EL DEBATE POR LOS INDULTOS SE INSTALA EN EL CONGRESO
La Cámara de Diputados será escenario esta tarde de una sesión especial convocada a instancia de legisladores de izquierda que pretenden avanzar en la anulación de los indultos que en la década del ´90 beneficiaron a los máximos responsables de la última dictadura.
De todas maneras, todo hace prever que el debate en el recinto se desarrollará en minoría dado que el justicialismo adelantó su decisión de no dar quórum para el tratamiento de la anulación de los indultos por la vía parlamentaria en tanto el gobierno mantenga su postura en favor del camino judicial.
De hecho, ayer el propio presidente Néstor Kirchner expresó su postura de que debe ser “la Justicia” la que se expida sobre la eventual anulación de las medidas dictadas por el ex presidente Carlos Menem, que impidieron que avancen las investigaciones de responsables de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.
La discusión a partir de las 14 de esta tarde se dará en el Congreso a sólo una semana de la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, decisión que fue celebrada por autoridades del Ejecutivo y por representantes de organismos de derechos humanos.
La necesidad de avanzar en torno a los indultos que beneficiaron a altos jefes militares luego de anuladas las denominadas leyes de la impunidad -que alcanzaron a las líneas intermedias- fue planteada días atrás por el titular del Ejército, Roberto Bendini; por el ministro de Defensa, José Pampuro; por Rosatti; y por el ex presidente Raúl Alfonsín.
En el Congreso -específicamente en la Cámara de Diputados- la derogación de los indultos fue debatida ya sin éxito en tres sesiones especiales siempre realizadas en minoría: una de ellas fue el 23 de mayo de 2004, y las otras el 22 de marzo y el 22 de mayo de 2005, todas pedidas por Patricia Walsh (Izquierda Unida).
Los proyectos que aspiran a debatir los legisladores que pidieron la sesión especial corresponden a Patricia Walsh, de Izquierda Unida, y a la diputada radical Margarita Stolbizer y apuntan a derogar los decretos dictados en 1990 por Carlos Menem, que beneficiaron a 200 militares.
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