EL EX CARAPINTADA ALDO RICO YA DECLARA ANTE UN JUEZ DE SAN MARTÍN Y TODO INDICA QUE QUEDARÍA PRESO

El ex carapintada y ex intendente de San Miguel, Aldo Rico, prestará declaración indagatoria ante el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a las 9.30, en el marco de la causa que se investiga el secuestro de Delia Kennedy -hermana de la histórica dirigente peronista, Norma Kennedy- y su marido. El ex militar ya está en los Tribunales y podría quedar preso.

Fuentes judiciales informaron a perfil.com que la causa está encuadrada en la megacausa 4012, en la que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en Zona Norte, a cargo del Comando de Institutos Militares, con asiento en Campo de Mayo.

Si Rico se presenta a declarar, podría quedar detenido. Si no se presenta, el juez Martín Suárez Araujo podría resolver su captura.

La sospecha contra Rico surgió en base a la declaración de un testigo que directamente lo imputó en los procedimientos donde fueron secuestrados Delia Kennedy y su marido, capturados por las fuerzas de la represión el 10 de mayo de 1976.

Kennedy fue secuestrada en Munro (partido de Vicente López) y Sady en la Capital Federal y desde entonces están desaparecidos. En esa época Rico se desempeñado en la División Policía Militar de Campo de Mayo, con jurisdicción en la zona norte del conurbano.

La investigación, que Suárez Araujo había iniciado hacía un par de años, quedó virtualmente “frenada” cuando la Cámara Federal de San Martín declaró la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta por el Congreso, en el marco de una apelación que hizo el general Santiago Omar Riveros, ex jefe de la zona IV, el procesado de más alto rango en esta investigación.

Tuvo que ser la Cámara Nacional de Casación Penal la que ordenara la reapertura de las investigaciones y, así, la propia Norma Kennedy impulsó la investigación contra el ex militar.

Según trascendió, ese testigo dijo que reconoció a Rico durante el levantamiento de militares conocidos como “carapintadas” en la Semana Santa de 1987 -durante el gobierno de Raúl Alfonsín- como una de las personas que había visto actuar en el procedimiento contra el matrimonio Sady-Kennedy.

Justamente, ese y otros movimientos castrenses, cuyas caras visibles principales fueron Rico y Mohamed Alí Seineldín, se realizaron para reclamar que los militares de menor rango fueran exculpados de los crímenes de la dictadura, argumentando que habían cumplido órdenes de los mandos superiores. Entonces, el gobierno radical estableció las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas recién en la administración de Kirchner.

En el marco de la causa por los crímenes en Campo de Mayo y la zona, Suárez Araujo ordenó indagar y arrestar a los oficiales Raúl Harsich, César Amadeo Fragni, Osvaldo García y Alberto Aneto por la desaparición de Floreal Avellaneda.

Se cree que Campo de Mayo fue utilizado como un lugar de exterminio para los activistas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y se estima que menos del uno por ciento de los prisioneros que pasaron por allí lograron sobrevivir.

En ese marco, en los últimos años hubo numerosas inspecciones a ese predio castrense en busca del cadáver de uno de los jefes del ERP, Mario Roberto Santucho, ultimado por los militares en Villa Martelli en 1976, pero cuyo cuerpo nunca apareció.

Además, se sabe que en el Hospital Militar de Campo se atendieron varios partos clandestinos.