El Estado entrerriano pagó más de $42.000.000 por juicios en su contra

El funcionario destacó que el número fue menor de lo incluido en el Presupuesto 2015.En el marco de jornadas de derecho, donde el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes participó como disertante, el funcionario destacó que la el Estado provincial lleva pagado 42,3 millones de pesos en lo que va del 2015, en razón de juicios perdidos. Sin embargo, por alto que parezca el número, no alcanzó a los 50 millones que señalaron los legisladores en el presupuesto anual. Según señaló el funcionario, las demandas tienen distintas formas: laborales, previsionales, usucapiones, daños y perjuicios. Las V Jornadas Entrerrianas de Derecho Administrativo, más allá de la tecnicidad de la actividad que fue dirigida a alumnos y profesionales, sirvió para tener un panorama de los juicios que el Estado provincial afronta y el dinero que debe abonar por las demandas que ha recibido. En el auditorio, lógicamente, se vio a integrantes de la Cámara en lo Contensioso Administrativo, según publicó El Diario.

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, fue uno de los panelistas que disertaron en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) y dejó como dato duro el número que pagó el Estado provincial por juicios en su contra durante 2015: 42,3 millones de pesos. “Una cifra reducida a lo que el presupuesto de 50 millones”, agregó Rodríguez Signes.

Además, el funcionario dio cifras concretas de su gestión como defensor de las arcas del Estado. Explicó a los presentes cuáles eran los expedientes en los que intervenía su organismo y cuales, por ejemplo, interviene la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El fiscal contó que de todos los juicios que “de los juicios en que el Estado está demandado, las demandas en los contensioso administrativo son el 20 por ciento. De ese 20 por ciento, la gran mayoría son asuntos previsionales, es decir por ajustes de jubilaciones”, apuntó. El resto de las acciones, enumeró, refieren a cuestiones laborales, daños y perjuicios, y usucapiones. “Este último motivo merecería una charla aparte”, dijo el funcionario que, en su gestión, ha hecho mucho hincapié en este tema.

Un dato: al inicio de la segunda gestión de Sergio Urribarri, la Fiscalía de Estado tenía 60.000 hectáreas en proceso de recuperación jurídica y otras 200.000 que volvieron a ser parte del fisco al dejar sin efecto el arrendamiento.

 

 

Fuente: Análisis Digital