EL ESTADO PODRÁ ESPIAR TODAS LAS COMUNICACIONES REALIZADAS POR INTERNET

A partir de julio de este año, el Estado podrá espiar las comunicaciones de la gente, ante la presunción de que la tecnología es una aliada del delito. Así lo establece el decreto 1.563 del 2004, reglamentario de la ley 25.873, sancionada en diciembre de 2003 para combatir ilícitos cometidos con el uso de las telecomunicaciones.

Firmado por el presidente Néstor Kirchner; el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, roza el privilegio constitucional sobre las acciones privadas: habilita a la SIDE a escuchar, grabar y disponer de las comunicaciones telefónicas -fijas y móviles-, las conversaciones por chat y por mail con la excusa de servir a la seguridad.

Además, obliga a las operadoras a conservar por diez años los datos y registros de sus clientes.

Frente a este escenario, Carlos se preguntará cómo seguir utilizando el potencial de Internet sin el temor o sospecha de que un agente de inteligencia lo está grabando.

Las normas deben medirse a nivel internacional y en el mundo todos los intentos por controlar internet han fracasado. En Europa hay un acuerdo marco para guardar información por hasta el lapso de 36 meses pero cada nación tiene legislación bien definida. Es el caso de Gran Bretaña o Alemania que dejaron bien clara su oposición a la intromisión del Estado, por ejemplo, en los mails.

¿Garantías? De concretarse la puesta en marcha de la ley, nadie se salvará de una invasión que invierte el principio de inocencia, al poner bajo sospecha a todos los usuarios de telecomunicaciones. Es un golpe a la privacidad que crea registros (o prontuarios) virtuales.

El decreto obliga a las prestadoras a asignar los recursos para espiar a la gente, al tiempo que las obliga para hacer espionaje. Estas, “deben disponer de los medios técnicos y humanos necesarios para que la información pueda ser recibida en tiempo real por el órgano del Estado encargado de ejecutar las interpretaciones”, aclara el artículo 2º del decreto.

Traducido: la potencialidad delictiva de un teléfono pone a todos quienes lo usan bajo presunción de culpabilidad. Lo mismo debería ocurrir con la propiedad privada o los autos si tenemos en cuenta el uso de vehículos para cometer secuestros o las casas que sirven de aguantadero de bandas.

“Es un delirio que se le ocurrió a un genio que no sabe cómo funcionan los sistemas de telecomunicaciones”, sostuvo Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados. Además de cuestionar la invasión a la privacidad, el analista advierte sobre la “inconsciencia de querer controlar el volumen de información que circula por las redes telefónicas y por Internet”. Por otra parte, desde Cabase, la cámara que agrupa a las empresas de bases de datos, ya presentaron un recurso de amparo en la Justicia contra el decreto.

“Coincidimos con que hay que mejorar la seguridad, pero ese rol es del Estado y no de las empresas”, aclaró su presidente, Patricio Seoane.