deuda postconcursal que agregó 206 millones de pesos a las cánones impagos. El principal acreedor de la convocatoria de CASA es el propio Estado: a las deudas por los cánones se suman las obligaciones impagas a la Afip y al Banco Nación.