EL EX JEFE DE LA DINA CONFESÓ 580 CRÍMENES Y ACUSÓ A PINOCHET

El general Manuel Contreras, jefe de la temible policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet y actualmente preso, culpó ayer al ex dictador por los crímenes atribuidos a él y a sus agentes, y reveló el paradero de 580 detenidos-desaparecidos, muchos de los cuales fueron arrojados al mar en Chile y la Argentina, en el marco del plan Cóndor de coordinación represiva en el Cono Sur.

La confesión fue inédita (contiene nombres, arma o agencia oficial responsable de la muerte, modo y lugar de la acción) y causó conmoción en Chile, que en estos años fue conociendo de a poco temas largamente censurados u ocultos por la forma condicionada en que se realizó la transición a la democracia.

Según el abogado de Contreras, Juan Carlos Manns, los datos sobre los 580 desaparecidos se entregaron en una notaría de Santiago y también tuvieron acceso la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Justicia. Algunos de los datos ya habían sido analizados en la Mesa de Diálogo en el año 2000, que trató el tema con participación de varios sectores. Pero Lorena Pizarro y Mireya García, presidenta y vice de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile, calificaron la noticia como “sorprendente y realmente impactante, confirma lo que vinimos diciendo por tantos años”.

La información sobre el paradero de 580 desaparecidos chilenos (de las casi 3.000 víctimas, incluido asesinadas con los cuerpos recuperados, que informó en 1991 la Comisión Rettig) “está en manos de quienes violaron los derechos humanos y fueron responsables de los organismos de seguridad que ejercieron la represión”, agregó García.

En efecto, el informe de Contreras es muy detallado sobre las armas que actuaron y cómo ejecutaron a las víctimas, de las cuales 557 del informe lo fueron en Chile, 20 en Argentina (asesinados en las calles de Buenos Aires o Bahía Blanca, o arrojados al Río de la Plata o al Océano Atlántico), 2 en Paraguay y uno en los Estados Unidos (el famoso caso del ex canciller Orlando Letelier).

La confesión de Contreras es inédita por provenir de las máximas instancias del poder genocida que se instaló en Chile tras el golpe contra el gobierno del socialista Salvador Allende en 1973. Y podría derivar en informaciones cruciales sobre el terrorismo de Estado que rigió hasta 1990.

Manns sostuvo que en su testimonio su cliente Contreras, de 76 años, exculpó a sus subalternos y a oficiales enviados por sus superiores a cumplir tareas en organismos represivos. Contreras afirmó que se decidió a hablar al ver que la DINA —disuelta en 1977 y reemplazada por la Central Nacional de Informaciones— era responsabilizada mayoritariamente por los crímenes, lo que “me pareció una desproporción injusta e intolerable”.

El represor sostiene en la carta que acompaña el detalle sobre los desaparecidos que “considera una insolencia y falta de respeto a la intelectualidad de la opinión pública repetir majaderamente el término cúpula de la DINA” como responsable, cuando estaba integrada por un coronel, un capitán y un subteniente que eran “subalternos”.

“Por lo mismo —agrega—, los superiores de la cúpula de la DINA deberían mirarse hacia la Junta Militar de Gobierno”, agregó, en alusión a Pinochet, quien también está juzgado por varios casos de violaciones a los derechos humanos, y los otros comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros.

Los máximos jerarcas de la DINA están presos desde enero último. Entonces, Contreras se atrincheró tres horas en su casa antes de entregarse y ser trasladado a la cárcel Cordillera en Peñalolen, en el este de Santiago. Su causa remite a la desaparición de un dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Angel Sandoval, por la cual le dieron una condena de 12 años.

Además de culpar a Pinochet, de quien dependía en forma personal la DINA, y a los otros miembros de la Junta, Contreras incluyó en los actos de la represión dictatorial a quienes “formaban parte de los diferentes ministerios en los cargos más altos” durante el régimen (1973-1990), lo cual incluyó a numerosos civiles que apoyaron a la dictadura, en general luego ubicados en los partidos de derecha, la UDI y Renovación Nacional, o en directorios de las empresas privatizadas en ese período.

Hubo distintas reacciones a la confesión. “Puede ser un nuevo volador de luces (maniobra de distracción)”, afirmó el abogado de derechos humanos Hugo Gutiérrez. Y un colega suyo, Hiram Villagra, desconfió de algunos datos y del hecho de que se insista en que a Michael Townley, acusado de los asesinatos de Letelier y Carlos Prats” (ex ministro de Allende, asesinado en Argentina en 1974) se lo presente como agente de la CIA estadounidense “cuando se probó que era oficial del Ejército chileno, y con escolta”. Sobre Prats y a Letelier, según Contreras, Pinochet dio orden “personal, exclusiva y directa” de asesinarlos.

Por su parte, la candidata favorita a las presidenciales de diciembre, la socialista Michelle Bachelet, manifestó su esperanza de que las revelaciones “permitan avanzar hacia la verdad y la justicia”. Y en el gobierno de Ricardo Lagos reaccionaron con cautela: “La validez o no (de los antecedentes) la determinan el juez instructor y los tribunales”, dijo el portavoz Francisco Vidal.

Los datos de Contreras son fríos y espeluznantes. Cita los casos de personas sepultadas y luego arrojadas al mar (la práctica de desaparición más usual, con 253 sobre los 580 casos) en Los Molles, Valparaíso o San Antonio, frente a playas muy famosas de Chile, o en el río Maipo, o frente al Río de la Plata y el Océano Atlántico frente a la costa de Buenos Aires, atados a “tambores gasolineros con cemento”. Otros enterrados como “NN” en diferentes cementerios chilenos. En muchos casos indica que las muertes ocurrieron tras detenciones o combates en el marco de “emboscadas terroristas”, si bien cita casos que, en cambio, está comprobado que fueron verdaderas cacerías humanas por parte de la represión chilena.

Dice Contreras: “Desarrollé este trabajo, que tiene calidad de informe sobre determinadas materias de interés nacional, para ponerlo a disposición y conocimiento de todos los poderes del Estado y especialmente para la información pública de mis conciudadanos”. Sin embargo, no hay en el texto, como no lo ha habido hasta ahora de otros jerarcas militares chilenos, ninguna señal de arrepentimiento.