EL ESTADO ADMITIÓ SU CULPA EN EL CASO QUE CAMBIÓ LA JUSTICIA MILITAR

El Estado argentino llegó a un “acuerdo de solución amistosa” en el que pidió “sus más sinceras disculpas” al ex capitán Rodolfo Correa Belisle, quien en 1996 fue sometido a juicio militar y condenado a 90 días de arresto por haber declarado contra sus superiores durante el juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco, un hecho que llevaría al final del Servicio Militar Obligatorio.

Correa Belisle llevó en 1997 su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el proceso de “solución amistosa” encarado con el Estado argentino tuvo directas consecuencias en la actual iniciativa para crear un nuevo sistema de Justicia Militar, que implicará la derogación del viejo y cuestionado Código de Justicia Militar (CJM) de 1895, reformado por última vez en 1951.

El acuerdo entre el Estado y Correa Belisle fue firmado el lunes, ad-referendum de la reforma del sistema cuyos anteproyectos, elaborados por una comisión de juristas y anticipados en exclusiva por Clarín el jueves pasado, están a consideración de las Fuerzas Armadas antes de ser enviados por el Ejecutivo al Congreso. El compromiso asumido en el acuerdo es hacerlo antes del término del actual período ordinario de sesiones legislativas.

El caso Correa Belisle fue “admitido” por la CIDH en 2004, y ese mismo año se inició el proceso de solución amistosa, uno de los mecanismos previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, que la Argentina integra como Estado parte.

En el acuerdo, el Estado reconoció que el ex capitán fue sometido a un proceso judicial militar bajo una normativa -el CJM— “incompatible con los estándares internacionales exigibles”.

“No se ha cumplido con la estricta observancia de los derechos y garantías que el derecho internacional de los derechos humanos requiere en la materia, razón por la cual se impone la presente disculpa”, señala el texto, que lleva membrete de la Cancillería. Por su parte, Correa Belisle declina “todo reclamo pecuniario en sede internacional”.

La presentación de Correa Belisle ante la CIDH fue patrocinada en 1997 por los doctores Raúl Zaffaroni -actual juez de la Corte Suprema—, Alicia Oliveira y Alberto Bovino, por el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Hay otro caso admitido por la CIDH en proceso de solución amistosa, conocido como “Arguelles y otros” de ex miembros de la Fuerza Aérea que fueron procesados en los 80 bajo el Código de Justicia Militar.

La reforma del sistema de Justicia militar está en el centro de la cuestión. La derogación del viejo Código apunta a que los militares tengan las mismas garantías que cualquier ciudadano común.

“En este sentido el acuerdo es un paso adelante, luego de muchos intentos fallidos estamos próximos a reformar el sistema de Justicia militar, uno de los obstáculos más grandes a la democratización de las FF.AA.”, dijo a Clarín el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier.

La decisión política tomada por el Gobierno para el nuevo sistema es la de eliminar la jurisdicción penal militar. Por eso, los delitos específicamente castrenses serán incluidos en el Código Penal y ventilados en la Justicia civil.

A los militares les quedará la facultad disciplinaria, y para eso se dictará un Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas.

Como anticipó este diario la semana pasada, la homosexualidad dejará de ser un delito castigado con prisión y destitución. Y se introducirán figuras novedosas como la discriminación y el acoso sexual, que serán sancionados como faltas graves.