EL DERECHO A LA INFORMACIÓN SE METIÓ EN LA INTERNA DEL JUSTICIALISMO

Una vez más quedó demostrada la ríspida relación que existe entre los bloques justicialistas de las dos cámaras legislativas. Por un lado, los diputados santafesinos votaron por unanimidad el mensaje del Poder Ejecutivo sobre el libre acceso a la información pública, que no contiene restricciones de ningún tipo; por el otro, la gran mayoría de los senadores del PJ presentó una iniciativa de similares características, pero donde se ratificó la figura del interés legítimo (aunque no quedó expresado en estas palabras sino que se buscó un giro explicativo).

Desde hace algunos días se sabía que la Cámara baja iba a votar el proyecto denominado Derecho a la Vista, donde se contempla que toda persona, física o jurídica, tiene derecho a acceder a información pública completa, veraz, adecuada y oportuna de los entes y órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empresas y sociedades del Estado o con participación estatal y otros entes públicos que constituyen la administración general, sector público provincial no financiero y financiero.

También, el derecho a la información alcanza a las sentencias definitivas y resoluciones judiciales equiparables a ellas, dictadas en causas en las que la provincia sea parte o en que se halle comprometido el interés público.

De esta manera, todos los bloques (oficialismo y oposición) se pusieron de acuerdo en la norma, donde aclara que la solicitud de información pública se instrumentará por escrito, en un formulario entregado por el órgano o ente requerido que deberá ser confeccionado por el Poder Ejecutivo conforme a la reglamentación de la ley. Además, contiene otras especificaciones, como las responsabilidades y sanciones para el o los funcionarios que no den a conocer lo requerido, el tiempo para ser respondida la consulta y queda consagrada la gratuidad del trámite pertinente.

Ahora, el interés público

Por su parte, el proyecto de la mayoría de los senadores justicialistas tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública a fin de permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público (la pregunta es saber quién es el que define qué es de interés público), estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.

Incluso, la ley elaborada por el senador por el departamento 9 de Julio, Joaquín Gramajo (PJ), en su artículo 3º, tiene un párrafo que no es muy claro y que podría interpretarse como un avance contra los medios de comunicación social o cualquier otro ente privado, “con o sin fines de lucro, que tengan fin público o posean información pública”.

En ese sentido, el requirente deberá indicar el motivo de su solicitud, en la que tendrá que informar si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos u otro que exprese la reglamentación de la norma. A su vez, la respuesta podrá tener un arancel –de acuerdo al costo de lo solicitado– y a cargo del requirente, o podrá ser gratuita.

En cuanto a los plazos, la respuesto no deberá demorar más de 20 días hábiles, con otros 15 días más en caso de ser necesario. Asimismo, cuando el o los funcionarios se nieguen a contestar el requirimiento se considerará una falta grave a sus deberes de funcionario público y las empresas privadas (que cumplen funciones públicas o tienen información pública) serán multadas. Ese dinero se destinará a la Dirección Provincial de Comedores Escolares.

En el Senado es otra cosa

Este proyecto pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales y los senadores provinciales que lo presentaron ya descuentan que se discutirá en conjunto con la iniciativa que ayer obtuvo media sanción –por unanimidad– de los diputados santafesinos. Además de Gramajo, esta propuesta fue apoyada por Ricardo Spinozzi (General López), Norberto Betique (Iriondo), Juan Carlos Mercier (La Capital), Danilo Capitani (San Jerónimo), Hugo Pucheta (Vera), Jorge Malugani (Constitución), Ricardo Olivera (San Justo), José Baucero (San Javier), Armando Traferri (San Lorenzo), Juan Carlos Baccalini (Caseros) y Alberto Crosetti (Belgrano).

Los únicos justicialistas que no firmaron el proyecto fueron los ausentes Alcídes Calvo (Castellanos) y Héctor Ocampo (General Obligado), mientras que Daniel De Petris (San Martín ) –presidente del bloque y quien formalizó el ingreso– dijo a Diario UNO que desconocía esta iniciativa y que sólo se remitió a presentarla en la Cámara alta.