EL ESTADO CONSTRUIRÁ 100.000 VIVIENDAS

El Gobierno lanzará en los próximos días un plan nacional para la construcción de 100.000 viviendas destinadas a la gente de bajos recursos, cuyo acceso a un crédito hipotecario resulta imposible por sus reducidos ingresos.

La intención del presidente Néstor Kirchner es atacar dos frentes de manera simultánea: por un lado, reducir el déficit habitacional -calculado en tres millones de viviendas- y, por el otro, crear mano de obra.

Los cálculos que hacen en la Secretaría de Obras Públicas, que dirige José López, dan por resultado que en forma directa e indirecta se crean tres empleos por vivienda. De ese modo, por las 100.000 unidades que se construirían se daría trabajo a 300.000 obreros.

El programa que lanzará el Gobierno -ayer se decía que el anuncio se hará el 14 de este mes- se financiará en parte con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ya está operativo (el AR 0274) y que fue otorgado durante la gestión de José Luis Machinea en el Ministerio de Economía.

“El crédito es de US$ 700 millones: 200 millones para el Promea, un programa de mejoramiento para barrios carenciados para llevar agua y cloaca. Y la otra parte se destinaría a este nuevo programa de viviendas”, dijo a LA NACION una fuente del sector de la construcción. Pero también se utilizarían partidas presupuestarias excedentes del superávit fiscal comprometido con el FMI, apuntó un asesor oficial.

Aún no está definido el tiempo que demandará la ejecución de esas viviendas y cómo se determinarán las prioridades, pues el déficit habitacional no es patrimonio de una región en particular del país. En la práctica, levantar un barrio de 100 viviendas demanda entre seis y ocho meses de trabajo. En el sector privado estiman que en un plazo de un año y medio, con tareas continuas, el programa estaría concluido.

La idea que maneja el Poder Ejecutivo, según confiaron fuentes oficiales y privadas, es que el programa sea centralizado por el Ministerio de Planificación Federal y que los fondos se transfieran a los institutos provinciales de la vivienda una vez que en cada distrito se especifique la cantidad de casas por ejecutar. De este modo tendría una aplicación sustancialmente diferente al Fonavi, pues en este caso se coparticipan los fondos y las provincias disponen de ellos y luego ejecutan.

La aplicación del plan sería un instrumento de negociación con los gobernadores de cara a la ley de responsabilidad fiscal, por cuyo tratamiento el Ejecutivo está urgido.

Características

El Gobierno apunta a la construcción de unidades de aproximadamente 42 metros cuadrados (cocina comedor, baño y un dormitorio) por un monto máximo de $ 30.000, sin contar el valor del terreno. Si tuviera más metros cuadrados, su valor llegaría a $ 40.000. Se conjetura que las construcciones se levantarán en terrenos fiscales que deben identificar los municipios, aunque en verdad es un tema que hasta anoche no estaba definido. La situación más compleja de resolver la tenía la provincia de Buenos Aires, donde en el conurbano la identificación de terrenos aptos para la construcción es un problema por la cantidad de asentamientos ilegales que existen en terrenos fiscales.

Tampoco están resueltas las características de las viviendas. En la Casa Rosada se habla de unidades de calidad “un poco mejor a las Fonavi”, cuando en realidad hay distintas categorías dentro de ese plan. Están las de dos dormitorios, que ocupan 54 m2, y las de tres dormitorios, que alcanzan los 63 m2.

“Hay distintos tipos de vivienda Fonavi. Todo depende de la calidad de la construcción”, explicó otra fuente del sector. Lo que sí está definido es que el Gobierno quiere facilitar el acceso a la vivienda a los sectores sociales más castigados y cumplir su promesa de campaña de incentivar la obra pública como motor de crecimiento y generación de empleo.

Actualmente hay dos planes Fonavi en marcha. El Reactivación I, en ejecución desde hace 12 meses, y el II, desde hace 9 meses. El Fonavi destina $ 540 millones al año para la construcción de viviendas, pero para esos dos planes el Tesoro destinó refuerzos presupuestarios de 80 y $ 180 millones, respectivamente. Al año se construyen entre 30.000 y 40.000 unidades.

Cálculos privados estiman que en la Argentina existe un déficit habitacional de tres millones de unidades: un millón que falta, otro millón por hacinamiento y el otro millón por no contar con servicios básicos.