EL DIPUTADO CECCHI INDAGA SOBRE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL FONDO DE VIVIENDA DE UPCN

El diputado socialista presentó dos PEDIDOS DE INFORMES. El primero hace referencia a la necesidad de darle transparencia a la elección de los Vocales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El texto de este Proyecto de Comunicación es el siguiente:

“La CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda y ante el vencimiento de los mandatos de tres integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia, proceda a:

1º – Tener en cuenta para el cubrimiento de los mismos, además de la integridad ética e idoneidad técnica, la representación territorial y de género en las personas a proponer.

2º – Consultar con los Colegios de Profesionales en la materia, para elegir entre profesionales con mayor idoneidad y prestigioso.

3º – Antes de enviar los pliegos correspondientes, hacer público los antecedentes de los postulantes, para que la ciudadanía en general pueda formular las impugnaciones o adhesiones que les merecieran.

Señor Presidente:

El Art. Nº 81 de la Constitución Provincial, establece que “un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la Provincia, tiene a su cargo, en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades que resulten”, en cuyos cargos duran seis años.

A pesar que el organismo tiene “jurisdicción en toda la Provincia”, ha sido habitual que en su integración no se viera reflejado el interior de la Provincia que, no obstante, aporta generosamente para constituir el erario público.

Tanto, que es vox populi la dimensión del aporte tributario del sur santafesino en general (que rondaría el 70%), y de Rosario en particular, a pesar de lo cual sólo excepcionalmente hubo algún integrante del TCP con esa procedencia, por lo que la realidad muestra que los mayores aportantes al erario público están prácticamente ausentes a la hora de fiscalizar la inversión de sus aportes.

Lo mismo sucede con la integración de la mujer en dicho órgano que, parecería, no ha sido en el pasado un ámbito propicio para su participación.

Por lo demás, el actual titular del Poder Ejecutivo, cuando ejerció la Intendencia capitalina entre los años 1991 y 1995, integró el TCP Municipal (de tres integrantes), con un miembro que representaba a la oposición (Dr. Carlos Iparraguirre), decisión política que nosotros hemos valorado como positiva y de esencia republicana, y que, esperamos, le sirva como antecedente para la renovación del Tribunal de Cuentas de la Provincia que se avecina.

Asimismo, es de destacar el sistema que se implementó en la Nación para el cubrimiento de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia que, además de superar la reprochable y antirrepublicana connivencia entre el Poder Político y el Judicial del pasado reciente, tiende a garantizar mayor transparencia en la designación de tan altos magistrados, y a promover una activa y valorable participación de la Comunidad y de las Entidades Intermedias en la nominación de quienes tendrán responsabilidades públicas que incidirán inexorablemente sobre la sociedad toda.

En Efecto. El Decreto 222/03 del PEN establece tener en cuenta para el cubrimiento de vacantes en la CSJN, “las diversidades de género y procedencia regional”, y la amplia publicidad de “los antecedentes curriculares de la persona” junto a la “declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores”, para que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos”, puedan exponer “por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar”.

Ante ello, y como tres integrantes fueron acordados por la Asamblea Legislativa realizada el 13 de agosto del ´98, por lo que sus mandatos vencen próximamente, es que entendemos procedente advertir al Poder Ejecutivo que para dicha oportunidad, prevea su reemplazo con una integración territorial y de género que represente a toda la provincia y no sólo a una parte”.

MAGUID, U.P.C.N Y LAS DUDAS SOBRE LOS FONDOS RECIBIDOS POR EL GREMIO DE PARTE DEL ESTADO SANTAFESINO

La CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, proceda a informar:

1° – Monto de las erogaciones anuales desde 1992 a la fecha que realiza el Gobierno de la Provincia a favor de las entidades gremiales representativas del personal estatal, con discriminación de porcentajes y sus bases imponibles, conceptos y de gremios destinatarios, especificando lo correspondiente a aporte del personal y de la patronal, y forma de acreditación de los mismos.-

2º – Si las retenciones sobre el salario que se aportan a los gremios son realizadas con la voluntad expresa de los empleados públicos, o compulsivamente, o si se encuadra como un subsidio estatal, y si el mismo se le aplica a todo el personal, independientemente que esté o no afiliado a gremio alguno.-

3° – En qué figura jurídica-administrativa se encuadra la expresión “Bonificación no Retribuible”, y cómo debe entenderse o qué efectos prácticos tiene que una “bonificación” salarial no sea “retribución”.-

4° – Detalle de las asignaciones, aportes o subsidios a los gremios según Actas Paritarias N° 1, N° 10, N° 21 y N° 38, realizadas en el marco de la Ley 10.052.-

5° – Si algún organismo público provincial audita el destino de esos fondos, y en tal caso, resultados de esas fiscalizaciones.-

6° – Si el Fondo de Vivienda, asignado por Acta Paritaria N° 1 del 31-08-87, homologado por Decreto N° 3.020/87 en el marco de la Ley 10.052, tiene como beneficiarios exclusivos a los empleados de la Administración Pública.-

Señor Presidente:

