EL ESTADO NACIONAL PODRÍA INDEMNIZAR A LOS DENOMINADOS “MUERTOS COLATERALES” DE LA INUNDACIÓN

Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos aseguraron que el Gobernador santafesino, Ing. Jorge Alberto Obeid, ya habría ordenado a sus funcionarios ensayar una respuesta al pedido de justicia elevado por un grupo de damnificados de las inundaciones de 2003.

El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, elaboró un severo informe sobre la inundación del río Salado en Santa Fe.

El documento surgió como respuesta a una petición de justicia elevada por un grupo de afectados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los funcionarios nacionales reconocieron la viabilidad del reclamo ante la OEA y aseveraron que la reparación económica, otorgada por la provincia tan sólo para los damnificados directos, no es compatible con los “parámetros internacionales” a los que adhiere la Argentina.

El país podría verse implicado en un litigio internacional, dado que los reclamos se basan en dos pilares fundamentales, como la justicia material y la reparación pecuniaria integral.

El dictamen elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación surgió como consecuencia de un escrito presentado por un grupo de damnificados por la inundación del río Salado en abril de 2003.

Este conjunto de santafesinos elevó un pedido de justicia el 29 de noviembre del año pasado ante la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comandada por el doctor Eduardo Luis Duhalde. A los pocos días, el reclamo llegó hasta los despachos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Argentina es país miembro de la ONU y de la OEA y, por lo tanto, debe asumir las obligaciones que emanen de estas organizaciones, someterse a los controles de los organismos internacionales y acatar sus decisiones.

Apadrinados por el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, los afectados reclamaron justicia fuera de las fronteras del país.

Si bien la resolución de justicia debe darse en el ámbito provincial -lo cual excluiría la participación del Gobierno Nacional de existir el litigio, el demandado sería la Nación y no Santa Fe.

Los damnificados por la inundación detallaron puntualmente hechos que, consideran, no fueron abordados por la Justicia provincial, como la falta de planes de contingencia, la previsibilidad del fenómeno hídrico y la responsabilidad de los funcionarios públicos.