EL ESTADO PODRÁ COMPRAR FIRMAS QUEBRADAS

La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley un proyecto que habilita al gobierno provincial a comprar establecimientos industriales –incluído el mobiliario– en iguales condiciones y precios que los ofrecidos en el marco de una licitación judicial en los juicios de quiebra.

La iniciativa cosechó el voto unánime de los diputados provinciales, aunque el justicialista Carlos Paganini se reservó la posibilidad de que el procedimiento resulte ilegítimo.

Pero la ley, que fue producto de varios proyectos de las distintas bancadas y que pasó varias veces por ambos cuerpos hasta lograr ayer su sanción definitiva, contempla la “innovadora intención de los empleados de continuar con la explotación” de las industrias desactivadas o en proceso de quiebra, según se señala entre los fundamentos.

El artículo 1° de la norma dice que el gobierno provincial tendrá la facultad, en iguales condiciones y precio, de “adquirir los establecimientos industriales que se enajenen en subasta o licitación judicial, en juicios de quiebra”.

Menciona que el juzgado a cargo de las subastas judiciales de este tipo de establecimientos, dispuestas en procesos de quiebra, deberá notificar la situación en forma fehaciente a la administración santafesina. “Producida la subasta o la licitación, el juzgado, previa a la aprobación de la subasta, notificará el resultado de la misma al gobierno provincial, el cual dispondrá de sesenta días hábiles, a partir de la fecha de notificación, para hacer uso de las facultades de la ley”, explica el artículo 3° de la norma.