EL ESTADO BLANQUEA A 9 MIL TRABAJADORES CONTRATADOS

El Estado nacional decidió pasar a 9.000 trabajadores contratados que hasta ahora facturan como autónomos a un régimen en el que tendrán aportes y contribuciones a la seguridad social, además del pago de aguinaldo y las vacaciones. En cambio, no gozarán de la estabilidad en el puesto como los empleados públicos de planta permanente, que sólo pueden ser despedidos con un sumario previo. La medida alcanzará a quienes tienen ingresos mensuales de hasta $1.512 y deja a estas personas en una modalidad que incluye la posibilidad de que el Estado rescinda los contratos sin pagar indemnizaciones, según prevé la resolución que los reglamenta, que fue aprobada en 2002.

El pase del personal a la nueva condición está definido en el decreto 707, que ayer firmó el Presidente Néstor Kirchner, según anunció el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Por los límites establecidos, deja al margen a unos 6.000 contratados que seguirán facturando por sus servicios y tendrán que seguir pagando por su cuenta los aportes previsionales, como autónomos o monotributistas.

La medida se enmarca en la negociación del convenio colectivo que el Gobierno mantiene con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE). Ayer hubo un nuevo encuentro para definir un aumento salarial, pero se pasó a un cuarto intermedio hasta el 6 de julio.

El decreto establece que el traspaso de un régimen a otro se concretará entre julio y octubre próximos. Según comentó a LA NACIÓN el subsecretario de la Gestión Pública, Norberto Ivancich, actualmente hay unas 3000 personas bajo la modalidad prevista para estos 9.000 contratados, que está definida en el decreto 1.421, que, a su vez, reglamentó la ley 25.164.

“Los contratos pasan a ser renovados cada seis meses o un año, de acuerdo con lo que disponga cada organismo con su personal. Pero si se dispone no renovar un contrato no se pagan indemnizaciones de ningún tipo”, especificó el funcionario, pese a que desde ambos sindicatos de estatales se consignó que sí existirán pagos por despido.

Hasta la firma del decreto anunciado ayer, cada dependencia u organismo público podía pasar voluntariamente a sus contratados a este régimen especial, moviendo partidas de sus presupuestos. Ahora el pase es obligatorio, y para garantizarlo se previó que el Tesoro nacional se hará cargo de las mayores erogaciones que ello conlleve, que serán unos $ 30 millones al año, según Ivancich, que agregó que en gran parte esos recursos volverán al Estado para el régimen previsional.

Por otra parte, como a estas personas se les harán ahora los descuentos personales para el sistema jubilatorio, la obra social y el PAMI -básicamente-, el salario de bolsillo tendrá una caída de entre el 13 y el 17%. Esta baja, sin embargo, será compensada por dos vías: los trabajadores ya no tendrán que hacer aportes como autónomos, y percibirán el aguinaldo, además de otros beneficios como la obra social.

“Sirva esto como modelo para quienes piensan que el costo del trabajador es un costo y no una inversión para dar mejor calidad a lo que se produce”, afirmó Fernández al hacer el anuncio en Casa de Gobierno. Así admitió, sin decirlo directamente, que hasta ahora no se pagaron las cargas sociales de esos empleados que, en la práctica, cumplen tareas como dependientes.

POR CONCURSO

Según explicó Ivancich, las personas que pasarán a la nueva modalidad podrán participar de los concursos cerrados para acceder a puestos del Estado. Los que no acepten las condiciones dispuestas, quedarán cumpliendo sus servicios hasta que venza su contrato, y desde ahora no habrá más contratos de autónomos para trabajos con ingresos inferiores a los $1.512 mensuales. Esa cifra se corresponde con el salario de una de las categorías del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Sinapa).

Dentro de las negociaciones entre el Estado y los sindicatos se discute un aumento salarial para los 23.000 trabajadores incluidos en el Sinapa. Luego seguirían las gestiones por los 20.000 empleados civiles de las Fuerzas Armadas, y otros grupos de trabajadores.

La falta de definición de ayer por parte del Estado provocó la reacción de ATE. Según el dirigente Pablo Micheli, mañana habrá un plenario para decidir posibles medidas de fuerza. Desde UPCN, en cambio, Andrés Rodríguez valoró que se reconozca la necesidad de la recomposición de los salarios, y agregó que se aceptó esperar una definición para principios de julio.

Los salarios del sector público sufren un retraso muy significativo con respecto a 2001, y tuvieron una menor recomposición que los del sector privado.