EL ETERNO DILEMA SOBRE DÓNDE ALOJAR A LOS PRESOS

El juez Carlos Triglia pidió informes sobre los hábeas corpus presentados por presos de comisarías desde 1999 a todos sus colegas del fuero Penal en el marco del recurso radicado el viernes pasado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), que denunció hacinamiento y agravamiento de las condiciones de detención en todas las seccionales de Rosario.

Tanto el escrito del organismo de derechos humanos como la medida del magistrado son inéditos. Para resolver la presentación, Triglia también requirió información y diligencias a la Defensoría del Pueblo, la Unidad Regional II y la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Las medidas pedidas por Triglia abrieron la polémica en torno a quién le corresponde hacerse cargo del problema. Por un lado, el camarista del fuero penal Ernesto Pangia consideró que el problema de los presos es “político y no judicial” (ver recuadro). Y por el otro, el director del Servicio Penitenciario, Fernando Rosúa, aclaró que las nuevas construcciones para alojar presos ya están en marcha, pero si hubisese que descomprimir ya las comisarías no hay lugares alternativos donde alojar a los internos.

De todos modos, Triglia con sus disposiciones parece apuntar a todos los sectores que están involucrados en el problema que data de por lo menos seis años atrás, cuando el entonces jefe del Servicio Penitenciario y actual subsecretario de Seguridad, Alejandro Rossi, declaró la crisis carcelaria. En esa época, la cantidad de presos en comisarías doblaba su capacidad de alojamiento. En la actualidad, los internos suelen triplicar o cuadruplicar las plazas disponibles en las seccionales de la Unidad Regional II (ver abajo).

El objetivo del juez es acreditar la grave denuncia de la CTC y para ello está reuniendo datos de los reclamos de los damnificados y de las acciones de gobierno durante los últimos cinco años en relación a la problemática carcelaria. La mayoría de los organismos ya le respondieron, pero se calcula la información completa estará lista recién a mediados de la semana próxima. La resolución de este hábeas corpus correctivo podría traer consecuencias a autoridades policiales y políticas, como por ejemplo la apertura de causas por desobediencia judicial o incumplimiento de los deberes de funcionario público, adelantaron fuentes de la investigación.

Es que se está comprobando una superposición de intervenciones de la Justicia y que en casi todos los juzgados hay recursos abiertos por casi todas las seccionales. “En un tribunal se inicia un hábeas corpus por una dependencia policial y a los tres meses se abre un recurso idéntico en otro juzgado”, ejemplificó un vocero. La conclusión es lógica: con el tiempo, los pronunciamientos de los jueces se incumplen. Está bajo análisis si la responsabilidad es de los comisarios o del Ministerio de Gobierno, aunque la balanza parece inclinarse hacia la cartera política. De hecho, el propio Triglia le inició un sumario al ministro Roberto Rosúa durante su anterior gestión, porque no desalojaba la alcaidía de mujeres (finalmente lo hizo). Ese expediente pasó luego al fuero Correccional, pero no prosperó.

El juez Triglia pidió además al jefe de la Unidad Regional II que el responsable de Planimetría y Arquitectura releve todas y cada una de las comisarías, acompañado por un perito fotógrafo. La idea es comparar superficie y población de los penales y comprobar si los lugares son habitables. Este trabajo simultáneo arrojará una radiografía del sistema y permitirá deducir el “excedente”. En Tribunales explicaron que a los pocos días de resolver un hábeas corpus, el juez comisiona a su secretario o a un oficial de Justicia para que verifiquen si se hicieron los traslados ordenados. Si es así, la causa se archiva y la situación ya no se controla. Pero lo que sucede en la práctica es que al poco tiempo las seccionales vuelven a superpoblarse porque no hay plazas disponibles en las cárceles. Mejor dicho, las cárceles son insuficientes.

Entre las otras medidas solicitadas por el magistrado figura un relevamiento de Medicina Legal de la policía sobre el estado de salud de todos los presos (actualmente más de mil), ya que la denuncia asegura que hay detenidos con varias enfermedades, las más graves hepatitis y VIH. Además, un resumen de la Defensoría del Pueblo sobre su trabajo en materia carcelaria, ya que los magistrados penales suelen comunicarles la resolución de los hábeas corpus. “Ellos tienen el nexo con el Poder Legislativo, por eso Triglia quiere saber si lograron algo en estos años”, explicó una fuente de la investigación.

Por último, el juez requirió a la presidencia de la Cámara Penal todos sus fallos e intervenciones en materia carcelaria desde 1999. El titular, Ernesto Pangia, le respondió el martes pasado. En diálogo con El Ciudadano adelantó una reunión entre los magistrados del fuero y el ministro Rosúa en los próximos días.

El expediente ya tiene dos cuerpos (400 fojas) y aunque todavía no derivó en medidas de fondo, ya levantó polvareda en ámbitos policiales, judiciales y políticos. De alguna manera, todos los operadores se sienten bajo la lupa y saben que el relevamiento pondrá en palabras un secreto a voces: la crisis del sistema carcelario y la imposibilidad de los funcionarios competentes para resolverlo.