EL FISCAL APELÓ EL PEDIDO DE EXTRADICIONES HECHO POR GARZÓN

Rubira consideró que Garzón no tiene competencia para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina en la última dictadura (1976-83), por lo que en reiteradas oportunidades se opuso a las decisiones del magistrado español.

El juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral, en cambio, accedió a cooperar con su colega de Madrid y, a pedido de Garzón, ordenó el arresto de 44 represores, 40 de los cuales se encuentran tras las rejas. Hay, además, tres prófugos, mientras un coronel del Ejército falleció mientras cumplía prisión domiciliaria.

En las últimas horas Garzón solicitó al Gobierno de Aznar que tramite el juicio para la extradición de 26 de los 44 acusados y la fiscalía apeló hoy esa decisión.

El fiscal Rubira advirtió, además, que si no prospera la apelación interpondrá otro recurso ante la sala en lo Penal de la Audiencia Nacional.

Rubira sostuvo en su dictamen que los delitos imputados a presuntos represores argentinos “no pueden calificarse de genocidio porque la represión se dirigió contra personas de todos los estratos sociales y muy variada ideología”.

Rechazó también la calificación de “terrorismo” utilizada por Garzón, por entender que “los represores representaban al Estado y, por tanto, no pretendían subvertir la paz social o el orden constitucional”.