El 18 de abril de 2002, el Bloque Socialista ingresó el Expte. Nº 9533-BS, conteniendo exactamente el mismo texto resolutorio del que hoy ingresamos, en atención a trascendidos periodísticos que daban cuenta de “erogaciones públicas realizadas por el Poder Ejecutivo a favor de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), a partir de Actas Paritarias llevadas a cabo en el marco de la Ley 10.052, que rondarían los $ 800.000 mensuales, es decir, casi diez millones de pesos anuales, cifra particularmente significativa para una realidad provincial y nacional en continuo ajuste de la inversión pública”.-

A pesar de reiterados pedidos de tratamiento preferencial, dicho Proyecto nunca mereció la atención del Bloque oficialista, perdiendo estado parlamentario.-

Ahora, exactamente dos años después, el 18 de abril de 2004, el diario La Capital de Rosario, titulando Cuando un cargo se usa para obtener impunidad, expresa textualmente en una nota de Javier Felcaro:

El gremialista Maguid utilizó su investidura de diputado provincial para intentar silenciar a un periodista rosarino

La embestida al periodismo por parte de Alberto Maguid, diputado provincial del PJ y secretario general de la seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), intenta interponer, por la fuerza, una verdad parcial a la realidad.

Las intimaciones a David Narciso, periodista de LT8 (Multimedios La Capital) y del diario El Ciudadano, con sendas cartas recibidas el 31 de marzo y 6 de abril pasados, se produjeron en momentos en que el proceso penal que tiene a Maguid en la mira como “jefe de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial y a evadir impuestos nacionales” ingresaba en una etapa clave.

El Juzgado Federal en lo Penal Económico porteño que había tomado la causa acababa de declarar su incompetencia, por lo que la investigación regresó al despacho de su par santafesino Reynaldo Rodríguez, quien se excusó previamente.

Maguid, en la primera carta, estampó su pedido de ratificación o rectificación de supuestos dichos de Narciso (en el programa “Sin límites”) en una hoja con membrete de la Cámara de Diputados de la Provincia. Llamativo, no sólo por el presunto afán intimidatorio: como advirtió el propio periodista, el legislador parece mezclar “una investidura que le dio el pueblo en un caso que lo afecta como dirigente gremial”.

Sobre el detonante de la reacción del líder de UPCN, Narciso explicó que sólo se trató de “reflejar una causa penal que desde hace tiempo involucra a Maguid, en la que existen acusaciones muy graves por manejo de fondos públicos”. Y enfatizó que “de ninguna manera” incurrió en injurias, “por lo que no hay nada de qué retractarse”.

El escándalo de la presunta organización ligada a UPCN con el objetivo de evadir impuestos en la confección de vestimenta laboral para empleados públicos provinciales se amplificó cuando la fiscal federal santafesina Griselda Tessio le pidió a Rodríguez que cite a Maguid.

El supuesto affaire implica el desmanejo del denominado Fondo de Ropa de Trabajo, consistente en el uno por ciento de la masa salarial que paga la provincia desde 1990 en adelante.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) detectó las primeras irregularidades en el 2000. Luego, Tessio encontró al gremialista supuestamente responsable de ejercer la jefatura de una asociación ilícita.

La fiscal argumentó: “Surge claramente que se organizó una estructura con el fin de defraudar al Estado provincial (…). Se inflaron en forma desmedida los precios de los bienes que compraba UPCN (ropa de trabajo), utilizando como intermediarias a empresas cuyo objetivo era, precisamente, inflar los precios”.

Tessio señaló a las firmas Comper SA, Segutex SA, Servycom SA y AGB SA por vender a UPCN material con remarcaciones superiores al 300 por ciento de los valores en mercado. También por evadir impuestos. Paradójicamente, el gobierno santafesino nunca cesó la entrega de dinero al gremio.

Pero hay más: según los elementos que maneja la fiscal, “la rotación del dinero también demuestra cómo los pagos realizados a estas empresas volvían a la conducción” sindical.

Lo certifican “los cheques que fueron librados por UPCN para abonar facturas a estas firmas, cobrados por el mismo Maguid (…). Es evidente que las empresas investigadas fueron creadas para los fines señalados”.

No obstante, Rodríguez sostuvo que la pesquisa debía continuar en la Capital Federal porque las empresas involucradas en las maniobras tienen domicilio fiscal en esa ciudad. Una posición emulada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

La Justicia federal porteña concluyó que el caso deberá proseguir en la capital provincial, lugar de residencia de los presuntos responsables de los delitos. Si Rodríguez se mantiene firme (los próximos pasos desembocan en la indagatoria a Maguid), la Cámara rosarina volverá a dirimir la cuestión.

Pero, más allá de la derivación de la causa Maguid, el intento de condicionar la difusión del caso por parte del supuesto involucrado arroja un peligroso antecedente en la provincia de Santa Fe.

Ante los más de cien millones de pesos que se habrían transferido por parte del Estado santafesino a favor de UPCN por los conceptos que se indican en la parte resolutiva; por la gravedad de las afirmaciones de la Fiscal; y el no menos grave escrito del diario, se impone reiterar el pedido de informes; conocer en sus detalles los montos, sus destinos y sus fiscalizaciones; y deslindar responsabilidades ante una cuestión que eventualmente podría generar un nuevo descrédito a las instituciones.-