EL DIPUTADO JULLIER CRITICÓ NO SÓLO AL PODER EJECUTIVO SINO TAMBIÉN A LA JUSTICIA DE LA PROVINCIA

“Más que detenerse en descalificaciones, las autoridades deberían seguir el ejemplo de los funcionarios que demuestran valentía, coherencia y compromiso ciudadano, como la magistrada Laura Cosidoy, quien desde hace años viene denunciando el narcotráfico”, sostuvo Jullier.

Hace pocos días, la jueza federal Laura Cosidoy expresó que en algunos bares de la ciudad de Rosario se vende droga “ante la inactividad de la policía”. Para el diputado Jullier, “estas afirmaciones vienen a corroborar la inquietante ineficacia mostrada por el gobierno provincial en materia de política de prevención del tráfico de estupefacientes”.

“No nos llaman la atención los ataques de algunos funcionarios y miembros de la Justicia local hacia una magistrada como Cosidoy. Una actitud similar demostró el oficialismo cuando salió a la luz el caso de Claudio Capdevilla, un policía santafesino que demostró honestidad y valentía y fue víctima de la impunidad reinante en esta provincia”, expresó el legislador.

Hay datos preocupantes en relación al narcotráfico y las respuestas oficiales. Hace escasos días, el propio gobierno, a través de sus organismos competentes, contestó un requerimiento legislativo desnudando que los controles sobre el narcotráfico mermaron ostensiblemente: durante el año 2005 las diecinueve brigadas operativas de la Policía provincial secuestraron 192 kilogramos de marihuana, 90 veces menos que en 2001.

“Estas cifras son escalofriantes, pero no es sólo responsabilidad del Poder Ejecutivo la progresión del problema. La Justicia no brinda respuestas confiables para detener el narcotráfico”, sostuvo Jullier.

“Es llamativa la reacción del presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, con declaraciones referidas a Laura Cosidoy”, puntualizó el legislados demoprogresista. “Rafael Gutiérrez –continuó–, junto a los demás jueces provinciales, debería centrar sus esfuerzos en poner en marcha todas las herramientas legales a su alcance para detener este flagelo. Pero lamentablemente hoy no abundan estas conductas.

Por el contrario, magistrados como Aldo Precerutti sobresalen por su escasa intención de investigar hechos como la dudosa muerte del policía Claudio Capdevilla”.

“El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe –añadió Jullier– dice que Cosidoy tiene que denunciar ante los tribunales lo que afirmó en los medios, y si bien es cierto que debemos respetar los mecanismos de contralor del sistema republicano, vale la pregunta: ¿Es fiable esta Justicia santafesina? ¿La Justicia que dejó prescribir el caso Vanrell, los negociados probados en la causa IBM-Banco de Santa Fe? ¿La Justicia que no investiga seriamente las responsabilidades de la inundación de 2003 y los asesinatos de diciembre de 2001?”.

El legislador sostuvo que “la policía también debe cambiar de actitud en este tema. Cuando visité personalmente la Jefatura de San Cristóbal y la comisaría de Villa Trinidad a raíz de la dudosa muerte de Capdevilla, pude conversar con agentes y autoridades policiales, pero éstas demostraron claramente que no querían hablar. ¿Es realmente el miedo lo que determina estas conductas o existen grandes negocios que nadie está dispuesto a detener desde el Estado?”, se interrogó el diputado del departamento Las Colonias.

Finalmente, Jullier expresó que “desde el PDP hace años que sostenemos la necesidad de un gran debate entre todos los ciudadanos, dirigentes sociales, políticos, gremiales, empresariales, para detener definitivamente un negocio que atenta contra la salud y la seguridad de todos los santafesinos.

Y también decimos que el gobierno debe poner en marcha una política eficaz y contundente. No puede ser que mientras el narcotráfico se incrementa los funcionarios oficiales sólo se preocupen por realizar actos electoralistas y demagógicos, dejando de lado los grandes problemas estructurales de la provincia”.