EL EQUIPO DE ANTROPOLOGÍA FORENSE LLEGARÁ EL VIERNES A ROSARIO

La investigación que culminará con la apertura y excavación de una fosa común del cementerio de San Lorenzo, cuya existencia fue denunciada ante la Justicia Federal por varios testigos oriundos de esa localidad, podría registrar un cambio sustancial si el juez Omar Digerónimo falla en el mismo sentido que el fiscal Francisco Sosa y dicta la nulidad de las leyes de impunidad: el expediente se transformaría en una causa penal y como tal debería regirse por el Código de Procedimiento Penal de la Nación.

De acuerdo a los plazos ofrecidos por una alta fuente judicial, “esta semana se conocerá el fallo de Digerónimo”, y por lo tanto se definirá la situación de la causa del cementerio de San Lorenzo. En tanto, este viernes se producirá la primera “reunión de coordinación” de los peritos del equipo de Antropología Forense con los funcionarios del juzgado Federal Nº 4 “para comenzar a avanzar” en el plan de trabajo que el martes de la semana pasada le presentó éste organismo al juez a cargo, según adelantó Luis Fondebrider, titular del equipo de Antropología Forense.

“En cualquier tarea que encaramos actuamos de la misma manera: antes de cualquier excavación realizamos un trabajo de investigación y documentación previo al inicio de la excavación”, explicó Fondebrider. El plazo total que solicitó Antropología para finalizar su tarea de reconocimiento de los restos óseos que puedan encontrar en la fosa común cuando ésta se abra es de “un año y medio” aunque en lo inmediato se dará comienzo a la primera etapa que consistirá en tareas de investigación instruidas por el equipo interdisciplinario y ejecutadas por personal judicial.

“Se trabajará en la recolección de testimonios de fuentes escritas y orales, se buscarán testigos, se relevarán hechos, se hablará con los sepultureros, con dentistas que puedan haber atendido a las presuntas víctimas, con personal médico, se recopilará toda la documentación oficial y no oficial vinculada a la desaparición de personas en la zona en la fecha de las denuncias, más los certificados de defunción, las huellas dactilares registradas en informes policiales, y se buscarán datos que permitan construir una red de información para recién después excavar”, explicó Fondebrider.

El testimonio que dio origen a la apertura de la causa, y que corresponde a una mujer oriunda de San Lorenzo y su sobrino que dicen haber visto “camiones del Ejército y personal militar descargando cajones y cuerpos en el cementerio de San Lorenzo entre abril y mayo de 1976”, circunscribe el registro de presuntas víctimas a “desaparecidos durante la dictadura militar por razones políticas”, según aclara Fondebrider, y excluyen a todos los desaparecidos o asesinados por crímenes comunes en ese período. Sobre esa lista de identidades posibles para los cuerpos o restos óseos que puedan encontrarse en la fosa común trabajarán los peritos judiciales, los especialistas de Antropología Forense y los organismos de derechos humanos.

La eventual transformación de la investigación de San Lorenzo en causa penal incluirá en la misma la aparición de imputados o procesados, situación que no se daría en la tramitación actual de la causa que se realizaba en el mismo marco que los Juicios por la Verdad Histórica, es decir sin consecuencias penales y sólo para determinar lo sucedido. La aparición de estos eventuales imputados obligará a la Justicia a guardar formas más estrictas en el procedimiento de recolección de datos, “para evitar posibles impugnaciones por parte de la defensa de los imputados”.
“Habrá que ser muy cuidadoso en la recolección de pruebas si la causa se transforma en penal”, advierten desde el juzgado.

Fondebrider, sin embargo, advierte que Antropología Forense “trabaja siempre con extrema rigurosidad ya que es una metodología que no se modifica y que se ajusta a los procedimientos de una investigación judicial. Aunque no haya acusados, mantenemos los mismos cuidados porque nuestro nombramiento es judicial”.