EL ELEVADO COSTO DE LA ORALIDAD

La semana pasada volvió a la palestra la posibilidad de reformar el Código Procesal Penal de la provincia, a partir del proyecto que presentaron en la Legislatura los diputados Danilo Kilibarda (PJ) y Santiago Mascheroni (UCR), iniciativa que cuenta con el aval del Ministerio de Gobierno. De inmediato se escucharon algunas voces del Poder Judicial oponiendo reparos a la implementación del nuevo sistema, sobre todo por la cuestión presupuestaria. De hecho, la reforma implicaría una gran erogación para pasar del juicio escrito al oral: aproximadamente 1.200.000 pesos mensuales, sólo en Rosario y en materia salarial.

La cifra surge de calcular cuántos cargos se necesitarían para mantener el nivel de producción de fallos del año pasado. Según estadísticas oficiales de la Cámara Penal de Apelaciones, durante 2004 los seis jueces de Sentencia –que tramitan los juicios por delitos graves– dictaron 1.030 resoluciones definitivas. En tanto los diez magistrados correccionales emitieron 789 veredictos. ¿Qué infraestructura reclamarían estos parámetros en caso de que se pusiera en práctica la oralidad, como sucede en el resto de las provincias argentinas y en toda Latinoamérica?

En primer lugar hay que considerar que el año tiene 52 semanas pero la Justicia funciona durante 46, si se restan las cuatro de la feria de verano y las dos del receso invernal. Se supone que un proceso tiene una extensión promedio de una semana, desde la acusación al fallo, pasando por la producción de pruebas y los alegatos. Para sostener las 1.819 sentencias de 2004 serían necesarios 39 tribunales colegiados, es decir integrados por tres jueces. El total de magistrados se elevaría a 117. Pero también hay que sumar 39 secretarios e igual número de defensores generales o de oficio, fiscales, salas de audiencia y policías custodios.

Como se dijo, actualmente trabajan seis jueces de Sentencia y diez correccionales –estos investigan y juzgan al mismo tiempo–. Es decir que, en caso de que se implementara el juicio oral, deberían crearse 101 cargos nuevos de magistrados y 23 puestos para los secretarios. ¿Qué implica eso en dinero, sin contar la dotación policial, los gastos de funcionamiento y la edificación de los espacios adecuados, que hoy no están contemplados en el edificio de Balcarce y avenida Pellegrini ni en ningún tribunal de la provincia.

Según pudo averiguar El Ciudadano, un juez abocado a tramitar el juicio penal cobra aproximadamente 7.000 pesos por mes y un secretario 3.500. Por lo tanto, el total de masa salarial sólo en ese punto ascendería a los 785 mil pesos. Los fiscales y defensores pertenecen al Ministerio Público y perciben un sueldo promedio de 5.000 pesos. Si son necesarios 39 nuevos cargos de cada uno, el total a pagar sería de 390 mil pesos. La cuenta arroja un resultado inquietante: 1.187.500 pesos mensuales sólo en cargos judiciales.

Consultado sobre este tema la semana pasada, el diputado Mascheroni explicó que, de aprobarse, la reforma será gradual (en 10 años) y por circunscripción. Se comenzará por lo más sencillo hasta terminar con los distritos más complejos, es decir Santa Fe y Rosario. Además, dijo Mascheroni, se crearán leyes especiales para la cuestión presupuestaria.

La iniciativa que el diputado presentó a principios de julio, y aún no comenzó a debatirse ni fue girada a comisión, se basa en un viejo anteproyecto elaborado por juristas santafesinos y rosarinos que nunca tuvo suerte en el Parlamento. Plantea una sola investigación (ya no habrá divisiones entre juzgados correccionales y de instrucción) y un solo plenario oral. Incorpora a la víctima a través de la figura del querellante particular o adhesivo y deja a los fiscales a cargo de la instrucción, con el juez como contralor del debido proceso y el juicio por jurados para casos muy particulares.

EL FANTASMA DE LAS PRESCRIPCIONES

El principio que rige en materia penal, supuestamente, es el de legalidad y no el de oportunidad (donde se seleccionan los casos a investigar). Sin embargo, la selección termina operando de hecho por el consabido colapso judicial. Según las últimas estadísticas de la Cámara Penal de Apelaciones, los niveles de prescripción, desestimación y archivo son altísimos y llegan hasta el 88 por ciento en el fuero correccional. El actual sistema no puede resolverlo todo, ni siquiera puede resolver bastante. El juicio oral, ¿podrá?

La experiencia de las UFI bonaerenses

En setiembre de 1998 entró en vigencia un nuevo proceso penal en la provincia de Buenos Aires. La reforma había surgido fundamentalmente por la ineficacia policial para resolver los ilícitos (la pesquisa había estado siempre a cargo de la fuerza de seguridad provincial). Así, nacieron los juzgados de garantías y se crearon nuevas fiscalías que pasaron a dirigir el curso de las investigaciones, lo cual implica un sistema acusatorio. En cambio, en Santa Fe el rol protagónico en la instrucción lo tienen los jueces, al mismo tiempo árbitros y acusadores. Desde 2003 los fiscales provinciales pueden instruir sumarios, a partir de una reforma parcial del Código de Procedimientos, pero no lo hacen porque jamás recibieron los recursos y la infraestructura necesarios. En Rosario hay 12 representantes del Ministerio Público en primera instancia, tres de Cámara y uno que se encarga de las causas sin imputados individualizados.

Para poner en práctica la enmienda bonaerense se realizó una inversión importante: se crearon unos 500 cargos nuevos, aunque según la Corte Suprema no todos los que eran necesarios para garantizar celeridad y efectividad. El aumento de la criminalidad en el distrito más habitado e inseguro del país puso en jaque a las nuevas fiscalías, llamadas Unidad Funcional de Instrucción o UFI.

Casi la mitad de los casos terminaron siendo derivados a la policía y la elevación de causas a juicio oral no supera el cinco por ciento. A pesar de que se introdujeron metodologías modernas como la mediación fiscal, la transición de un sistema a otro dejó un gran porcentaje de expedientes irresueltos.