EL DEBATE SOBRE LA EDAD PARA VOTAR

Se inicia en estos días un nuevo debate político. Esta vez es sobre la modificación de la edad para la habilitación del derecho a votar. Lamentablemente, la cuestión aparece en el marco de especulaciones electorales.

A muchos ciudadanos de este país nos hubiera gustado que la cuestión hubiera surgido como demanda de los jóvenes y con relación a los problemas del futuro. La agenda inconclusa de la Argentina de nuestros días compromete el futuro de los jóvenes: las obligaciones que genera la deuda pública, los efectos de la ley de responsabilidad fiscal sobre los recursos disponibles en las provincias para asegurar la distribución igualitaria de bienes públicos (educación, salud), la distribución primaria de la ley de coparticipación -que es la que define los recursos con los que el Estado asegurará los derechos civiles a los habitantes del país-, la política social que impacta en la calidad de vida de cada uno de nosotros, la desocupación, el trabajo en negro, el trabajo infantil, el analfabetismo funcional, el desconocimiento de los códigos de la sociedad de la información, la crisis de la seguridad social, el agotamiento de los recursos naturales, son algunos de los muchos temas que definirán el futuro posible para nuestros jóvenes.

Ellos deben ser convocados e integrados a la formulación de la acción colectiva. Pero, no solamente para que deleguen su voluntad en otros.

Se los ha excluido de toda consulta seria, pública, en la formulación del plan de seguridad. Pese a que en el país existen centros de estudiantes en casi todas las escuelas medias, no existió una consulta formal a las organizaciones juveniles que, al menos, nuclean a los jóvenes que van a la escuela. Este tema no fue tomado ni por el Ministerio de Educación de la Nación ni tampoco por el Ministerio de Justicia. Tampoco por los gobiernos de las provincias argentinas.

¿Por qué no se reconoció en los jóvenes la capacidad para opinar sobre la reducción de la edad para la imputabilidad y se los trató como niños? ¿Por qué ahora, a esos mismos jóvenes-niños , se los convocaría a elegir? Es de esperar que el debate se profundice y que junto con esta propuesta, que parece estar ligada a una estrategia electoral, aparezcan más claros los compromisos estatales para asegurarles a esos jóvenes los derechos a la vida, a la familia, a la salud, a la educación, al trabajo.

Los derechos civiles y sociales que el Estado les debe garantizar, hoy están cuestionados por la delegación de las obligaciones en organizaciones de la sociedad civil y por la debilidad de las oficinas públicas. Sabemos que no hay ciudadanía política sin ciudadanía civil y social. No debemos permitir que a los jóvenes se los trate como a clientes.

A los jóvenes hay que integrarlos a la sociedad, reconociéndoles y asegurándoles sus derechos y haciéndoles cumplir sus obligaciones (educarse entre ellas). Los derechos civiles y sociales universales deben ser acompañados por derechos políticos, también universales. La no obligatoriedad del derecho al voto sólo puede terminar en la apropiación clientelar de los que menos pueden o tienen. Esperemos que este debate que hoy se inicia tenga por protagonistas a los jóvenes y no, solamente, a los que necesitan de sus votos.