EL ESTADO TOMARÍA EL CONTROL DEL CORREO PARA VOLVER A PRIVATIZARLO

El Gobierno se dispone a retomar, mañana, el control del Correo. Sería luego de que un juez declare la quiebra o el traspaso de la compañía a sus acreedores. Hasta la reprivatización, la operación quedaría a cargo de los propios empleados.

Ayer, el juez en lo Comercial Eduardo Favier Dubois rechazó un pedido de prórroga de Correo Argentino. La empresa solicitaba extender el plazo para negociar con los acreedores su deuda, que trepa a $ 900 millones. El plazo original vence mañana, y de no haber acuerdo, el magistrado deberá o decretar la quiebra de la empresa o habilitar el mecanismo de crown down, por el cual los acreedores deberán tomar el control de la empresa.

“En cualquiera de los dos casos, el Estado tomará el control de la empresa”, explicó un alto funcionario oficial. Es que, según el análisis que se hacía ayer en la Casa Rosada, si el juez decreta la quiebra, el Grupo Macri pierde la concesión. Y si el magistrado opta por el crown down, “el Estado encabeza el listado de acreedores, con lo que también estará a la cabeza de la cesión empresaria”.

Los funcionarios, sin embargo, prefieren la primera de las opciones. “En el crown down hay que hacerse cargo de la deuda, y el Fisco no quiere absorber esa cifra, aunque $ 260 millones sean canon impago al Estado”.

Correo Argentino está en convocatoria de acreedores desde setiembre de 2001. En ese momento, la legislación vigente autorizaba al Fisco a retirale la concesión, pero una decisión política dejó en manos de los privados la gestión. Ahora, con la quiebra, “la empresa ya no tiene más capacidad de operar, y no puede seguir prestando el servicio postal”, señalan fuentes oficiales.

“Es que el servicio postal es responsabilidad del Presidente de la Nación —explicaron los funcionarios que están siguiendo el tema día a día—. Es el único servicio público que figura en la Constitución Nacional, y el Ejecutivo tiene que garantizar su prestación. No puede dejarlo en manos de una compañía quebrada”.

A la hora de rechazar la prórroga pedida por el Correo, el juez tomó en cuenta que el Estado, como acreedor, se negó a aceptarla. Así, sería el propio Fisco el que estaría apurando la decisión de hacer caer la concesión.

—¿Quién operará el servicio postal en estas condiciones?

—Los empleados, que son los que conocen bien el negocio —respondió un alto funcionario—. Habrá una cabeza estatal, con un equipo de control y auditoría, pero el día a día seguirá en manos de los empleados.

Sin embargo, en el Gobierno dejan en claro un punto: “El manejo por parte de los empleados será temporal, hasta tanto se reprivatice la empresa”. En alguna medida, será un paralelo con la situación de las ex líneas aéreas Dinar y LAPA, cuyo personal fue absorbido por la estatal Lafsa hasta tanto ésta sea privatizada.

La negativa del juez a extender el plazo para que Correo presente una salida para sus deudas “es inapelable”, señalaron fuentes judiciales. Aunque la empresa tiene otra opinión (ver Apelación). Y el plazo vence mañana.

“Es por eso que estamos trabajando a todo vapor —señalaron los funcionarios oficiales—, porque sabemos que esto se está resolviendo ya. Y tenemos que tener todas las herramientas listas.”

En caso de que la concesionaria vaya a la quiebra, los acreedores deberán tratar de recuperar su dinero en la liquidación de activos. Sin embargo, al ser una concesión, los activos propios son muy pocos. Entre los perjudicados estaría el Banco Mundial: junto al BID, en 1999 le prestó al Correo US$ 258 millones.