EL EX POLICÍA MARIO MARCOTE, PRESO POR TERCERA VEZ

Acompañando la resolución (que incluyó a otro cinco acusados), el juez federal subrogante Carlos Vera Barros había librado a Gendarmería Nacional una orden de captura (en rigor, la tercera) del sindicado represor, quien poco después quedó alojado en el Destacamento Móvil 2 de esa fuerza.

En los últimos meses, las idas y vueltas en la situación procesal de Marcote dejaron al descubierto las diferencias de criterio que separan al juzgado a cargo de Vera Barros y a la Cámara Federal de Apelaciones.

El ex policía había caído preso por primera vez en septiembre de 2004. Pero en diciembre, y pese a la gravedad de los delitos que sustentaron el procesamiento (28 secuestros, 25 de ellos seguidos de tormentos), la Cámara dispuso su liberación.

Los camaristas Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Edgardo Bello y Hugo del Pozo interpretaron que el mínimo de la escala penal para las imputaciones recibidas determinaba que no correspondía la detención.

El 24 de febrero, tras la feria judicial, Marcote se presentó ante Vera Barros en cumplimiento de una citación a ampliación de indagatoria. Luego de permanecer casi tres horas en el despacho, fue detenido.

Sin embargo, la Cámara lo volvió a excarcelar el 22 de marzo, esta vez objetando la nueva imputación de asociación ilícita agravada y, al mismo tiempo, demorando la batería de procesamientos que se oficializó el martes.

La resolución de Carrillo, Belfer, Bello y Sylvia Aramberri, difundida a escasas horas de conmemorarse una fecha emblemática, los 29 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, fue repudiada por los organismos defensores de los derechos humanos y funcionarios del gobierno provincial.

Incluso, Hijos-Rosario no descartó solicitar el juicio político de algunos miembros del cuerpo que ya tienen un pedido de destitución presentado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su accionar en la causa San Lorenzo.

Agresión
Paralelamente, el director del Museo de la Memoria, Rubén Chababo, denunció que en los últimos días desconocidos arrojaron pintura negra sobre el cartel de señalización urbana que recuerda el funcionamiento de un centro clandestino de detención (El Pozo) en el sótano de la ex Jefatura de policía, en Dorrego y San Lorenzo.

“El cartel, que en muy pocas líneas narraba lo ocurrido en el lugar, había sido colocado hace un año y medio a pedido de los sobrevivientes”, explicó Chababo.

Aunque no se mostró sorprendido por la agresión: “Ocurrió en momentos en los que se siguen abriendo procesos y muchos represores están siendo llevados a la Justicia. Obviamente, tratan de demostrar su fuerza con este tipo de acciones”.