EL EX INTERVENTOR DE PAMI NO QUEDÓ DETENIDO
El ex interventor del PAMI Víctor Alderete sumó ayer su octavo procesamiento. Esta vez, la Cámara Federal revocó su sobreseimiento por la presunta contratación irregular de servicios odontológicos millonarios en perjuicio de la obra social de los jubilados.
Los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani concluyeron que Alderete es “prima facie autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta cometida en perjuicio de la administración pública”.
Alderete no quedó detenido, sin embargo, ya que la Cámara descartó dictarle la prisión preventiva por la pena prevista para el delito por el Código Penal, que va de dos a seis años de prisión.
La investigación penal que en el año 2000 comenzó a instruir el entonces juez federal Gustavo Literas apuntó a la contratación de los servicios asistenciales de las firmas Red Odontológica y Asistencia Odontoliga Integral (Aoisa).
Ambas empresas debían proveer todas las prótesis que fueran requeridas para atención de los jubilados en cualquier punto del país, además de aportar la atención profesional correspondiente, obligaciones que fueron incumplidas poco después de firmados los contratos.
Alderete, destacaron ayer los camaristas, “no cumplió con las exigencias elementales para materializar este tipo de contrato, obligando al Instituto al pago en favor de un tercero, que obtuvo un lucro indebido por prestaciones de imposible cumplimiento y que con el transcurso del tiempo se fueron evidenciando, lo que resultó en detrimento de los intereses del Instituto y del Estado Nacional”.
Entre “los sustanciosos elementos probatorios incorporados a la causa”, Cavallo y Vigliani citaron, por ejemplo, “la falta absoluta de preocupación por establecer parámetros a la hora de consignar el precio de la modalidad adoptada per cápita”, lo que derivó “en la falta de entrega de prótesis dentarias en algunos meses, por debajo de lo pactado en otros y por la carencia de prestación en distintos puntos del país”, enumeraron.
Estadísticas
Las propias estadísticas de la firma Aoisa corroboraron que “entre noviembre de 1997 y abril de 2000 no se cumplió con la cantidad convenida de prótesis por entregar, arrojando los cálculos una diferencia de 11.332 prótesis de menos, lo que trajo aparejado un detrimento de $ 668.588 para el patrimonio del Estado”.
La Cámara revocó los procesamientos de otros ex funcionarios del PAMI y personas vinculadas a esas empresas odontológicas, a todos los que dictó el procesamiento como “partícipes necesarios” de la eventual administración fraudulenta.
En los casos de Pedro Veyssiere y Juan Carlos Durrieu, el tribunal de alzada marcó “la connivencia existente entre éstos y el presidente del Inssjyp (por Alderete) al concordar los contratos en cuestión, a sabiendas de la imposibilidad de cumplimentar acabadamente con las obligaciones allí impuestas”.
Los ex funcionarios del PAMI Aldo Ferrante y Rafael Kartofel, por su parte, colaboraron para que se produjera esa supuesta administración, al exponer ante el directorio del organismo su “opinión favorable para su contratación, destacando sus beneficios, pero haciendo oídos sordos en relación con las deficiencias que presentaban las empresas”, destacó la Cámara porteña.
También quedó procesado el entonces síndico del PAMI, Carlos Morán, “pues no contaba con los antecedentes en actividades similares” de las empresas postuladas al elaborar sus informes, que, además, “fueron realizados aproximadamente un año después de la celebración de los contratos y cuando ya se había incurrido en distintas irregularidades”, según el escrito judicial.
La facturación
Los contratos otorgados les permitió a las empresas odontológicas facturar unos $ 140 millones entre 1998 y 1999, y obtener “márgenes de ganancias delirantes”, en algunos casos estimados en 45%, según la denuncia que la Oficina Anticorrupción (OA).
La OA denunció que ambas firmas se parecían mucho a “empresas fantasma”. Al firmar el contrato, Aoisa estaba inhabilitada para trabajar con cuentas corrientes por el Banco Central, pero de tener sólo una clínica con 18 odontólogos, en la Capital Federal, pasó a manejar 1.400.000 afiliados.
La otra empresa, Red Odontológica, no tenía CUIT. Y en su cartilla incluyó una serie de consultorios que no funcionaban o que se habían mudado de local; además de citar al menos 60 profesionales que nunca habían dado su consentimiento formal para pertenecer a la red, denunció entonces la OA.
La Cámara también revocó los sobreseimientos que alcanzaban a los ex miembros del directorio del PAMI Domingo Petrecca, Santiago Tomaghelli y Carlos Santander, a quienes decidió imponerles la “falta de mérito”, una situación procesal intermedia entre el sobreseimiento y el procesamiento.
Petrecca siguió pese a la denuncia y el alejamiento de Alderete y representó a la CGT en el directorio del PAMI hasta junio pasado, cuando protagonizó -junto su colega Reynaldo Hermoso- su frustrada pulseada con el gobierno de Néstor Kirchner para resistir su alejamiento del organismo de los jubilados.
En la mira de la justicia
El ex interventor del PAMI Víctor Alderete sumó ayer su octavo procesamiento. Esta vez, la Cámara Federal revocó su sobreseimiento por la presunta contratación irregular de servicios odontológicos millonarios en perjuicio de la obra social de los jubilados. El ex funcionario menemista no quedó detenido porque la Cámara descartó dictarle prisión preventiva.
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